El ICO lanza un nuevo tramo más para financiar inversiones por 15.000 millones

La irrupción de la covid-19 provocó un primer problema de falta de liquidez en pymes, autónomos y empresas por el confinamiento. Al poco tiempo se añadió otro de solvencia por la incapacidad para devolver los créditos. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) dispuso de hasta 100.000 millones para esas necesidades, pero también añadió otros 40.000 millones en avales para financiar proyectos de inversión, con el objetivo de que las empresas no se paralicen.

De esta línea de inversión se han liberado 11.050 millones. De ellos, 5.000 están destinados a pymes y autónomos. Hasta el 15 mayo, según fuentes del mercado, se han consumido 4.255 millones y han generado financiación por 5.324 millones.

Los bancos han comunicado esta situación al ICO y, para evitar que se terminaran los fondos, se ha decidido liberar otros 15.000 millones en un nuevo tramo. Del montante, 10.000 millones deben ir destinados a proyectos de inversión de pymes y autónomos. Los bancos cuentan con disponer de este dinero en unos días.

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De los 11.050 millones de euros liberados inicialmente se han consumido 5.371, que han permitido hacer llegar financiación por 6.945 millones. Viendo estas cifras se podría pensar que aún queda mucho remanente, pero el problema es que el tirón de las pymes y los autónomos ha hecho que casi se agote su tramo, aunque quede margen para el resto.

96.500 millones en avales del Estado

En total, contando el conjunto de líneas ICO para liquidez e inversión, hasta el 15 de mayo pasado se han consumido avales por 96.512 millones de euros. Incluyendo la parte que ponen los bancos que dan los créditos, se han movilizado casi 127.000 millones en financiación. El 98% de las operaciones (que no del importe) han ido a parar a pymes y autónomos. El Gobierno decidió hace unas semanas que las entidades podrán prolongar por más de dos años las moratorias de los créditos.

La línea ICO de inversión no despertó mucho entusiasmo en un principio entre las entidades. De hecho, en medios financieros se comentó que tendría mucho menos tirón que la de los créditos. Sin embargo, la llegada de la recuperación económica ha hecho que sea más atractiva para las empresas más pequeñas del mercado.

La línea tiene varios tramos. El primero permite acceder a financiación avalada, bien a través de entidades financieras o de financiación canalizada a través del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), a empresas que se encuentren en convenio concursal y al corriente de sus pagos.

Esto permitirá que empresas que se encuentren en fase de ejecución de convenio accedan a avales públicos en condiciones similares al resto, siempre que a 31 de diciembre de 2019 estuviesen al corriente de sus obligaciones conforme al convenio.

“Las entidades financieras deberán conservar abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de junio, mantener los costes de los nuevos préstamos avalados en línea con la financiación recibida antes de la covid-19 y no condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto”, exige la normativa.

También existe un tramo destinado al sector turístico, hostelería y actividades conexas, para nuevas inversiones y las necesidades de liquidez.

La banca tiene 57.700 millones en moratorias

Las entidades financieras mantenían al cierre de abril moratorias sobre créditos hipotecarios y al consumo por un saldo vivo pendiente de amortizar de 57.696 millones, según el Banco de España. Las moratorias permiten pagar solo los intereses dejando al margen el principal de la deuda. Incluye tanto las conocidas como moratorias legales, fijadas de manera obligatoria por el Gobierno, como las sectoriales, impulsadas de forma voluntaria por las entidades financieras. El sector concedió 1,47 millones de moratorias, pero le quedan vivas unos 118.000 créditos. Para los tres tipos de moratoria, la gran mayoría de los beneficiarios —más del 70%— son asalariados.

En las hipotecas de la moratoria legal existe un capital pendiente de amortización de 20.524 millones. En préstamos distintos de las hipotecas, las entidades mantenían un saldo vivo pendiente de pago de 2.905 millones. A estas moratorias hay que sumar las habilitadas de forma voluntaria por la banca, que tenían una deuda pendiente de 34.267 millones de euros. Los aplazamientos decididos de forma voluntaria por los bancos tienen un plazo más amplio que las moratorias legales.