La CNMC abre expediente a cuatro bancos por posibles abusos con los avales del ICO

El supervisor investiga si Sabadell, Santander, CaixaBank y Bankia vincularon seguros y otros productos a los que pidieron créditos avalados

La presidenta de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Cani Fernández.
La presidenta de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Cani Fernández.Europa Press

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra el Banco Sabadell, el Santander, CaixaBank, y Bankia (que ahora está integrada en CaixaBank tras la fusión de ambas entidades), por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales ICO COVID. Estos avales fueron habilitados el año pasado, en lo peor de la pandemia, por el Ministerio de Economía para facilitar el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos. Estos créditos trataban de mitigar el impacto económico y social de la covid-19.

La CNMC investiga la vinculación a distintos productos que estos bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales ICO COVID. El caso más frecuente, entre los denunciados y detectados, ha sido la exigencia de que el cliente que quería un crédito con aval tuviera que contratar un seguro del banco, uno de los productos más rentables para las entidades.

Además, la CNMV analiza la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes. Este mecanismo consiste en la anulación de una deuda previa que la empresa tiene al 100% con el banco, que sea morosa, y que se conceda otro crédito en el que, aprovechando las condiciones de los avales, el 80% del riesgo lo asuma el ICO. Llama la atención que los implicados sean los bancos más grandes del sector, con la excepción del BBVA, después de que el supervisor advirtiera de la irregularidad de esta práctica abusiva en plena pandemia.

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Las conductas analizadas tienen origen en determinada información que la CNMC recibió a través de su buzón de denuncias. A finales de 2020, la CNMC ya señaló que había detectado la existencia de una serie de actuaciones que podrían vulnerar la normativa de competencia.

Competencia cita en la nota la vinculación de productos cruzados a la hora de comercializar los préstamos ICO COVID (entre otros, seguros, servicios de alarma o la compra de televisores), la utilización de dichos créditos como mecanismo para reestructurar productos financieros preexistentes, así como el pago de gastos iniciales por parte de los beneficiarios de los créditos, con carácter previo al desembolso de los fondos correspondientes a los créditos concedidos.

A las pocas horas de conocerse la decisión de la CNMV, todas la entidades afectadas aseguraron que han cumplido la normativa estipulada para estos créditos. Así, el Santander, CaixaBank, Bankia y el Sabadell defienden que han cumplido ”en todo momento” con las condiciones sobre la gestión de créditos con aval público del ICO y que seguirán facilitando a las autoridades de competencia la documentación necesaria para probar que no han llevado a cabo conductas sancionables en este sentido. Así lo indicaron fuentes de estas entidades a Europa Press.

A falta de conocer el expediente, desde el Santander desconocen los hechos concretos que se les pueden imputar, pero aseguran que la actuación del banco ha sido “totalmente respetuosa” con la competencia entre entidades financieras en España en la contratación de líneas de avales ICO covid y que ha atendido todos los requerimientos de la CNMC, en línea con lo manifestado por los demás bancos implicados.

Primeras denuncias en redes sociales

Las primeras denuncias surgieron en redes sociales. Dueños de comercios y autónomos grabaron vídeos contando sus casos sobre las exigencias que recibieron en una u otra oficina bancaria. CaixaBank fue de las más habituales en estos vídeos de denuncia. La entidad afirmó que habían sido casos puntuales y que se habían cortado de forma radical. Lo mismo afirmó con rotundidad la Asociación Española de Banca (AEB) sobre otros casos, aunque más tarde se ha comprobado que no siempre fue así. Las denuncias continuaron produciéndose y tuvo que intervenir el Banco de España para advertir de que serían duros con quienes realizaran estas prácticas.

Desde entonces, abril de 2020, la CNMC realiza investigaciones sobre las denuncias presentadas. Ahora, tras el análisis realizado, el organismo que encabeza Cani Fernández considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes.

“Falseamiento de la libre competencia”

El organismo público considera que las prácticas de estas cuatro entidades “podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO”. Y añade: “Todo ello podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público”.

La Comisión llega a esta conclusión tras una profunda investigación y reunir casos probados de Santander, Sabadell, CaixaBank y Bankia. Los técnicos de la CNMC actúan como en una instrucción de un caso judicial. Ahora se analizarán las pruebas para valorarlas y decidir si se les aplica alguna sanción.

Junto con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), destinados a mantener los puestos de trabajo, los avales del ICO para garantizar liquidez a las empresas fueron la medida estrella con la que el Gobierno hizo frente a la crisis económica provocada por el confinamiento en lo peor de la pandemia. El Gobierno aprobó una línea de 100.000 millones de euros en avales del Estado mediante un decreto ley en marzo de 2020. La línea fue gestionada por el ICO a través de las entidades financieras, que concedieron financiación a empresas y autónomos, garantizando la liquidez y cubriendo las necesidades de circulante de autónomos, pymes y empresas.

Una vez incoado el expediente para investigar posibles abusos, la CNMC abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.

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