El Banco de España vigila que las entidades no coloquen productos propios a los clientes que piden créditos con avales

En las redes sociales han aparecido vídeos de supuestos clientes de bancos a los que se les había exigido contratar seguros de vida o tarjetas si querían acogerse a los créditos o las líneas de liquidez con aval del Estado, algo que no está permitido en el contrato firmado entre el sector y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), gestor de esta línea. Algunas entidades han admitido esta actuación incorrecta, aunque lo atribuyeron a errores de algún empleado que fueron subsanados horas después.

Para que no queden dudas en el sector, el Banco de España ha lanzado este lunes, el primer día de la campaña oficial de colocación de los 20.000 primeros millones avalados, un comunicado recordando al sector que “revisará el cumplimiento dela normativa y las buenas prácticas bancarias en la comercialización de los avales del ICO".

El Banco de España, cuya subgobernadora es Margarita Delgado, considera de vital importancia para la economía de nuestro país en estos momentos que los avales del Estado aprobados por el Gobierno para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la Covid-19 sean comercializados por las entidades financieras en estricto cumplimiento tanto de las condiciones y requisitos fijados en la normativa que los regula como de los criterios de buenas prácticas bancarias”.

El supervisor recuerda que en el marco de sus competencias y en colaboración con el ICO, "el Banco de España requiere a las entidades financieras que la aprobación y difusión en su red de los correspondientes protocolos de comercialización se ajuste a dichas condiciones y que establezcan los sistemas de control interno necesarios para garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos aplicables”.

El Banco de España afirma que verificará los protocolos y procedimientos “y efectuará, en su caso, la revisión de operaciones concretas a fin de comprobar su adecuación a la normativa de aplicación. El Banco de España recuerda que, sin perjuicio de la atención telefónica y el canal de consultas del ICO, las discrepancias sobre la comercialización de los avales pueden plantearse ante el servicio de atención al cliente o defensor del cliente de la entidad comercializadora”. Si el cliente ha acudido a esta vía y considera que el banco no ha actuado correctamente, podrá recurrir “al servicio de atención telefónica del Banco de España (900 54 54 54) atenderá, asimismo, las consultas que reciba”.

No se puede vincular a otros productos

En un inusual movimiento, las entidades asociadas a la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y Unacc emitieron también un comunicado en el que dicen comprometerse “a asegurar una aplicación rigurosa de las condiciones aplicables a las líneas de liquidez con avales públicos. Se ha clarificado que la concesión de un crédito amparado por esta línea de avales no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos".

Resulta llamativo que sea necesario que las patronales tengan que “aclarar” esta normativa que figura varias veces repetida en el contrato que los bancos firman con el ICO y que se ha publicado en diferentes medios desde la semana pasada. Parece que las instrucciones de las cúpulas bancarias no han llegado con nitidez a todas las direcciones regionales y oficinas, algo que tambien explicaría el comunicado tajante del Banco de España advirtiendo de que no pueden salirse de lo acordado.

Además, este lunes, el presidente del Instituto Oficial de Crédito (ICO), José Carlos García de Quevedo Ruiz, ha advertido de que las entidades financieras no pueden exigir a las empresas o a los autónomos la contratación de productos o servicios adicionales a cambio de conceder estas líneas de liquidez. También ha remarcado que estas líneas no pueden servir para refinanciar créditos anteriores al Covid-19.

La banca aplaza 12 meses la amortización de capital

Horas después del primer comunicado de las patronales bancarias, emitieron un segundo en el que decían que las entidades de AEB y la CECA “se unen y ponen en marcha de manera voluntaria" una nueva medida para ayudar a los clientes afectados económicamente por la crisis del coronavirus. Se trata de un aplazamiento de hasta doce meses en la amortización del capital para los que tengan una hipoteca sobre primera vivienda que así lo soliciten.

Asimismo, se difiere el pago del principal en contratos de préstamos personales ligados a consumo para un periodo de hasta seis meses. "Esto supone que los clientes splo pagarán los intereses correspondientes de dichos préstamos, lo que reducirá sensiblemente la cantidad que venían pagando hasta ahora”, indicó el comunicado.

La nueva medida implica que los clientes que lo soliciten únicamente harían frente al pago de los intereses del préstamo, difiriendo el de la amortización del principal. “Esto reduce la cantidad que pagarán al mes en este periodo y les permitirá afrontar la situación con más holgura de liquidez”. ¿Cómo se pagará el dinero aplazado? Según las patronales las posibilidades son abiertas: “El aplazamiento se instrumentaría en función del criterio de la entidad, mediante un préstamo personal” (algo que tendrá costes relevantes), “una modificación del préstamo hipotecario u otra fórmula financieramente equivalente”.

La reacción de las entidades ha llegado después de que la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) denunciara que solo un 10% de los posibles beneficiarios podría acceder a la moratoria hipotecaria aprobada recientemente por el Gobierno, mientras que el resto quedaría excluido durante el proceso de tramitación por no cumplir de manera simultánea los cuatro supuestos que establece la norma.

Según esta asociación de consumidores, algo más del 82% se ve afectado por haber sufrido un ERTE o unas pérdidas del 40% de sus ingresos o facturación, mientras que la mitad de los solicitantes cumplen el requisito de que las cargas hipotecarias y los suministros básicos alcancen el 35% o más de los ingresos de la unidad familiar.

La asociación indica que algo más del 30% de los solicitantes cumplen con el segundo requisito de ingresos familiares con respecto al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y que un 20% aproximado han visto multiplicado por 1,3 el esfuerzo en asumir la carga hipotecaria.

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