Carlos Fernández Carriedo: “Ahora hay una oportunidad para el mundo rural”

Castilla y León es una de las regiones más despobladas de España. Su consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (Monzón de Campos, 58 años), cree en que la pandemia y los fondos europeos han abierto una oportunidad para el mundo rural. Economista con una larga trayectoria política, el dirigente del PP pide una reforma del sistema de financiación autonómico que dé más peso a la dispersión, la superficie y el envejecimiento, y considera que es el momento de bajar de impuestos. “Estimula la actividad y es la base para aumentar la recaudación”, afirma en una entrevista en su despacho en Valladolid.

Pregunta. El Supremo ha dado la razón a Castilla y León sobre el IVA de 2017. ¿Cuándo les devolverá el dinero el Estado?

Respuesta. La sentencia es muy clara. Creo que el resto de comunidades podría exigirlo y ganar igual que nosotros. Escribí una carta a la ministra de Hacienda [María Jesús Montero], ofreciéndome al mecanismo que considerara oportuno para hacer efectivo cuanto antes el pago, o bien una reunión para cuantificar la cifra o que convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera si cree que esta cantidad tiene que llegar a todas las comunidades. No hemos tenido respuesta. El tiempo sigue corriendo, y también los intereses.

P. ¿Ya sacaron la convocatoria de ayudas directas del Gobierno?

R. Hemos sido la segunda comunidad en sacarla, el 19 de mayo. Ya enviamos dos listados de solicitudes a la Agencia Tributaria, que tiene una semana para revisar cada uno, de 2.184 y 1.188 solicitudes. En su momento, también hicimos tres demandas al Gobierno. Un reparto justo de los fondos, porque perjudica a las comunidades que estamos soportando mejor la crisis; ampliar el número de CNAE, que finalmente se dejó a las comunidades. Lo hemos ampliado de 95 a 184. Y que el procedimiento fuera lo más sencillo posible, y no se nos hizo caso.

P. ¿Hay cogobernanza?

R. Damos nuestras ideas. Digamos que se nos oye, pero no se nos escucha. Las comunidades hemos estado en la primera línea de la lucha contra el virus y entendemos que se nos hubiera tenido que escuchar mucho más en la toma de decisiones. No solamente oírnos.

P. ¿Cuándo llegará el dinero a empresas y autónomos?

R. Lo que tarde la Agencia Tributaria. Hemos dejado el plazo abierto hasta el 6 de julio. Nuestro objetivo es garantizar a todos los que están en módulos al menos 3.000 euros, que es el máximo que establece el Gobierno. Queremos que en Castilla y León sea la garantía.

P. ¿El diseño de la ayuda complicará la llegada del dinero?

R. Queríamos un procedimiento más sencillo. Excluir a los autónomos y a las empresas que han podido mantenerse en este año tan difícil gracias a sus ahorros no nos parece justo.

P. ¿Es necesario reformar el sistema de financiación autonómica?

R. Es necesario y urgente. No cubre las necesidades de las comunidades para dar unos servicios públicos cuyo gasto ha crecido en los últimos años, mientras que los ingresos no han crecido ni de lejos al mismo ritmo. En Castilla y León, las entregas a cuenta ni siquiera cubren sanidad, educación y servicios sociales. También se ha demostrado el mayor coste de prestar servicios en el mundo rural, en comunidades dispersas, con mayor envejecimiento. Tiene que contemplarse mejor en el sistema de financiación. El que hay ahora es insuficiente e injusto.

P. ¿De dónde se sacan más recursos?

R. También estamos esperando la oferta del Gobierno. Pero la fuente fundamental tiene que venir del crecimiento económico. Es la base para recaudar más. Por tanto, políticas que creen empleo y crecimiento, que acaban haciendo que las rentas aumenten, las bases imponibles se ensanchen y haya más gente pagando impuestos.

P. ¿Y cómo hay que repartirlos?

R. Tenemos una posición compartida con otras comunidades con problemas demográficos y de despoblación. Un servicio público es más caro cuando se presta a personas de más edad y más dispersas. Tenemos abiertos centros educativos con tres alumnos; una persona de más de 80 años supone siete veces más gasto sanitario que un joven. La ponderación de la dispersión, la superficie o el envejecimiento tienen que ser fortalecidas si queremos garantizar la igualdad intergeneracional y de todo el territorio, que se presten servicios de calidad a todos.

P. Tienen varias deducciones fiscales para el medio rural. ¿Habría que dar competencia a las comunidades sobre impuestos como el IVA?

R. No es algo que hayamos pedido, pero me preocupa que haya comunidades, las forales, que tengan más competencias que las nuestras. Sin que pongamos en duda su régimen fiscal, la Constitución establece que no puede suponer ningún privilegio. Me parece razonable que en los impuestos que pagan las empresas se respete el principio de unidad mercado y el esfuerzo de las comunidades se dirija a lo que pagan las personas. En la medida que haya dos comunidades que tienen capacidades normativas en el impuesto de sociedades, que esto no se traduzca nunca en un privilegio o, lo que es lo mismo, en un perjuicio para el resto.

P. Han bonificado al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Era el momento?

R. Sí, porque nuestro objetivo es favorecer el crecimiento económico. Una bajada de impuestos estimula la actividad y es la base para aumentar la recaudación, mientras que las subidas hacen todo lo contrario: generan inseguridad, indefinición, inestabilidad y retrasan o dificultan la recuperación.

P. ¿Qué impacto tendrá?

R. Supone 35 millones de ahorro fiscal anual para las familias. Y no son 35 millones menos para la administración, porque esas familias van a invertir, gastar. Van a pagar más por otros tributos.

P. ¿Tienen planes para patrimonio?

R. No. La siguiente fase, que ya hemos empezado, es reforzar aún más un tratamiento fiscal favorable para el mundo rural. Es una prioridad. También animamos al Gobierno a que ponga en marcha medidas tributarias específicas ante el desafío de la despoblación.

P. Parece que hay una carrera fiscal a la baja entre comunidades. ¿No es un riesgo?

R. No siempre bajar impuestos supone recaudar menos, como no siempre subirlos supone recaudar más, porque deprime la economía y baja las bases imponibles. La forma de financiar los servicios públicos tiene que ser mediante el crecimiento económico. No puede ser que cuando hay crisis la forma de financiar los servicios públicos sea subir impuestos y agudizar aún más la recesión.

P. El Gobierno no prevé acometer la reforma fiscal hasta que se asiente la recuperación.

R. Pero otros países que han optado por bajar impuestos: Italia, Alemania… Algunas de las subidas que se han planteado aquí son especialmente perjudiciales para comunidades como la nuestra, como la subida fiscal a las bebidas azucaradas. Castilla y León produce el 85% del azúcar y de la remolacha de España. Cuando se habla de subir el impuesto de matriculación y al diésel, es perjudicial para una comunidad líder en el sector del automóvil como Castilla y León. Y se perjudica especialmente al mundo rural, que necesita esa movilidad. Los impuestos no siempre son neutrales desde el punto de vista territorial.

P. ¿Rechaza la armonización?

R. Si el Gobierno nos planteara una política fiscal de reducción de impuestos la estudiaríamos. Mi miedo es que la armonización se utilice como sinónimo de subir impuestos. Somos reacios, porque acaba teniendo un efecto muy negativo en el crecimiento económico.

P. ¿Cuánto aspira a recibir Castilla y León de los fondos europeos?

R. Lo hemos fijado en 5.000 millones. Es un cálculo teórico que representa la participación de Castilla y León en el contexto nacional sobre el total de los fondos que se van a recibir, más de 70.000 millones.

P. ¿Cuáles son los proyectos principales?

R. Hemos enviado al Gobierno 454 proyectos por 6.800 millones. Castilla y León tiene un elevado peso del sector industrial. Exportamos más que importamos, estamos bien ubicados y hay en un clima de paz social. También hacemos hincapié en aspectos de igualdad territorial. Cuando hablamos de digitalización, que garantice la igualdad en todo el territorio; cuando hablamos de economía verde no es solo la almendra central de las grandes ciudades. Con la pandemia hay una oportunidad en el mundo rural para implantar empresas, teletrabajar. Pero pasa necesariamente porque ese mundo tenga acceso a internet de alta capacidad en condiciones de igualdad. Europa tiene la oportunidad con estos fondos de garantizar la igualdad en todo el territorio europeo y de todas las personas, residan donde residan. Que el mundo rural también vea a Europa en cercanía.

P. Estos fondos sirven para salir de la crisis y hacer Europa más igual.

R. Deben servir para salir de la crisis, y para salir más unidos. Una Europa más sólida, más equilibrada, más fortalecida. No solo una Europa de las grandes ciudades, sino de todo el territorio. Estos fondos hablan de digitalización y economía sostenible, pero también de cohesión económica social y territorial y de igualdad.