Las comunidades achacan el retraso en los pagos a un sistema “farragoso y complejo”

Un año después del estallido de la pandemia, las empresas aún no han recibido las ayudas directas del Gobierno. El Ejecutivo anunció el pasado 12 de marzo un paquete de 7.000 millones, pero decidió que fueran las comunidades las encargadas de gestionarlas a través de un diseño que los gobiernos regionales consideran farragoso y complejo. A cierre de mayo, todas han firmado el convenio con Hacienda y la mayoría ha recibido el dinero. Sin embargo, todavía no han concluido los sistemas para entregar los fondos a los beneficiarios.

Varias comunidades consultadas por EL PAÍS confían en poner en marcha ya en junio las convocatorias. Sin embargo, reconocen que los plazos para desbloquear las ayudas son aún una incógnita. La Comunidad de Madrid es la que más avanzada va con los trámites y, en principio, tardará todavía al menos un par de semanas. País Vasco acaba de firmar el convenio y recibirá pronto los recursos. Y cuatro comunidades que han suscrito los acuerdos con Hacienda han pedido aplazar la recepción de los fondos porque están todavía poniendo en marcha el procedimiento. Estas son Baleares, Canarias, Aragón y Navarra. Si todo va bien, lo más probable es que el dinero esté repartiéndose con fluidez en septiembre, año y medio después del inicio de la pandemia.

Los gobiernos regionales aplauden en general la línea de ayudas, pero subrayan que no fueron consultados sobre su diseño. Varias autonomías, de distinto color político, reconocen lo “farragoso” que es el proceso para empezar a transferir el dinero.

El sistema diseñado por el Gobierno prevé que la Agencia Tributaria compruebe ex ante cada petición individualizada por empresa que le remita la comunidad para acceder a las ayudas. La Agencia tendrá que certificar 12 requisitos, entre ellos no haber tenido pérdidas en 2019, que en 2020 sufriesen una caída de la facturación de al menos el 30% respecto a 2019 y que formen parte de un listado de actividades que los gobiernos regionales han ido ampliando sobre el inicial establecido por el Estado. En el decreto inicial solo 95 de las 538 ramas que hay clasificadas podían optar a subvenciones.

También se tiene que certificar que estén al corriente de sus pagos a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Pero quizás la operativa más complicada reside en que las comunidades tendrán que solicitar todas las facturas a las empresas desde marzo de 2020 a mayo de 2021 y, posteriormente, asegurarse de que se han destinado a lo que requería el decreto de ayudas. Eso son millones de comprobaciones, recuerdan desde varias autonomías, que piden facilidades para automatizar los procesos.

A posteriori, se enfrentan a un enorme problema de gestión: el próximo ejercicio habrá que comprobar que las empresas siguen activas, que no han subido sueldos a directivos, que no han repartido dividendos, que no han tenido actividad en paraísos fiscales y, sobre todo, que las transferencias han cumplido con su objetivo al tratarse de ayudas finalistas. Esto es: reducir deuda, pagar a proveedores y cubrir los costes fijos.

Se trata de millones de facturas que tendrán que verificar y, si no lo hacen, se verían obligadas a devolver el dinero, exigiendo el reintegro a la empresa subsidiada. La comprobación no comenzará hasta enero del 2022 y se podrá demandar la devolución hasta el 30 de diciembre de 2022. Esto supone un elevado coste administrativo y se podría incurrir en importantes pérdidas porque las autonomías no consigan recuperar el dinero de los incumplidores.

Quejas de las pymes

La Comunidad de Madrid denunció la semana pasada la complejidad del procedimiento y los retrasos que va a generar. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty (PP), se quejó de que aún no habían recibido información de la Agencia Tributaria. No obstante, fuentes de la consejería madrileña confirman que ahora esta información ya ha llegado y que esperan empezar pronto a conceder las subvenciones a los primeros beneficiarios.

Otras autonomías explican que todavía están estudiando el encaje legal de estos fondos antes de lanzar las convocatorias. Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha ya han publicado los decretos con la ampliación de sectores beneficiarios.

A esta queja explícita de Madrid, que ya había alertado de la complejidad del proceso junto a otras comunidades como Andalucía, se sumó esta semana el malestar de las patronales de pymes y autónomos. “Desgraciadamente los estímulos no llegan a las pymes, y lo denuncio abiertamente. No han recibido ni un solo euro”, declaró Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme.

El Ministerio de Hacienda, tras aprobar el paquete en marzo, se dio 40 días para firmar los convenios con las comunidades y dar tiempo a la Agencia Tributaria de montar un sistema de verificación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el pasado martes la celeridad del Gobierno. “En tiempo récord, ha firmado los convenios con todas las comunidades, a pesar de que la oposición decidió que se tramitaba como proyecto de ley”, dijo.

Lanzó además un ataque indirecto a Madrid. “Cuando ha habido un retraso de un día, alguna comunidad que tardó 10 en firmar el convenio ha querido hacer confrontación política con esta materia”, deslizó. Y añadió: “El Gobierno no va a entrar. Insta a las comunidades a que, cuanto antes, pongan en marcha la línea de ayudas. Les corresponde a ellas en el sistema de cogobernanza del que nos hemos dotado, que además saben que es una aspiración de las comunidades ser ellas las que hicieran llegar este dinero al sector empresarial”.

No obstante, desde una comunidad del PSOE admiten el desgaste político que los retrasos y las posibles exigencias de devoluciones pueden suponer para los Ejecutivos autonómicos. “Aquí todos entienden que toda ayuda es buena, pero está siendo difícil de encajar”, comentan desde otra comunidad.