Las comunidades tendrán que devolver el dinero de las ayudas directas si no lo gastan antes del 31 de diciembre

Tras los problemas sufridos para pagar los ERTE y con las dificultades que existen para desplegar una renta mínima, la Administración se enfrenta a otro reto ingente: cómo pagar con celeridad los 7.000 millones en ayudas directas a empresas y autónomos que aprobó el viernes el Gobierno y que tienen que gestionar las comunidades. Con un obstáculo añadido: deben gastarlo todo este año. Así figura en el real decreto ley publicado este sábado en el BOE. Si los gobiernos autonómicos no son capaces de entregar las ayudas antes, “el saldo no ejecutado ni comprometido a 31 de diciembre de 2021 deberá reintegrarse al Ministerio de Hacienda”, dice el texto legislativo. Las comunidades tendrán que darse prisa pese a las enormes dificultades que tendrán para poner en marcha este sistema de pagos.

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En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del viernes, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestaron que con estas medidas se estaban adelantando a los problemas de sobreendeudamiento empresarial. Y las dos confiaban en que estas ayudas llegarán rápido.

Sin embargo, fuentes consultadas de varias comunidades expresan su preocupación. El dinero se transferirá a las autonomías en un mes y 10 días para dar tiempo a firmar los convenios y que la Agencia Tributaria monte la plataforma con la que certificará las caídas de ingresos usando los datos de IVA. Es decir, el sistema debería empezar a rodar a principios de mayo.

El problema reside en que en los nueve meses que quedan del año las comunidades deben aprobar, primero, los procedimientos y si establecen unas cantidades distintas de ayudas. A continuación, deben orquestar las estructuras y el personal necesario para poner en marcha semejante tarea sin poder contratar por los límites a la reposición de personal. Los potenciales beneficiarios tendrán que hacer la solicitud y presentar la documentación que justifique la ayuda. Y, finalmente, se tendrá que conceder tras comprobarlo con Hacienda. Es decir, el dinero puede llegar a las autonomías en unos 40 días, pero tardará más en llegar a las empresas.

Quejas de las comunidades

Incluso cuando se haya llegado a ese punto, muchas empresas podrían quedar fuera debido a unos criterios muy restrictivos: pueden quedarse sin ayudas por tener una caída menor del 30% de su facturación, por no haber tenido un resultado neto positivo en 2019 o por no estar al corriente de sus pagos con Hacienda y la Seguridad Social. Cuando una empresa está en dificultades con caídas de ventas superiores al 30%, primero se retrasan las facturas a los proveedores, y el siguiente paso es dejar de abonar sus deudas con el Estado. Ahora bien, este último problema podría salvarse quizás con los aplazamientos, explican fuentes de la Administración.

“El Gobierno ha vuelto a dejar una patata caliente a las comunidades. Traspasan una cantidad inmensa de gestión sin ninguna consulta y sin modificar la ley de subvenciones, que incorpora muchas obligaciones. Entre ellas la comprobación del cumplimiento del objeto de la ayuda”, se queja un alto cargo de una autonomía. Y este inmenso reto se mezcla con la gestión de los fondos europeos y con las elecciones en Madrid, que suelen ralentizar cualquier tramitación.

De hecho, la aprobación de las ayudas se ha retrasado por este debate: algunos ministros querían que la Agencia Tributaria tomase las riendas y se ocupase al completo de las ayudas directas. Reclamaban que este organismo se echase la responsabilidad encima, igual que el SEPE o la Seguridad Social se han visto al límite de sus capacidades. Sin embargo, Hacienda ha defendido a capa y espada que no era el momento de saturar a la Agencia Tributaria en plena campaña de renta. Y ese punto de vista se ha impuesto.

Esto significa que probablemente se tengan que conceder las ayudas sin haber realizado las comprobaciones. También se tendrá que certificar que la empresa sigue activa el 30 de junio de 2022 y, en caso contrario, recuperar el dinero. A partir de ahí, las comunidades contarán con muy poco plazo para controlar millones de facturas. Ya en el primer trimestre de 2022 las autonomías tendrán que rendir cuentas remitiendo toda la documentación. Si no se ha conseguido examinar, Hacienda podrá reclamar el dinero.

Más deuda pública

El plan de ayudas se financiará con cargo a deuda pública. Y no deja a un lado la batalla del relato: las comunidades no podrán apropiarse del mérito de los fondos dado que, como recoge el decreto, deberán mencionar “en todas las actuaciones y soportes que utilicen” el origen de los fondos que las financian, esto es, deben señalar que el dinero proviene del Gobierno de España.

95 actividades dependen de estas ayudas directas de entre 3.000 y 200.000 euros, que incluyen un amplio abanico de profesiones y empresas, desde fabricantes de helados, panaderías y taxistas a casas de apuestas, campings o gimnasios.

El decreto delimita el radio de acción: deben aplicarlas para reducir deuda, pagar a proveedores y cubrir costes fijos. Y señala el orden a seguir: primero pagar a los proveedores por orden de antigüedad y luego el nominal de la deuda bancaria si la hubiera, priorizando siempre las deudas que estén avaladas por el Estado.

En los autónomos que no tributen en módulos y las pymes con hasta 10 trabajadores, la ayuda máxima será del 40% de todo aquello que supere el primer 30% de caída de facturación. Para el resto será del 20% de lo que sobrepase el 30% de disminución de ingresos. En todo caso, habrá un mínimo fijo de 4.000 euros. Y para los autónomos en módulos será una cantidad fija de 3.000 euros.

Las compañías que facturen más de 10 millones y operen en varias comunidades podrán reclamar la ayuda en todas ellas, y no solo en la que tengan su sede.