Andalucía acusa al Gobierno central de descoordinación y retrasos en las ayudas directas a negocios

La Junta de Andalucía ha expresado al Gobierno su malestar por la forma en que está gestionando el reparto de los 7.000 millones de euros en ayudas directas aprobados el mes pasado. En una carta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con fecha de este lunes 12 de abril, la Consejería de Hacienda andaluza lanza al Ejecutivo toda una batería de reproches sobre el modo en que ha llevado el proceso, los incumplimientos en los plazos, la falta de comunicación, y los exigentes criterios que han de cumplir autónomos y empresas para percibir el dinero. “El motivo de la presente carta es trasladarle nuestra profunda preocupación por la falta de información y la incertidumbre a la que estamos sometidas las comunidades”, afirma el texto.

Las críticas abarcan prácticamente todo el proceso, desde su origen. Pese a que el Gobierno ha delegado en las comunidades el reparto de los fondos, Andalucía lamenta que se excluyera a estas del diseño del plan, y haya sido una decisión unilateral del Consejo de Ministros la que haga recaer sobre ellas la responsabilidad de desplegar eficazmente el salvavidas público para los sectores más afectados por la pandemia. En la misiva, firmada por el consejero Juan Bravo, del Partido Popular, también advierten de retrasos en su aplicación. Transcurrido un mes desde la publicación del real decreto ley, el plazo límite para la firma de los convenios entre Gobierno y comunidades, afirman desconocer la orden ministerial que debe fijar las cuestiones técnicas, y se quejan de que no se les ha remitido un borrador del convenio.

Pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apunta a la cogobernanza con las comunidades como una de las fórmulas claves de gestión de la pandemia, las ayudas directas, muy demandadas desde sectores que se han visto obligados a echar el cierre por los confinamientos, amenazan con convertirse en un nuevo foco de tensión entre la Administración central y las comunidades, abrumadas por el reto burocrático que supone tramitar, pagar y controlar las transferencias, y obligadas a devolver las subvenciones en caso de que no sean capaces de gastarlas a tiempo, con el consiguiente coste político que supondría tener que explicar a sus ciudadanos que las ayudas no llegan por problemas de tramitación.

En el documento, Bravo señala que Andalucía, junto a otras comunidades a las que no cita, se ha dirigido al Gobierno para trasladarle “las graves deficiencias” que encuentran en la nueva norma, sin que hayan obtenido respuesta alguna. Una de las grandes preocupaciones son los requisitos fijados para que empresas y autónomos puedan acceder a las ayudas directas, bastante restrictivos. Solo podrán recibir subvenciones 95 de las 538 ramas de actividad que hay clasificadas: una quinta parte. Y tienen que haber conseguido un resultado positivo en 2019. En consecuencia, solo 1 de cada 12 empresas serán elegibles para los 7.000 millones en ayudas directas.

El consejero cree que eso puede situar a los empresarios “ante situaciones límite”, y colocará a las comunidades ante decisiones incómodas, como tener que exigir la devolución del importe de la ayuda a empresas y autónomos en problemas cuando se compruebe que incumplen los requisitos. “Los criterios de elegibilidad y justificación creemos que van a dificultar de forma extraordinaria la gestión de estas ayudas, por lo que pedimos encarecidamente que se revisen o, al menos, contemos con el criterio de la Intervención General de la Administración del Estado”, piden.

La Junta, gobernada por PP y Ciudadanos, denuncia que ahora mismo carecen de una panorámica de la situación de las empresas y autónomos de Andalucía debido a que el Gobierno no les ha facilitado los datos necesarios para saber la repercusión de las ayudas, esto es, cuántos beneficiarios habrá, lo que les permitiría estudiar si es necesario complementarlas con otros fondos de la comunidad para llegar allí donde la mano del Gobierno no llegue. El Ejecutivo regional apunta que, al no aportar esa información, el Ejecutivo está obstaculizando la labor de auxilio de las autonomías.

Andalucía acusa a Hacienda: Ha diseñado las ayudas “de espaldas a quienes tenemos la obligación de aplicarla, con graves riesgos para la absorción de esos fondos y gran inseguridad jurídica tanto para las comunidades autónomas como para los beneficiarios de las ayudas”. Y pide, para subsanarlo, la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera o de la Conferencia Sectorial para el Plan de Recuperación.