Javier Celdrán: “El diseño de la línea de ayudas directas del Gobierno es una chapuza”

Javier Celdrán (Ceutí, Murcia, 46 años) dirige desde 2019 la Consejería de Hacienda de Murcia (PP). Considera que su formación como ingeniero industrial y su experiencia en el ámbito de la innovación empresarial complementan su faceta como político. Saca pecho de las rebajas fiscales acometidas por el Gobierno regional, critica al Ejecutivo por el diseño del paquete de ayudas directas a empresas y pide con urgencia una reforma de la financiación autonómica: “Es el mayor ejemplo de insolidaridad, injusticia e inequidad”.

Pregunta. ¿Esperaba que la moción de censura en Murcia causara un terremoto político nacional?

Respuesta. En absoluto. Fue irresponsable e inoportuna, respondió a ambiciones personales argumentadas sobre mentiras, con una estrategia maquiavélica diseñada en la Moncloa. Por eso fracasó estrepitosamente y detonó un conjunto de reacciones que llevaron a unas elecciones [en Madrid] que castigaron duramente ese engaño.

P. ¿Cree que ahora hay más estabilidad?

R. Absolutamente. La prioridad este año es superar la pandemia, blindar los servicios esenciales y activar la recuperación.

P. ¿Van a aprobar por fin los presupuestos?

R. Confío en que sí. Ya hemos pasado el debate a la totalidad. Es un presupuesto que sustenta la política que antes de la pandemia nos llevó a ser una de las comunidades que más crecía de España. Se refuerza el blindaje de los servicios esenciales. También incrementamos los fondos para la recuperación, con planes de ayuda que no son como el del Gobierno: todas las comunidades nos quejamos de la chapuza de diseño de la línea subvenciones condicionadas. La tercera pata es afianzar nuestra política de moderación fiscal, con una bajada de impuestos para quien más lo necesita.

P. ¿Las ayudas directas del Estado llegan tarde?

R. Se tenían que haber dado enero, y se podría haber hecho si el Estado hubiese definido un modelo diferente. Decidió unilateralmente que sean subvenciones condicionadas. Ninguna comunidad pidió gestionarlas. Es un regalo envenenado que puede crear muchos problemas a las empresas. No nos han dejado negociar, no hemos podido mover ni una coma de los convenios. No sabemos a cuántas empresas tenemos que dar la ayuda, esa información solo la tiene la Agencia Tributaria.

P. ¿Cuándo cree que podrán llegar a las empresas?

R. Vamos a correr todo lo que podamos. Además de ejecutarlas como mejor podamos dentro de esa chapuza que se ha diseñado, vamos a poner en marcha otras líneas adicionales. La intención es que la convocatoria salga en junio, pero no va a depender de las comunidades, sino del flujo de información de la Agencia Tributaria.

P. ¿Es urgente reformar el sistema de financiación?

R. No es que sea urgente: es el mayor ejemplo de insolidaridad, injusticia e inequidad. Somos los peores tratados de España, ya superamos a la Comunidad Valenciana. La propia ministra María Jesús Montero exigía una reforma cuando era consejera en Andalucía. También se debe compensar el problema que nos ha generado a comunidades como la valenciana y Murcia: una acumulación de deuda por un déficit estructural. Los fondos que nos llegan del Estado ni siquiera dan para cubrir sanidad, educación y política social. La ministra no quiere oír hablar de un fondo de nivelación y seguimos sin que se anuncie una modificación del sistema de financiación. Además, en los repartos de fondos durante el último año y medio somos siempre últimos o entre los últimos.

P. ¿En qué falla el sistema?

R. Cuando se hizo la foto inicial de la financiación de las comunidades fue absolutamente injusto. El dinero del sistema de financiación es para los servicios públicos, que son del Estado y que transfiere a las comunidades. Junto con las competencias les tiene que transferir el dinero. La diferencia entre el peor financiado que es Murcia y el mejor financiado que es Cantabria es de más de 900 euros por habitante para los mismos servicios. ¿Un murciano gasta menos en un hospital de un cántabro? Habría que llegar a un acuerdo sobre el coste de los servicios que garantizan un nivel de calidad mínimo y establecer un pago homogéneo en toda España por ellos.

P. ¿Qué hacer con la deuda acumulada por la infrafinanciación?

R. No le corresponde a los murcianos, la ha generado un sistema injusto, insolidario e inequitativo. Tendrán que encontrar la solución para que no esté apuntada en nuestra contabilidad. No sé cuál es la fórmula; si pasa al Estado, si es una condonación.

P. En esta situación, ¿pueden permitirse bajar impuestos?

R. Los bajamos porque el impacto económico sobre nuestro crecimiento es positivo. Ya lo demostramos antes de la pandemia. En 2019 éramos, junto a Madrid, la comunidad que más crecía. En sucesiones y donaciones recaudamos igual, menos del 1% de las bonificaciones en este impuesto es por importes superiores a los 500.000. La gran mayoría son clases medias y bajas. Gracias a eso se genera economía y empleo, hemos atraído inversiones. Es una manera para que, con ese dinero que dejamos en el bolsillo a los ciudadanos, haya más consumo, con ese consumo haya más empleo no tengamos que dar tantas subvenciones. No hablamos de eliminar todos los impuestos, sino de moderación fiscal. Entiendo que haya otros modelos donde por un lado dan subvenciones y por otro pegan un hachazo fiscal.

P. ¿Cómo ve la armonización fiscal que plantea el Gobierno?

R. Es una imposición. Se nos está negando el diálogo. No puede ser que hablemos de armonización a la carta del Gobierno de España, porque ERC ha dicho que Madrid le hace dumping fiscal. A mí me parece desde luego que el mayor dumping que hay es el que está implantando el sistema de financiación. Que se arregle eso.

P. Los expertos del exministro Cristóbal Montoro (PP) también propusieron armonizar sucesiones y donaciones.

R. La autonomía fiscal de las comunidades es muy restringida: podemos decidir sobre muy pocos impuestos y sobre una parte muy pequeña de los importes. Llega ahora un Gobierno que ideológicamente piensa que hay que subir todos los impuestos, atacando esa autonomía, y que tenemos que armonizar, que es el palabro que se ha inventado el ministerio para hablar de subir impuestos a todo el mundo. Gracias a que en Murcia aplicamos bajadas de impuestos logramos compensar la desventaja competitiva con otros territorios, nos hacemos un poco más atractivos.

P. ¿Planean eliminar el impuesto sobre patrimonio?

R. Nos parece injusto. No solamente a nosotros, en pocos países europeos se aplica. Nuestra intención es, si pudiéramos, quitarlo. Pero no somos unos insumisos fiscales que queremos generar deuda y déficit. Lo que pasa es que estamos absolutamente infrafinanciados.

P. El año que viene llegarán las primeras liquidaciones negativas.

R. Estamos muy preocupados. Pero las más graves son las que afectarán a 2023. Se han pintado los Presupuestos Generales del Estado con un incremento previsto de la economía en España del casi el 10%. Entendemos que habrá que hacer como en la anterior crisis, una amortización a 15 años, porque las comunidades todavía estaremos en una situación muy complicada. Estamos dispuestos a sentarnos con la ministra y dialogar para encontrar una fórmula conjunta.

P. Hacienda ha preguntado a las comunidades si quieren repartir el fondo de 13.400 millones por PIB o población.

R. Es la primera vez que nos dicen que elijamos entre dos cosas. Pero no es eso, contestar en un correo electrónico si quiero lenteja o habichuelas. A lo mejor quiero decir que hay que ponerle más ingredientes al plato. ¿Por qué no nos reúne? Me parece de un insulto al diálogo brutal. Que nos convoque a un Consejo de Política Fiscal y Financiera. El último fue hace siete meses.

P. ¿Qué apuestas tiene Murcia para los fondos europeos?

R. Recibimos en torno a 900 proyectos de empresas y ayuntamientos, y dentro del propio Gobierno diseñamos 148 iniciativas. Pero son esbozos a los que les falta definición, porque no tenemos la letra pequeña de las condiciones para optar a los fondos europeos. Está siendo también desastrosa y caótica la gestión del Gobierno del plan de recuperación. Nuestros proyectos más relevantes tienen que ver con la digitalización de la administración y apostamos por convertir a Murcia en un polo de energía sostenible de Europa. Otro pilar es la agroalimentación, avanzar hacia un modelo mucho más ecológico, sostenible y avanzado.

P. ¿Han reclamado el IVA de 2017?

R. Hemos hecho de nuevo un requerimiento al ministerio, una vez que salió la sentencia de Castilla y León y después de Galicia. Confío en que el Ministerio de manera inmediata comunique a todas las comunidades que nos va a devolver esa cantidad.