Sánchez defiende la armonización fiscal: asegura que también la quieren dirigentes del PP

El pacto de ERC con el Gobierno para apoyar los presupuestos, que prácticamente asegura la legislatura al Ejecutivo de Pedro Sánchez, no venía gratis, como se encargó de recordar Gabriel Rufián, el portavoz del partido catalán en el Congreso. Además de incluir inversiones directas y transferencias de capital por unos 2.300 millones de euros, incluye el compromiso de una reforma fiscal para armonizar los tributos autonómicos —sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de patrimonio— para que las comunidades no puedan subirlos ni bajarlos más allá de un límite, lo que obligará a Madrid a elevar sus impuestos. Rufián metió el dedo en esa herida —“Queremos acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid”—, a sabiendas de que desataría la respuesta furibunda de la presidenta madrileña —”Seré la peor pesadilla de quien toque el bolsillo al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta y la corruptela al independentismo”, ha espetado este miércoles— y de que agitaba un avispero con muchos interesados y muchos cargados de palabras gruesas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado desde Italia a la presidenta madrileña, defendiendo la necesidad de trabajar por la “armonización fiscal” para acabar con el “problema” de la desigualdad entre territorios y recordando a Ayuso que hasta dentro del PP están de acuerdo con esto, aunque por el momento ninguno lo ha hecho, al menos en las últimas horas. “Hay declaraciones de presidentes autonómicos del PP que son conscientes de que tenemos problemas en nuestro sistema fiscal. Si hablan con dirigentes del PP les dirán que hay que resolver el problema de armonización fiscal”, ha recalcado. Tras defender que la reforma no tiene motivaciones ideológicas, ha señalado que “esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan”, ha afirmado.

También ha salido a la palestra el presidente castellano manchego, Emiliano García-Page. Especialmente crítico con el Gobierno central en algunas ocasiones, esta vez se alinea con la propuesta de armonización fiscal, que llevaba tiempo en el cajón del Gobierno, pese a que Rufián lo anunciase como conquista de Esquerra. Para Page, es necesaria una armonización fiscal que “corrija los desmanes, los aprovechamientos y las trampas fiscales” y que la norma que plantea el Gobierno no va contra nadie, sino que tiene por objetivo que “no haya guerras fiscales” entre las comunidades. “El estado autonómico no se ha inventado para que las autonomías nos hagamos trampas fiscales entre unos y otros, a ver quién pesca más contribuyentes. No puede haber un Liechtenstein en medio del país”, ha dicho, en clara referencia a Madrid. Entiende que “la fiscalidad tiene que ser una parte esencial del concepto de nación y de patria”, si bien ha criticado que el Gobierno saque los presupuestos con el apoyo de la “gente que ha hecho de la desigualdad y el privilegio territorial su leitmotiv”.

En un mensaje de Twitter, ha terciado en la polémica el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. “Tratar de impedir que las CC AA bajemos impuestos es la penúltima exigencia de ERC... y el Gobierno de España ha aceptado. Lo consideramos un ataque a la autonomía y al modelo de Andalucía que funciona: bajando los impuestos suben los ingresos”, ha escrito el presidente andaluz.

Por su parte, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha preferido no entrar al meollo del asunto ―si Madrid hace o no competencia desleal al resto de comunidades―, pero sí ha criticado las palabras de Rufián, que a su juicio entran “dentro del terreno de la provocación”.

Por supuesto, el vicepresidente en funciones del Gobierno catalán y coordinador de ERC, Pere Aragonés, se ha alineado con Rufián apostando por poner fin a la “competencia desleal” y los “privilegios” de Madrid en materia fiscal, que ha denominado “dumping fiscal” y “modelo nacionalista español y neoliberal”. “Hay territorios que hacen una competencia desleal desde el punto de vista fiscal, beneficiándose de la localización en la capital del Estado de la mayor parte del funcionariado del Estado y de las grandes empresas del Ibex-35”, ha afirmado, por lo que asegura que trabajará para “romper esa dinámica diabólica” que supone una “situación absolutamente discriminatoria” que “no solo la sufre Cataluña”.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha hablado de “humillación” al Gobierno por parte de los independentistas y ha lamentado que el Gobierno acepte que ERC le diga a Madrid “lo que tiene que hacer con los impuestos” a cambio de su apoyo a los Presupuestos. El nacionalismo dice “que nadie nos diga lo que tenemos que hacer en Cataluña, pero desde Cataluña decimos a Madrid lo que tienen que hacer con los impuestos”, ha ironizado, aunque confía en que “cada vez hay más gente en España abriendo los ojos”.

Pese a que ERC saca pecho de la armonización fiscal, el PP se ha centrado en el argumento de que la reforma fiscal no es obra del grupo independentista, sino del PSOE. El consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, entiende que el PSOE es el partido que quiere “freír a impuestos a los madrileños”, pues así lleva anunciándolo dos años. Frente a las acusaciones de dumping fiscal, Lasquetty rechaza ese argumento y añade que “tiene las mismas reglas que las demás comunidades autónomas, con la diferencia de que Madrid lleva 16 años bajando todos los impuestos y sin subir ninguno”. Critica además que los socialistas hablan del “impuesto al patrimonio pero contra el que de verdad van es contra el impuesto de sucesiones”, y ha puesto un ejemplo: si un madrileño hereda de sus padres un piso de 160.000 euros, paga de impuesto de sucesión 22 euros, mientras que en Cataluña, Asturias o Valencia pagaría 2.200 euros, “cien veces más”. Para Lasquetty, las intenciones del Gobierno suponen una “agresión fiscal” a los madrileños.

Por parte del Gobierno, ha sido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la que ha defendido la armonización para evitar una desigualdad fiscal “que plantee deslealtad entre los territorios”. “Hace ya mucho tiempo que la ministra de Hacienda [María Jesús Montero], habló de situaciones de simetría que no significaban ni lealtad al Estado ni igualdad”, ha dicho y ha defendido la autonomía política de los territorios, pero también la igualdad de oportunidades.

También desde dentro del Gobierno madrileño, su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha rechazado los argumentos de ERC y ha instado al grupo catalán y al PSOE a “copiar” la política fiscal madrileña y eliminar los “sablazos fiscales” que “asfixian” a los ciudadanos de Cataluña. Ha rechazado las acusaciones de dumping fiscal explicando que de los más de 80.000 millones que recauda al año la comunidad de Madrid, más de 60.000 van al resto del país. “Somos la comunidad más solidaria y lo hacemos de buen grado”, ha dicho, por lo que entiende que la “obsesión de ERC con la fiscalidad de Madrid es “más ideológica que de otra índole”. “El enemigo de Cataluña no está en Madrid, lo tienen en casa y es el separatismo”, ha zanjado.