Hacienda recomienda a las comunidades un déficit del 2,2% del PIB para 2021

Este lunes se ha celebrado el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) desde el estallido de la pandemia ―y el primero de forma telemática―, el cónclave entre los consejeros autonómicos de Finanzas y el Ministerio de Hacienda para debatir los objetivos de financiación regional. El departamento dirigido por María Jesús Montero ha hecho llegar a las comunidades los objetivos de déficit para 2021 que ha fijado en el 2,2% del PIB. Hacienda se ha comprometido a que la mitad de este desfase, el 1,1%, lo pueda asumir la Administración central a través de una transferencia extraordinaria de 13.486 millones, cuyo reparto todavía no se ha decidido y que tendrá que debatirse en el Congreso.

En realidad, esta senda, un paso previo imprescindible para elaborar las cuentas públicas, implica ahora solo unos niveles de referencia, ya que el Gobierno anunció la semana pasada que las reglas fiscales quedan sin efectos para 2020 y 2021, en línea con la decisión de la UE de congelar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a causa de la emergencia sanitaria.

La decisión vale también para las autonomías. El objetivo es que todas las Administraciones Públicas puedan elevar su gasto ante una crisis sin precedentes y el balón de oxígeno que brindarán los fondos europeos. Montero pidió la semana pasada “responsabilidad” fiscal. “Quiero dejar claro que esta suspensión no significa en ningún caso suspensión de la responsabilidad fiscal de los gobiernos locales o del propio Gobierno de España", ha insistido este lunes.

El anterior encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera se había celebrado a inicios del pasado febrero, pero los objetivos presupuestarios establecidos entonces se quedaron en papel mojado por la decisión del Gobierno de no presentar Presupuestos para este año debido al estallido de la pandemia. En ese encuentro, Hacienda había relajado los objetivos presupuestarios de las comunidades fijando un déficit del 0,2% del PIB para 2020 (unos 2.500 millones), del 0,1% en 2021 y retrasando el equilibrio a 2022 a cambio de no devolver los 2.500 millones del IVA pendiente de 2017. Ahora, tan solo ocho meses después, el escenario es radicalmente distinto.

La suspensión de las reglas fiscales para este año y el que viene no solo permitirá gastar más para hacer frente a la crisis, sino que no hará falta tramitar la senda de déficit y deuda del conjunto de las Administraciones Públicas en el Congreso, una votación delicada debido a la fragmentación política que alargaría aún más la elaboración de unos Presupuestos que aun así llegarán ya entrado 2021, obligando a prorrogar los del PP de 2018, que siguen actualmente en vigor. Para este año, el Gobierno había previsto un déficit del 1,8% para el conjunto de las Administraciones Públicas, un pronóstico que se ha quedado totalmente desfasado por la llegada de la crisis. Ahora, las previsiones que manejan los principales organismos, a la espera de que el Gobierno publique el nuevo cuadro macro —el Plan de Estabilidad que el Gobierno mandó a Bruselas en mayo avisaba de un desfase del 10,3%―, lo sitúan por encima de los dos dígitos.

Financiación

La ministra de Hacienda ha comunicado que los importes de las entregas a cuenta para 2021 se mantendrán en niveles parecidos a los de este año: 105.589 millones, una rebaja del 0,26% respecto a las de 2020 que se calcularon ―y asignaron― con una previsión de crecimiento del PIB del 1,6%, previa al estallido de la pandemia. Tras los ajustes ―añadir la liquidación positiva de 2019 y descontar los ajustes por aplazamientos de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009―, la financiación total se sitúa en 113.728 millones, 1.933 menos que el año anterior y que se compensarán, ha insistido la ministra, con una mayor margen de déficit.

Montero ha explicado que la tasa de referencia del 2,2% para 2021 se ha calculado sobre el déficit de las comunidades previsto para este año tras estallar la emergencia sanitaria (un 0,6% frente al objetivo marcado a inicio de año del 0,2%), el fondo de 16.000 millones que el Gobierno ha asignado a las comunidades por la crisis de la covid-19 y el menor importe procedente de la financiación. Además, el fondo de 13.486 millones que Hacienda ha planteado, que todavía no se sabe si se repartirá con criterios covid-19 o según las reglas de financiación autonómica, y que irá vinculado a los Presupuestos.

La Comunidad de Murcia, gobernada por PP y Ciudadanos con apoyo externo de Vox, ha lamentado que todavía no se conocen los detalles de reparto. “No han entregado ninguna documentación sobre este extremo”, ha dicho tras la reunión el consejero de Presidencia y Hacienda de la región, Javier Celdrán. Una crítica parecida a la movida por otras comunidades de la oposición, como Castilla y León ―“inicialmente es difícil hacer una valoración sin saber los números que corresponden” a cada comunidad, ha dicho el Carlos Javier Fernández― o Madrid. Javier Fernández-Lasquetty ha agregado que un nivel de referencia del déficit del 2,2% “abre una senda de desequilibrios en las cuentas públicas que puede tener unas consecuencias muy graves”.

La reunión se celebró sin embargo sin tensiones y con normalidad, según fuentes presentes en la cita, a pesar de que se prolongó más de tres horas, informa Elsa García de Blas. No estuvo presente la tensión política que sí ha dominado las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, la última la semana pasada, aunque de nuevo Madrid volvió a ser la comunidad más crítica con el Gobierno, desmarcándose del resto. Cataluña, normalmente una de las comunidades más críticas en estas citas, estuvo en cambio de acuerdo con el Ejecutivo en la suspensión de las reglas fiscales, si bien planteó algunas reclamaciones. El Gobierno catalán considera “insuficiente” un nivel de déficit de referencia del 0,2% para 2020 y reclama que sea del 1%. También plantea que para 2021 se garantice, como mínimo, el mismo nivel de gasto e inversión pública. “No es la hora de la austeridad ni de los ajustes presupuestarios”, expresó la secretaria de Economía, Natàlia Mas Guix.

Las comunidades socialistas destacaron la labor del Ministerio de Hacienda para permitir a las comunidades “mantener el mismo nivel de gasto en el próximo ejercicio de 2021” con la suspensión de las reglas fiscales. Baleares, Extremadura, La Rioja o Castilla-La Mancha pusieron en valor que la suspensión de las reglas permitirá a sus comunidades mantener el nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales pese al impacto de la pandemia y elaborar sus Presupuestos.

Montero también ha abordado con los consejeros regionales el reparto de las ayudas europeas, en concreto del fondo REACT-EU, que cuenta con 12.436 millones para, entre otras cosas, financiar educación y sanidad, competencia de las regiones. Montero ha señalado que 10.000 millones se irán a las autonomías y 2.436 millones al Ministerio de Sanidad, que posteriormente se repartirá entre las comunidades autónomas para la adquisición de vacunas y para reforzar la atención primaria.

Este martes, previsiblemente, se presentará en el Consejo de Ministros el techo de gasto, que experimentará un aumento nunca visto antes. El Gobierno confía en recibir la friolera de 140.000 millones de euros procedentes del fondo europeo de reconstrucción en los próximos años, de los cuales se prevé que unos 20.000 ya estarán sobre la mesa en 2021. El techo de gasto del Estado fijado antes del inicio de la pandemia era de 127.609 millones de euros para 2020, un 3,8% más que en 2019.