Hacienda consulta a las autonomías sobre el reparto de la transferencia extraordinaria de 13.486 millones

El Ministerio de Hacienda ha preguntado a los Gobiernos regionales qué criterios prefieren emplear para repartir la transferencia extraordinaria de 13.486 millones que se comprometió a inyectarles este año. El departamento dirigido por María Jesús Montero, sin embargo, solo ha ofrecido dos opciones: el peso relativo del PIB o la participación relativa de cada comunidad en la población ajustada, una variable que tiene en cuenta, entre otras cosas, las características demográficas o la superficie territorial. “Somos conscientes de que algunas comunidades podrían creer más adecuados criterios alternativos a los indicados; no obstante, hemos considerado que la elección se centre en los dos enunciados”, señala la carta enviada por el ministerio a las consejerías regionales de Hacienda, que pide una respuesta antes del 25 de mayo.

Montero había anunciado esta transferencia el pasado octubre durante el Consejo de Política Fiscal y Financiara, la reunión entre el ministerio y los responsables regionales de Hacienda para debatir temas de financiación autonómica y en la que se comunican los objetivos presupuestarios de las comunidades para el ejercicio. La ministra explicó que en 2021, al seguir suspendidas las reglas fiscales para todas las Administraciones públicas, las autonomías tendrían una tasa de referencia del déficit del 2,2% del PIB, no obligatoria, y que el Estado se haría cargo de la mitad de este desfase a través de una transferencia extraordinaria de 13.486 millones.

Hasta el momento, las consejerías de Hacienda no habían tenido noticias sobre los criterios de reparto, que tienen que aprobarse por decreto. La carta del ministerio subraya que la intención de Hacienda es que las reglas sobre las que se rija la asignación de esta transferencia cuenten con el “mayor consenso posible, aun siendo conscientes de la dificultad que entraña dar con una fórmula de reparto que responda de manera unánime a las posturas de los receptores del fondo”. Algo que ya quedó patente con la distribución de otras transferencias que se pusieron en marcha para evitar tensiones de tesorería y apoyar el tejido productivo ante la crisis causada por la pandemia. Y que creó encontronazos con el ministerio.

Varias comunidades ya se habían quejado el año pasado del reparto del fondo covid de 16.000 millones, que se destinó principalmente a apuntalar el gasto sanitario. Autonomías muy castigadas por la pandemia lamentaron que la asignación que les correspondía era insuficiente; otras pidieron que el criterio poblacional tuviera más peso. A inicios de año hubo otro rifirrafe protagonizado por los Gobiernos regionales del PP a cuentas del fondo europeo React EU, dotado con 10.000 millones a repartir en función de las mismas reglas que Bruselas estableció para asignarlo a los Estados: caída de la actividad, aumento del desempleo y tasa de paro juvenil, con diferentes ponderaciones.

También hubo polémica por el funcionamiento de la conferencia sectorial de Hacienda sobre la gestión de los fondos europeos, que se celebró por primera vez el pasado enero. El ministerio acabó revisando el reglamento sobre las normas de gestión de este órgano ante la presión de varios consejeros de distintos colores políticos que pidieron tener mayor cogobernanza.

El último foco de tensión ha sido el paquete de 7.000 millones de ayudas directas a empresas. Además de las quejas de las comunidades del PP por el reparto, ha habido un malestar generalizado debido a que Hacienda decidió encomendar su gestión a las autonomías sin consultarlas previamente. El decreto que libera este dinero prevé realizar una serie de controles para seleccionar a los beneficiarios y cerciorarse de que el dinero se use para los objetivos marcados en la norma en tiempos cortos —el 31 de diciembre—, algo que, según han adelantado varios Gobiernos regionales, creará problemas de gestión.