Las autonomías del PP piden una reunión urgente a Hacienda para modificar el decreto de ayudas directas a empresas
Los consejeros regionales denuncian que el Gobierno les haya encomendado la gestión de buena parte del nuevo plan sin consensuarlo previamente con los Ejecutivos regionales
Nuevo choque entre las comunidades del PP y el Gobierno. En una declaración conjunta, los consejeros de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia, Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta han acusado al Ejecutivo central de endosar a las autonomías la gestión del nuevo paquete de ayudas directas a empresas sin consensuarlo previamente. Por ello, han pedido convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera ―el cónclave en el que ministerio y comunidades debaten los asuntos de financiación autonómica― en el que “abordar conjuntamente y con la máxima urgencia” una modificación del decreto ley de ayudas directas y analizar cómo luchar contra los efectos de la crisis en el tejido productivo.
Los seis consejeros lamentan que el Gobierno haya decidido cederles la gestión de este nuevo paquete de ayudas, que asciende a 7.000 millones de euros y va dirigido a los sectores más afectados, sin haberlo previamente debatido con los Gobiernos regionales. “Conocimos por la prensa y el BOE que se había decidido encomendarnos la gestión de buena parte del fondo de ayudas directas a empresas, sin consensuar previamente con nosotros antes de asignarnos esa responsabilidad, y sin darnos la opción de decidir conjuntamente los criterios de reparto”, reza la declaración a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Unos criterios impuestos sin diálogo, que benefician a los de siempre, y que entendemos resultan poco razonables, puesto que se aplican sin tener en cuenta el número y las circunstancias de las empresas a apoyar en cada territorio”.
El decreto de ayudas directas a empresas publicado hace poco más de una semana en el BOE establece que serán las comunidades autónomas las encargadas de realizar los trámites, el control y la supervisión de las transferencias a autónomos y pymes de los sectores más afectados por la pandemia. El dinero que no logren ejecutar o comprometer para el 31 de diciembre de 2021 se tendrá que devolver al Ministerio de Hacienda, pero los Gobiernos regionales aún no tienen los detalles sobre cómo gestionar las ayudas, ya que el Gobierno se ha dado 40 días para firmar los convenios entre Hacienda y los Ejecutivos autonómicos para establecer cómo articular la colaboración entre administraciones.
“Este es un nuevo episodio de la deslealtad institucional de un Gobierno que nos deja a un lado en las decisiones más trascendentes, demostrando que su concepto de cogobernanza es un diálogo de sordos, en el que se adoptan las decisiones por parte del Estado de forma unilateral, imponiéndonos la obligación de gestionar ayudas que entrañan una gran complejidad y deja muchas incógnitas sobre la mesa y actividades productivas sin atender”, agrega el comunicado firmado por los seis consejeros.
Fondos europeos
Las autonomías gobernadas por el PP ya habían utilizado la misma herramienta, una declaración conjunta, para manifestar su disconformidad con la distribución del fondo europeo React-EU entre comunidades, dotado con 10.000 millones de euros. Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y Ceuta firmaron en enero un comunicado conjunto denunciando que los criterios de reparto de esta ayuda no habían sido transparentes y se habían adoptado de forma unilateral, y llevaron el asunto a la conferencia sectorial de Hacienda sobre la gestión de los fondos europeos.
“En estos últimos meses hemos tenido ocasión de denunciar la falta de transparencia y diálogo en la gestión de los fondos de Recuperación, y seguimos sin tener noticias claras sobre la ejecución del Next Generation”, se lee en la declaración conjunta fechada este martes. “Mediado ya el mes de marzo, tampoco sabemos nada del fondo covid-2021. Y ahora asistimos perplejos a esta última decisión desleal y sin consenso, al imponernos a las Comunidades Autónomas la gestión del fondo de ayudas directas a las empresas en unas condiciones impuestas y que no nos han sido siquiera explicadas”.
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