El Gobierno mete presión para que las autonomías den ayudas directas

El debate sobre las ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis sigue abierto. El nuevo paquete de 11.000 millones anunciado por el Gobierno no ha despejado las dudas: por ahora todo apunta a un plan para reforzar la solvencia de las pymes, pero no a transferencias directas que compensen la caída de ingresos. El Ejecutivo insiste en que sean las comunidades las que asuman este esfuerzo, utilizando las transferencias que les ha dado Hacienda y su asignación de los fondos europeos. Las patronales de turismo, hostelería y comercio avisan: solo con el músculo financiero de las autonomías será insuficiente.

El golpe causado por la pandemia ha sido durísimo y levantar la cabeza está siendo más difícil de lo esperado. El Gobierno logró evitar una destrucción masiva de empleo y empresas el año pasado —con medidas como los ERTE y los créditos ICO—, pero la duración de la crisis, más larga de lo previsto, mete presión para diseñar nuevos apoyos. Las autonomías más dependientes del turismo han sido las más golpeadas, y los sectores más afectados por las restricciones, asfixiados ante la lentitud de la recuperación, piden a gritos ayudas directas para salir adelante.

“Vamos por el tercer plan de apoyo al turismo y hasta ahora todos han sido insuficientes. Si los 11.000 millones anunciados no tienen en su mayoría ayudas directas para facilitar tesorería inmediata, será muy difícil evitar que muchas de las empresas caigan”, advierte José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur. Este organismo cifra en algo más de 5.300 millones la cantidad que el sector precisa para los próximos seis meses. Hostelería y comercio también han hecho sus cuentas y solicitan 12.500 millones en transferencias para aguantar.

De momento, las peticiones han caído en saco roto. El Gobierno ha asegurado que en marzo dará los detalles del paquete de 11.000 millones para estos sectores anunciado la semana pasada por el presidente Pedro Sánchez. Pero todo apunta a un plan para aliviar la deuda de las pymes y reforzar capital, más que a ayudas directas. Esta es la respuesta del Ejecutivo a la presión —externa y en el seno del Gobierno de coalición— para que se abra el grifo. Especialmente después de que el BCE le sacase los colores a España al señalarlo como el país que más arrastró los pies a la hora de sacar la chequera para auxiliar a su tejido productivo en 2020.

Petición reiterada

En este sentido, Economía y Hacienda han vuelto a emplazar a los Gobiernos regionales a dar ayudas directas, tras apuntalar sus finanzas en 2020 y 2021. El año pasado, las comunidades recibieron de la financiación autonómica recursos como si no hubiera crisis, además de transferencias extraordinarias para hacer frente al alza del gasto debido a la pandemia. Este año también habrá barra libre: las autonomías tendrán unos 140.000 millones entre la financiación y el mayor margen de déficit, una cifra récord. Contarán, además, con el grueso del fondo europeo React-EU, que les brindará 8.000 millones en 2021 y 2.000 en 2022 para reforzar sanidad, educación y servicios sociales, pero que también podrán emplear para la reactivación económica. Y de todo esto el Gobierno les pide que saquen el dinero para las ayudas directas.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró la semana pasada que las comunidades dedicarán unos 2.000 millones de este fondo para auxiliar a las empresas. Así ya lo han dispuesto autonomías muy dependientes del turismo, además de líneas adicionales en sus presupuestos. Regiones del interior también usarán el mismo esquema, según ha podido saber EL PAÍS. Es el caso de Castilla-La Mancha, que destinará unos 155 millones del React-EU a transferencias para pymes y autónomos. O de Extremadura, que usará entre 50 y 60 millones de los 187 que tiene asignados para los sectores más afectados.

Pese a este esfuerzo, los responsables de las patronales del comercio y la hostelería argumentan que no será suficiente. “Se quedará muy corto si la mayor parte del plan son quitas o más financiación y solo son 2.000 millones en ayudas directas”, sostiene José Luis Yzuel, presidente de la patronal Hostelería de España. A lo que Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, añade: “El comercio minorista está al límite, pero no por problemas de financiación, sino por problemas de liquidez. No hay consumo, no hay ingresos, seguimos con restricciones y con costes fijos que hacer frente cada mes. Por eso hacen falta ayudas para ya, no financiación para el próximo año”. Situación que se repite en empresas turísticas, bares y restaurantes.

Malestar en las regiones

La música que llega desde las comunidades tampoco es más optimista. Se muestran prudentes, a la espera de conocer el detalle del plan. Pero es evidente el malestar generado desde final de año en autonomías tanto del PSOE como del PP al recaer en los Gobiernos regionales toda la presión del diseño y pago de las ayudas directas. Ni siquiera la posibilidad de tirar de fondos comunitarios parece aliviar las tiranteces. “No se ha hecho un reparto del dinero del React-EU en función de la importancia y la caída del PIB turístico, los criterios no están ajustados para que demos ese apoyo. Para nosotros es un drama”, lamenta el consejero de Turismo de una autonomía cuyo motor económico es ese sector.

También hay diferencias en la forma de diseñar el nuevo paquete y la comunicación con las autonomías. Las regiones del PP se quejan por no haber sido consultadas sobre el reparto del React-EU —Hacienda empleó los mismos criterios usados por la UE para asignarlo a los Estados: caída del PIB y paro—. “Todos estamos dando ayudas, pero son insuficientes para las pérdidas de los sectores más afectados”, dice el consejero de Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Javier Fernández-Lasquetty, su homólogo en la Comunidad de Madrid, añade: “El Gobierno quiso dar cifras muy abultadas de ayudas desde el inicio de la pandemia. Pero no se detuvo a pensar en cómo de eficaces eran. No estaba pensando en las cuentas de las empresas, sino en las encuestas de su partido”.

Así, el último anuncio del Gobierno crea tanta expectación como escepticismo. Los antecedentes no invitan al optimismo: en la parte final de 2020 ya se anunciaron a bombo y platillo otros planes de rescate que, a la postre, resultaron insuficientes. Y la precipitación al darlos a conocer generó además unas expectativas en las empresas que la realidad de las cuentas públicas no podía asumir. Y en esta ocasión la historia amenaza con repetirse.

Zoreda, del lobby turístico Exceltur, echa más leña al fuego en el pulso entre las autonomías y el Gobierno central: “Si son las comunidades las que tienen que dar las ayudas directas, espero que el Gobierno ponga a su disposición una partida excepcional para atender estas necesidades. Con lo que ya tienen no será suficiente”. Las regiones cruzan los dedos para que así sea.