Las comunidades encaran la recuperación con diferencias de financiación entre ellas del 20%

Las comunidades han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia. Este año volverán a ser protagonistas, y se espera que tras el verano impulsen la recuperación. Pero no todas contarán con el mismo músculo: la diferencia de financiación por habitante ajustado supera el 20% entre la autonomía mejor financiada, Cantabria, y la peor, Comunidad Valenciana. Dos autonomías, la valenciana y la murciana, no llegarían este año ni a cubrir sus servicios básicos solo con los recursos de la financiación autonómica, lo que podría crear divergencias en la recuperación.

Así lo señala un estudio de la Generalitat Valenciana, que teme que estas distorsiones impacten en la reactivación. El análisis se ha elaborado a partir de datos del sistema de financiación autonómico del Ministerio de Hacienda y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), y no incluye las comunidades forales, País Vasco y Navarra. El sistema de financiación reparte los recursos fiscales entre las comunidades para que presten los servicios básicos de sanidad, educación y prestaciones sociales. Las autonomías peor financiadas —teniendo en cuenta los recursos que insufla el sistema a través de las entregas a cuenta y las liquidaciones y los ingresos por los tributos cedidos— son la valenciana (2.582 euros por habitante ajustado en 2021), Murcia (2.595 euros), Andalucía (2.679 euros) y Castilla-La Mancha (2.742 euros). En el otro extremo se sitúan Cantabria (3.305 euros), La Rioja (3.171 euros), Baleares (3.110 euros) y Extremadura (3.050 euros). La brecha per cápita entre la comunidad peor financiada y la mejor alcanza los 723 euros.

Es más: la Comunidad Valenciana y Murcia no podrían ni cubrir el gasto medio en servicios públicos fundamentales en 2021 a través de los recursos del sistema. A la primera le faltarían 85 euros por habitante, y a la segunda 72. Castilla-La Mancha y Andalucía contarían con menos de 100 euros por habitante para desarrollar políticas más allá de las fundamentales, como la inversión en I+D+i o apoyos al tejido productivo, frente a los más de 350 euros de Cantabria, La Rioja, Baleares, Extremadura y Canarias. Si la Comunidad Valenciana tuviera la misma financiación por habitante ajustado que Cantabria, dispondría de 3.550 millones adicionales; si fuera al contrario, Cantabria vería reducido sus recursos en 425 millones al año.

Infrafinanciación

Estas diferencias no son nada nuevo y llevan tiempo siendo objeto de análisis. El sistema de financiación autonómico, que reparte los recursos a través de criterios complejos que tienen en cuenta las competencias transferidas y las necesidades de gasto según las características de la población, busca limar diferencias para que todas las autonomías proporcionen iguales servicios a sus ciudadanos. Pero no logra del todo su cometido: los expertos coinciden en que genera distorsiones y en que Valencia y Murcia son las más castigadas.

El actual modelo, que entró en vigor en 2009, lleva desde 2014 a la espera de ser reformado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a hacerlo a finales de 2019. La crisis trastocó los planes.

La infrafinanciación de algunas comunidades tiene otra cara de la moneda: para que su gasto se acerque al de las demás y puedan financiar políticas que no sean servicios básicos, necesitan tirar de endeudamiento. Al cierre de 2020, la comunidad con la tasa más abultada de pasivo sobre el PIB era la valenciana, con un 48,6%, según el Banco de España. Le seguía Castilla-La Mancha, con un 39,7%.

”Desde 2002, casi la mitad de nuestra deuda es derivada de la infrafinanciación. Vamos acumulando deuda pese a gastar menos de la media”, mantiene Juan Pérez, director general de Financiación Autonómica de la Comunidad Valenciana y anteriormente investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE): “No podemos permitir que esto impacte en los ciudadanos, así que por los menos en sanidad, educación y servicios sociales gastamos como la media. Eso conlleva déficit y que en el resto de políticas vayamos más justos”. Pérez subraya que el principal motivo de estas disparidades se debe al statu quo, un criterio según el cual ninguna autonomía pueda ganar menos que con los modelos de financiación anteriores. “Esto provoca que algunas, por la misma inercia del funcionamiento del sistema, reciban recursos de más”, explica. “Por ello las diferencias se mantienen, y esto va a torpedear la recuperación”.

Recursos extra

Tanto el año pasado como este ejercicio, las comunidades contarán con un colchón extra: además de recibir los recursos del sistema de financiación, dispondrán de transferencias adicionales del Estado para financiar el aumento del gasto (13.486 millones, cuyo reparto aún no está definido) y dar ayudas directas a las empresas (7.000 millones), además de los fondos europeos.

La Comunidad Valenciana defiende que sin arreglar las diferencias previas de capacidad financiera entre comunidades existe el riesgo de que el camino hacia la recuperación se produzca a distintas velocidades. Pérez sugiere que la transferencia de 13.486 millones contemple un tramo para las autonomías peor financiadas, que compense la menor capacidad financiera que éstas tienen para afrontar la recuperación. “Se podría usar para la recuperación y permitiría jugar en dos niveles. No puede ser que algunas comunidades tengan al Estado y también a Europa; todas debemos tener la misma combinación de recursos. De lo contrario, la brecha regional ya existente seguirá ampliándose”, concluye.