Las comunidades autónomas gastaron en 2020 más que nunca para combatir la pandemia

Las comunidades gastaron más que nunca el año pasado para hacer frente a la pandemia, pero su saldo presupuestario paradójicamente mejoró: el déficit fue de tan solo el 0,2% del PIB, la marca más baja desde 2006, frente al 0,6% del año anterior. Este resultado ha sido posible gracias al rol que ha jugado el Estado, que ha cargado con los desequilibrios de las demás administraciones y ha brindado liquidez extra a las comunidades. Pero buena parte de estos recursos deberán ser devueltos en 2022, tal y como recuerda el estudio de Fedea Las finanzas autonómicas en 2020 y entre 2003 y 2020, publicado este lunes. “Al menos parte de la factura de la crisis solo se ha pospuesto y llegará en los próximos ejercicios, en la forma de abultadas liquidaciones negativas del sistema de financiación y de un recorte en las transferencias estatales”, alerta el análisis elaborado por Ángel de la Fuente, director del organismo.

El estudio analiza la evolución del saldo presupuestario regional desde el año 2003 ―el primero en el que todas las comunidades fueron responsables de la gestión sanitaria durante el ejercicio completo―, a través de los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Y pone de relieve que las cuentas regionales se han comportado de manera distinta en esta crisis: pese al fuerte aumento del gasto regional ―unos tres puntos porcentuales de PIB― y al parón de la actividad, los ingresos crecieron de manera más intensa gracias al colchón ofrecido por el Estado.

“La situación es similar a la registrada en 2008-2009 en lo que respecta al crecimiento del gasto, pero mientras que entonces los ingresos cayeron ligeramente en 2008 y crecieron en torno a un punto en 2009, ahora el crecimiento de los ingresos (vía transferencias estatales) ha sido mayor que el de los gastos, con lo que la situación aparente de las finanzas autonómicas ha mejorado pese a la covid”, señala el análisis. El estudio calcula que el déficit subyacente de las comunidades que resultaría de normalizar los ingresos del sistema de financiación y corregir algunos factores atípicos habría sido del 1,71% en 2020.

Los datos del cierre presupuestario presentados hace una semana por el Ministerio de Hacienda dejan claro el esfuerzo del Estado. El déficit de las Administraciones públicas cerró en el 11% del PIB ―incluidas las pérdidas del banco malo, unos 10.000 millones que Eurostat ha obligado a contabilizar―, pero el grueso de este desfase lo asumió la Administración central.

Protección

Los componentes del gasto no financiero autonómico tuvieron una evolución distinta a lo largo del periodo analizado. La inversión se redujo tras la Gran Recesión; el gasto en intereses creció por el aumento de la deuda y de la prima de riesgo, aunque disminuyó a partir de 2014 gracias a las mejores condiciones de financiación. El gasto corriente, por otra parte, cayó después de la crisis financiera y volvió a máximos en los últimos ejercicios, pero en la parte final del periodo solo aceleró su crecimiento el gasto en personal, mientras que la compra de consumos intermedios y las prestaciones sociales distintas a las prestaciones en especie se estancaron.

Esta evolución se ha reflejado en las cuentas regionales. Entre 2003 y 2009 estuvieron cerca del equilibrio presupuestario, pero la crisis financiera supuso un punto de inflexión: los saldos se deterioraron entre 2010 y 2011, y mejoraron en los dos años siguientes por los recortes y una recuperación parcial de los ingresos. En 2014 y 2015, los déficits autonómicos se estancaron y volvieron a caer entre 2016 y 2018 gracias al fuerte crecimiento económico ―en 2018 el déficit regional se situó en el 0,23% del PIB―. Al año siguiente, la mejora de las cuentas autonómicas se interrumpió ―en parte por cuestiones técnicas vinculadas al calendario de ingresos del IVA―.

Con la pandemia, el Gobierno decidió mantener las entregas a cuenta calculadas antes de la crisis ―según un crecimiento del 1,6% del PIB― y conceder transferencias extraordinarias a los Gobiernos regionales, como el fondo covid-19 de 16.000 millones. “Como en 2008-2009, el Gobierno ha optado por proteger al máximo a las comunidades autónomas frente los efectos inmediatos de la crisis, lo que no es necesariamente buena idea si retrasa en exceso la reacción de estas”, alerta el estudio de Fedea, que señala que cuando llegue la liquidación del sistema de financiación en 2022 es probable que se adopte la misma solución empleada tras la Gran Recesión: ampliar el plazo de la devolución “tanto como haga falta”.

Deuda

La deuda de las comunidades creció de forma sustancial tras la anterior crisis financiera. A día de hoy, las autonomías con la proporción más baja de pasivo sobre el PIB son Canarias, Madrid, País Vasco y Navarra. Las comunidades con las mayores tasas de deuda son Murcia, Cataluña, Castilla la Mancha y, sobre todo, la Comunidad Valenciana, con una deuda que se acerca al 50% del PIB.

El análisis concluye que los ingresos y gastos autonómicos han seguido un patrón procíclico, con importantes incrementos en los periodos expansivos y fuertes recortes tras la Gran Recesión, que han permitido volver en 2019 a una situación similar a la de 2003, aunque “bastante más frágil ante un posible cambio de ciclo”. Según el estudio, los principales elementos de preocupación son los elevados niveles de deuda de muchas autonomías y que la mejora del saldo presupuestario autonómico de los últimos años se debe en parte “a factores anómalos y difícilmente sostenibles”, en los que se incluye una “inversión atípicamente baja” y “fuertes subvenciones a los intereses” a través del los mecanismos extraordinarios de liquidez.