Madrid acusa al Gobierno de estar detrás de la enmienda de ERC para subir el impuesto al patrimonio

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno ha presentado a finales de octubre ya ha recibido más de 3.000 enmiendas. Entre ellas, una propuesta de ERC para armonizar el impuesto al patrimonio, un tributo que está totalmente cedido a las comunidades autónomas que pueden aplicar bonificaciones y deducciones más o menos generosas. Entre las regiones que más han hecho uso de esta competencia normativa está la comunidad de Madrid, que es la única que lo tiene totalmente bonificado ―y de facto no recauda nada por este tributo―, y que este mismo viernes ha acusado al Gobierno de estar detrás de la propuesta del partido independentista catalán. “Se está produciendo una auténtica agresión a los madrileños”, ha señalado en una rueda de prensa el consejero de Hacienda de Madrid del PP, Javier Fernández-Lasquetty, quien no ha descartado ir a los tribunales si la propuesta sigue adelante.

Lasquetty ha recordado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mencionó en más de una ocasión su voluntad de llevar a cabo una armonización fiscal y dejó caer antes de la presentación de las enmiendas que había grupos políticos que querían abordar este tema. “No creemos que la enmienda sea de ERC; detrás están los socialistas”, ha insistido, y ha añadido que cree que si este cambio se aprueba el siguiente paso será modificar el impuesto sobre sucesiones y donaciones ―también cedido a las regiones y bonificado en Madrid, aunque en menor medida que patrimonio―: “Es el oscuro objeto del deseo de los socialistas”.

La enmienda presentada por ERC pide modificar la ley que regula el impuesto sobre el patrimonio para que sea de aplicación en todas las comunidades un tipo estatal. La formación independentista propone “un modelo de compartición de bases imponibles entre el Estado y las comunidades autónomas”, para que ambas tengan competencia en cuanto a mínimo exento, tarifa, deducciones y bonificaciones. “El elemento innovador reside en que una vez calculada la cuota líquida estatal se permite deducir la cuota autonómica”, recoge la enmienda registrada por ERC, con el cual el Gobierno está negociando para que apoyen sus cuentas.

En otras palabras: propone crear una cuota estatal que no esté sujeta a la normativa autonómica y que recaude la Hacienda central, y que será el resultado de la diferencia entre la cuota líquida estatal y la autonómica. Con esta modificación, calcula que se ingresarían unos 1.000 millones de euros adicionales, una cifra similar a la que se estima que cada año deja de recaudar Madrid por tener bonificado al 100% el impuesto.

Lasquetty ha añadido que aprobar una enmienda de este tipo, de manera unilateral y sin pasar por el Consejo de Política Fiscal ―la reunión donde Estado y regiones debaten los asuntos de financiación autonómica― o por una modificación de la ley de financiación autonómica es un “fraude de ley”. “Es una amenaza”, ha señalado. “Si finalmente se aprueba lo recurriremos, daremos la batalla en todos los tribunales, incluso el Constitucional”.

Ley orgánica

El sistema de financiación autonómica se basa en un complejo esquema aprobado mediante ley orgánica, que no se puede modificar vía Presupuestos. Las regiones tienen cedidos en virtud de este modelo varios tributos, como los ya mencionados gravámenes sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones o el impuesto sobre actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, que gravan la compraventa de inmuebles. Por ello, Lasquetty ha denunciado que la enmienda de ERC implica saltarse la “autonomía fiscal, la ley que la protege y la Constitución”, que en su artículo 134 establece que la ley de Presupuestos no puede crear tributos. “No deja de ser hiriente que lo haga el PSOE escondido detrás de un partido independentista”.

Madrid lleva tiempo recibiendo críticas de otras regiones ―y de la misma Montero, desde que era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía― que la acusan de dumping fiscal. Montero tenía previsto abordar la armonización del impuesto sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones en la reforma de la financiación autonómica que tenía que haber arrancado en noviembre, pero que ha saltado por los aires por el estallido de la pandemia.

En cambio, el proyecto de Presupuestos para 2021 contempla un alza de un punto del tipo estatal del impuesto para los patrimonios de más de 10 millones de euros, del 2,5% al 3,5%. Además, se establece que este tributo, que actualmente tiene que ser prorrogado cada año, ya que se reintrodujo en 2011 de forma transitoria tras haber sido suprimido, se mantenga de manera indefinida. Pero sigue cedido al 100% a las regiones.