Castilla-La Mancha aprueba una ley “pionera” contra la despoblación

Incentivos fiscales, apoyo a las empresas, mejora de los servicios educativos y sanitarios en los municipios en riesgo de despoblación. Son las medidas de un primer embate legal de Castilla-La Mancha para luchar contra el éxodo de su territorio rural. Para revertirlo, el Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page ha elaborado un proyecto de ley de Medidas contra la Despoblación que el Gobierno regional considera “ampliamente consensuado” y que ha sido aprobado por unanimidad este jueves en las Cortes regionales.

Castilla-La Mancha no es una excepción en el mapa de la despoblación en España. Pero en la región castellanomanchega afecta a la inmensa mayoría de su territorio aunque implique a una minoría de su población: el 91,9% del total de los municipios acoge tan solo al 30% de los dos millones de habitantes de la región, según se desprende de un informe del Gobierno regional. La nueva ley reúne 118 medidas desplegadas en 75 artículos y traza las líneas para impulsar acciones en los municipios en riesgo de despoblación, como incentivos fiscales, apoyo a las empresas o mejora de los servicios educativos y sanitarios.

Entre otras iniciativas, se aspira a mantener un centro escolar público en las localidades donde residan al menos cuatro alumnos de educación infantil y primaria. También se potencian los centros de atención primaria para asegurar servicios sanitarios básicos de proximidad en cada zona rural. Y se prevén ventajas fiscales como una desgravación de hasta el 25% de la cuota autonómica del IRPF y del 10% para la adquisición o la rehabilitación de la vivienda. Para incentivar la economía, la norma contempla un 40% más de ayudas a autónomos y empresas que se instalen en el medio rural, se impulsa el desarrollo del programa Retorno del Talento Interno para facilitar la vuelta de los castellanomanchegos a las zonas rurales escasamente pobladas y se pretende garantizar el acceso a la fibra óptica y al 5G en todas las localidades de la comunidad.

El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, explica que se trata de una ley “pionera y transversal porque afecta a la práctica totalidad de las competencias de la comunidad autónoma”. El próximo paso, una vez aprobada esta nueva ley consiste en la elaboración de la Estrategia frente a la Despoblación, que ya se está redactando y que ha contado con la participación de 2.078 ciudadanos.

Críticas de los colectivos de la “España vaciada”

La nueva norma, no obstante, ha recibido las críticas del colectivo de la Plataforma de la España Vaciada La Otra Guadalajara, que lleva 16 años reivindicando medidas contra la despoblación. “Es una ley muy laxa llena de muy buenas voluntades”, dice un portavoz del colectivo. “Con legislar no es suficiente”. Las observaciones que hacen a la ley se sitúan en cuestiones específicas, como la definición que se hace de un territorio despoblado: se clasifica como “zonas escasamente pobladas” a los municipios que tengan una densidad de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado; a los que tengan una densidad superior a ocho se les etiqueta como de “intensa despoblación”; y a los que tengan menos que esta, como de “extrema despoblación”. El portavoz de La Otra Guadalajara, dice: “En Molina de Aragón nuestra densidad es de menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado. Abogamos por una clasificación más estricta de estas áreas”.

En este colectivo señalan además que Guadalajara no ha sido reconocida en la revisión de la Comisión Europea de las Directrices sobre ayudas regionales como provincia poco poblada, mientras sí han incluido a Teruel (Aragón), Soria (Castilla y León) y Cuenca (Castilla-La Mancha). El estatus especial de estas provincias les concede ahora beneficiarse de una reducción de hasta el 20% de las cuotas de la Seguridad Social. “En Guadalajara está el Corredor del Henares, donde hay un alto índice de población, pero el resto de la provincia está despoblada”, critica La Otra Guadalajara. El vicepresidente regional insiste en que su intención es que “una parte importante de esa provincia” entre en este plan de ayudas por su escasa densidad poblacional.

La entrada de Teruel, Soria y Cuenca en las directrices europeas fue una reivindicación de los tres presidentes autonómicos que gobiernan en dichas provincias. Los socialistas Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha, y Javier Lambán, de Aragón, junto con el popular Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, se han reunido ya en dos ocasiones para discutir sobre retos comunes frente a la despoblación. El tercero de estos encuentros se celebrará la próxima semana en Albarracín (Teruel).