La España vaciada reclama las tareas pendientes del Gobierno contra la despoblación

La Revuelta de la España vaciada ha vuelto a mediodía de este miércoles a Madrid con las mismas exigencias que reclamaron en 2019 en una manifestación multitudinaria en la capital. Esta vez, levantaron la voz frente al Congreso: “Volvemos porque no vemos avances significativos”, han dicho durante la lectura de un nuevo manifiesto. En el segundo aniversario de aquel 31 de marzo, las restricciones de la pandemia han reunido a menos personas que hace dos años, pero ha quedado patente que desde entonces han proliferado más colectivos unidos bajo una sola plataforma que exige con urgencia políticas públicas para no desaparecer.

Medio centenar de integrantes de 160 plataformas repartidas por 25 provincias han insistido este miércoles en que los avances en estos dos años han sido escasos: los representantes de Teruel Existe, ¡SoriaYa!, Jaén Merece Más, SOS Talavera, Cuenca Ahora o Extremadura Vaciada han incidido en la “falta de compromisos políticos reales que se traduzcan en hechos palpables”. Exigen que las administraciones y los poderes públicos asuman la responsabilidad de la despoblación mediante un pacto de Estado –primer punto recogido en el acuerdo de investidura entre PSOE y Teruel Existe– que garantizaría una continuidad en las políticas decididas y dotadas de presupuesto para no depender de los cambios de Ejecutivo, según explican los portavoces de los colectivos. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 26 de junio sin votos en contra una moción presentada por la agrupación de electores que insta al Gobierno a impulsar urgentemente este acuerdo estatal. Sin embargo, Vanesa García, portavoz de la plataforma de la España Vaciada, asegura que en su última reunión en enero de 2021 con la Secretaría para el Reto Demográfico la administración ha planteado: “El pacto de Estado se contempla, pero muy a largo plazo”.

Para estos colectivos, la cohesión y la supervivencia de dos tercios del país ante la despoblación todavía parecen objetivos lejanos. “La despoblación es la antesala de la desertificación”, ha afirmado este miércoles Mar Martín, de la Coordinadora para el desarrollo integral del Nordeste de Segovia (Codinse), ante las puertas del Congreso. Los problemas vienen de lejos, recuerda Martín, quien culpa de los desequilibrios territoriales a las políticas estatales que han facilitado la desvertebración del territorio, la concentración de la población en las grandes urbes y que han favorecido la pérdida de servicios, infraestructuras y posibilidades laborales. “En España, cuando se habla de derechos como igualdad y dignidad jamás se ha puesto el foco en lo territorial; ahora es el momento”, ha dicho Martín.

El Ministerio para la Transición Ecológica, presidido por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, aprobó el pasado 16 de marzo el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, que representa en torno al 10% del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este incluye 130 políticas activas orientadas a garantizar la cohesión territorial y social, a eliminar la brecha entre lo urbano y rural, a reactivar las zonas más despobladas y a mejorar la vertebración territorial. El plan, dotado de un presupuesto de más de 10.000 millones de euros, recoge actuaciones para incorporar a los pequeños municipios en el modelo de la transición verde y digital, el refuerzo de los servicios públicos, la mejora del bienestar social, el impulso de la economía de los cuidados y la puesta en marcha de una agenda social centrada en las mujeres y jóvenes. “Con los fondos europeos se va a producir un proceso de reconstrucción donde queremos estar todos. Son una oportunidad, probablemente la última para muchos territorios”, ha dicho Antonio Saz, de Teruel Existe.

La tarea en manos de Ribera tomará más de una década en materializarse, según ha explicado el secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, en una entrevista con EL PAÍS. Las plataformas exigen medidas urgentes. Azucena Dombriz, de La Otra Guadalajara, señala que en Molina de Aragón no gozan de los mismos derechos sanitarios que en el resto del país. A pesar de que hace más de tres meses se han mantenido reuniones entre la secretaría y la plataforma de la España vaciada, las políticas plasmadas en el plan necesitarán de mayor coordinación entre las administraciones públicas, algo que los colectivos ven con escepticismo. Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe en el Congreso, se muestra satisfecho, sin embargo, con el plan de medidas del Gobierno para el reto demográfico: “En el fondo, recoge todo lo que pedíamos. Asume casi todas las exigencias de nuestra plataforma en el acuerdo de investidura”.

Antonio Martínez, de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, tenía en sus manos una bocina de tren auténtica que ha acompañado los sonidos de la protesta. La última vez que sonó fue en la estación de trenes de Baza (Granada), cerrada desde 1985. “Cuando había niebla o nieve a tres kilómetros se oía que llegaba el tren”, rememora. “Avisaba tanto a la gente que tenía que subir al vagón como a los que estaban en las vías para que no los atropellara. El AVE conecta ahora capitales, pero en realidad a nosotros nos deja aislados. Si no hay un tren convencional los pueblos se quedan sin unir, sin vertebrar”.