La carga de los juzgados de cláusulas abusivas apenas se redujo un 1,9% en 2020

Los juzgados especializados en cláusulas abusivas acabaron 2020 con 239.445 casos pendientes de resolver, lo que supone solo un 1,88% menos que a finales de 2019. En el difícil contexto de la pandemia, este tipo de órganos judiciales lograron reducir su carga de trabajo en 4.591 asuntos. No obstante, la parálisis provocada por el coronavirus en el primer estado de alarma (cuando el confinamiento estricto obligó a cerrar los juzgados salvo para asuntos urgentes) cortó el ritmo del año anterior: si en 2019 se dictaron 141.643 sentencias, el año pasado fueron solo 114.962, un 18,8% menos. Pero también fueron muchos menos los nuevos litigios que llegaron: de 132.471 en 2019 a 110.426 el año pasado (-16,6%).

Los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial muestran además que la tasa de resolución fue favorable en casi todos los territorios, con la notable excepción de Madrid. De hecho, todas las comunidades salvo dos tuvieron el año pasado una tasa de resolución por encima del 100%, lo que indica que sus juzgados especializados en cláusulas abusivas dieron por concluidos más asuntos de los que ingresaron. Destaca, por ejemplo, el 340% de Aragón, lo que significa que los casos resueltos más que triplicaron a los nuevos que llegaron. En el otro extremo se situaría Cantabria, que con una tasa del 96,9% quedó por debajo de ese hito del 100%, pero se aproximó mucho.

Cuestión aparte merece Madrid, donde la tasa de resolución fue de solo un 28,4%, lo que se traduce en que ingresaron casi 38.000 casos nuevos mientras que se dictaron algo menos de 11.000 sentencias. La región de la capital se consolida así como el gran talón de Aquiles del sistema de juzgados especializados en cláusulas abusivas. Estos se crearon en 2017 para centralizar estos asuntos e impedir así que saturaran los órganos judiciales, ante la avalancha de litigios y el escaso éxito de algunas iniciativas de resolución extrajudicial de los casos. Como el CGPJ decidió especializar un solo juzgado por provincia (con la excepción de las islas), en las más pobladas la saturación es mayor, lo que ha motivado reiteradas críticas tanto de parte de la judicatura como de asociaciones de consumidores.

Pero a ello se suma en Madrid un “problema de organización interna de los órganos gubernativos”, según una fuente del CGPJ. Dicha fuente explica que el Decanato de Madrid, que es el encargado de distribuir los casos entre los juzgados de la provincia, acumuló con el paso de los años muchos asuntos sin asignar. Tras instarle a corregir esa situación, se sumaron más de 27.000 litigios a la carga judicial en el segundo trimestre del año pasado (en plena parálisis de los juzgados por la pandemia), que aunque eran asuntos de otros años computan en la estadística como ingresados en 2020. Eso ha derivado según dicha fuente, que asegura que “no hay falta de personas ni de medios materiales”, en una mayor sobrecarga de Madrid y en que se haya distanciado definitivamente de la evolución que estaban siguiendo otras provincias que podían considerarse de similares características.

Entre los cuatro grandes mercados autonómicos de vivienda, tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana lograron ya en 2019 quedarse prácticamente en equilibrio o lo que es lo mismo: rozar esa tasa de resolución del 100%. Muy cerca se quedó también Cataluña entonces, y las tres rebasaron esa marca el año pasado. Pero Madrid, el único de esos cuatro grandes mercados hipotecarios que es uniprovincial (lo que significa que tiene un solo juzgado especializado) está todavía muy lejos de acercarse a esos porcentajes. Otra prueba del diferente ritmo al que se avanza por provincias es que a finales del año pasado el CGPJ anunció que para este 2021 ya cerrarían nueve de estos juzgados en aquellos lugares donde se cree que los nuevos asuntos son asumibles por el reparto ordinario entre tribunales de primera instancia.

El CGPJ destaca que, pese a las dificultades del segundo y el tercer trimestre, a finales de año el ritmo de resolución se había recuperado. De hecho, entre octubre y diciembre se resolvieron muchos más casos (37.950) de los que ingresaron nuevos (25.653). En esos tres meses, todas las comunidades salvo Cantabria y La Rioja (ambas por márgenes muy pequeños) vieron cerrarse más asuntos de los nuevos litigios que se iniciaron.

En el acumulado desde 2017, son 596.504 los asuntos ingresados en estos juzgados y 358.512 los resueltos (estos superan a las sentencias dictadas porque no todos los casos resueltos tienen que serlo porque finalmente haya un pronunciamiento en forma de sentencia). La tasa de resolución general se sitúa en el 60,1%, pero de nuevo con grandes diferencias por territorios. En ninguno se han resuelto más asuntos de los ingresados en total, pero Asturias se acerca mucho con un 96,6%. La única otra comunidad que está por encima del 90% es La Rioja, mientras por debajo del 50% se sitúan Cataluña (44,8%) y, de nuevo, Madrid (31%). Lo que no varía desde el principio es la alta tasa de casos en que los juzgados dan la razón al consumidor: un 97,9% de las sentencias dictadas el año pasado fueron favorables al prestatario, incluso por encima del porcentaje del 97,2% favorable si se tienen en cuenta todas las sentencias desde 2017.