Juzgados

Justicia y el CGPJ acuerdan el cierre de los juzgados especializados en hipotecas abusivas en nueve provincias

La prórroga del plan se adapta por primera vez en función de las necesidades de cada territorio

Casos sobre las cláusulas abusivas almacenados en un juzgado especializado, en una imagen de archivo.
Casos sobre las cláusulas abusivas almacenados en un juzgado especializado, en una imagen de archivo.EFE

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las comunidades autónomas han acordado este miércoles el principio del fin del plan de especialización de juzgados para asuntos de cláusulas abusivas tras tres años y medio de funcionamiento. Según ha informado el CGPJ, ocho provincias no verán renovado dicho plan en 2021, mientras que en otras siete solo se prorrogará seis meses. En el resto, la inmensa mayoría, continuará durante al año que viene como hasta ahora una vez la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces dé tramite a lo acordado.

Desde junio de 2017, un tribunal de primera instancia en cada provincia centralizaba las denuncias de abusos en las hipotecas, por lo que todos los asuntos relativos a cláusulas suelo, de vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización del préstamo, hipotecas multidivisa o referenciación al índice IRPH iban a parar a estos juzgados. Pero los escasos asuntos pendientes y la poca entrada de nuevas causas han llevado así a decidir que los tribunales encargados hasta ahora de esta misión en Ávila, Soria, Segovia, Lugo, Ourense, Huesca, Teruel y La Rioja cesen en su especialización. A ellas se une Zaragoza, donde “a juicio del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, los asuntos pendientes podrán ser resueltos manteniendo las medidas de apoyo vigentes y los de nuevo ingreso podrán ser asumidos por la totalidad de los juzgados de primera instancia de la provincia”, según ha explicado el CGPJ en un comunicado.

A esas provincias le seguirán las de Albacete, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Girona, donde el CGPJ señala que la prórroga de la especialización de sus juzgados será durante solo seis meses, hasta el próximo 1 de junio. Además, aunque todas las causas relativas cláusulas abusivas que entren irán a esos tribunales, estos no se encargarán solo de estos asuntos y empezarán también a tratar otros. También se ha pactado una prórroga semestral para los juzgados especializados de Castellón y Cantabria, pero a diferencia de los anteriores, estos solo verán casos de cláusulas abusivas en el primer semestre de 2021.

En todas las demás provincias el plan seguirá prácticamente igual. Sí se ha acordado alguna modificación relativa a los refuerzos con que cuentan esos juzgados especializados, como el de Barcelona. Durante la reunión, el vocal del órgano de gobierno de los jueces y coordinador del plan de especialización, Gerardo Martínez Tristán, “ha expuesto la posición favorable del CGPJ a mantener la especialización”, según la nota remitida a los medios. En la misma, también se destaca que los datos estadísticos muestran “el descenso progresivo y contante de la litigiosidad, incluso teniendo en cuenta las demandas referidas a IRPH” y “el progresivo aumento de la capacidad de resolución de los órganos especializados”.

Según los últimos datos publicados por el CGPJ, relativos al tercer trimestre del año y difundidos el pasado 10 de noviembre, los casos pendientes en este tipo de juzgados bajaron un 4% entre julio y septiembre. La tasa media de resolución de las más de 570.000 causas ingresadas desde 2017 era del 56%. Sin embargo, ese porcentaje varía mucho entre territorios. Uno de los aspectos más criticados del plan desde su puesta en marcha por parte de asociaciones judiciales, de consumidores o despachos de abogados es que el hecho de destinar un solo juzgado por provincias provocaba un tapón en aquellas más pobladas. Así, hasta el pasado septiembre, Asturias o La Rioja lideraban la tasa de resolución con un 96% y un 94%, respectivamente; mientras que en Madrid apenas alcanzaba el 28%. Según esos datos, estaban pendientes de sentencia en toda España más de 250.000 casos.

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