Abren los juzgados especializados en cláusulas suelo en medio de dudas sobre su efectividad

Los 54 juzgados de primera instancia especializados en cláusulas suelo abren hoy sus puertas ante las críticas del sector por la falta de organización, de medios y por el efecto que puede causar en los juzgados ordinarios de primera instancia. Estos juzgados, además, pueden obligar a los ciudadanos a desplazarse a determinadas ciudades para seguir su proceso judicial y para atenderlos, se han destinado a estos juzgados a jueces recién salidos de la escuela de formación. La Abogacía, los jueces decanos, los secretarios judiciales, otras asociaciones judiciales y de consumidores cuestionan el plan del Consejo General del Poder Judicial de centralizar en un único juzgado por provincia todos los casos de las cláusulas opacas vinculadas a las hipotecas.

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La preocupación cunde en el sector porque se espera una avalancha de demandas por las cláusulas suelo. Los despachos de abogados especializados en reclamaciones masivas han estado esperando a que venciera el plazo de cuatro meses que concedió el Gobierno a los bancos para que resolvieran las reclamaciones de sus clientes por vía extrajudicial.

El conflicto de las cláusulas suelo se agravó a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a los bancos a devolver todas las cantidades cobradas indebidamente con carácter retroactivo, incluso el dinero que cobraron antes de mayo de 2013 como sostenía el Supremo.

Para ordenar el proceso, el Gobierno aprobó a principios de año un decreto ley, acordado con Ciudadanos y PSOE, sobre medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo indebidas, en el que regulaba el procedimiento extrajudicial para resolver las miles de reclamaciones de las cláusulas suelo. El Ejecutivo concedió a los bancos un máximo de tres meses para llegar a un acuerdo con el cliente.

Ante la previsión de un colapso de los tribunales, el Consejo General del Poder Judicial aprobó la semana pasada la especialización de 54 juzgados que se interesarán por los litigios de las cláusulas suelo. Estos tribunales asumirán los asuntos de este tipo y otros relacionados con vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipotecas o hipotecas multidivisas que se presenten en su provincia.

El órgano ejecutivo de la Justicia reforzará estos juzgados con 67 jueces en prácticas recién salidos de la última promoción de la escuela judicial. Ante esta situación, el Consejo General de la Abogacía rechaza la creación de estos juzgados especializados que abren sus puertas este jueves por el riesgo de colapso. "La Abogacía considera que produce un sobrecoste sobre los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial. Además, el plan propuesto por el CGPJ generaría una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos –añadidos a los costes de tiempo por desplazamientos- para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas", señala el Consejo General de la Abogacía en un comunicado.

Críticas en el sector

La asociación profesional de la magistratura (APM) de la sección de Andalucía defiende en otra nota la necesidad de crear otras unidades judiciales en lugar de sobrecargar a los juzgados de primera instancia. Esta organización critica también que se destinen a estos juzgados a los jueces recién salidos de la escuela de formación. "Nos parece absolutamente inasumible, al no ser en modo alguno la mejor manera de lograr la correcta y necesaria formación de quien ahora se incorpora al desempeño de la función jurisdiccional".

Los 50 jueces decanos de las grandes ciudades españolas también han mostrado su preocupación por trasladar el previsible aluvión de demandas por las cláusulas suelo a los 54 juzgados de primera instancia especializados. Los jueces decanos advierten de que lejos de acelerar la tramitación de las causas por las cláusulas suelo, ocurrirá lo contrario con el consiguiente perjuicio para el ciudadano. Alertan de que este jueves "puede ocasionarse el colapso de dichos juzgados desde el mismo momento de su nacimiento, y que las centenares de demandas que está previsto que correspondan a cada uno de ellos de toda la provincia pero no podrán tramitarlas por falta de medios".

Por su parte, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), que anteriormente eran conocidos como secretarios judiciales, también se quejan de que los jueces encargados de resolver los conflictos de las cláusulas suelo abusivas no tienen experiencia.

La asociación de los letrados de la Administración de Justicia considera que no es lo más "adecuado" que estos jueces "sin experiencia" sean los encargados de resolver este tipo de cuestión "por mucha que sea la formación recibida". Y remarcan: "es alarmante que ni el CGPJ, ni el Ministerio de Justicia hayan puesto aún de manifiesto que personal estará adscrito a dichos juzgados especializados".

Críticas por la improvisación

Ante las críticas del sector, responsables del Ministerio de Justicia se reunieron ayer con las comunidades autónomas con competencia de Justicia para coordinar en el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para atender el "previsible aumento de litigios" relacionados con las cláusulas suelo. Carlos Lesmes, presidente del órgano rector del poder judicial, ha transmitido que "el objetivo es que el tiempo de respuesta en la jurisdicción civil no se resienta ante el previsible aumento de litigios". Por su parte, Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha asegurado que nombrará a todos los letrados que sean necesarios a los juzgados especializados siempre que la carga de trabajo lo justifique.

Desde el sindicato CSIF, emitieron ayer miércoles una nota en la que sentencia: "Asistimos con preocupación a la falta de coordinación, al exceso de improvisación y la ausencia de claridad en la puesta en marcha de esta iniciativa".  Y agrega: "Es lamentable que a días de ponerse en marcha estos juzgados no se sepan los medios materiales y personales que se ponen a disposición de los 54 designados el pasado 25 de mayo".