Hacia una respuesta europea ante las migraciones climáticas y medioambientales

La declaración por parte del Parlamento Europeo de la situación de emergencia climática y medioambiental, a finales de noviembre de 2019, y la celebración de la Conferencia del Clima de Madrid parecen recuerdos lejanos, tras la irrupción de la pandemia por el virus COVID-19 y la crisis global que ha provocado. Sin embargo, y recordando las viñetas que muestran que a la gran ola de la pandemia le sigue una mayor que es la recesión, aun detrás hay una ola mucho mayor, inabarcable, que es la que realmente amenaza nuestra civilización y el planeta: el cambio climático.

Sus efectos los vamos observando y sufriendo de forma progresiva. Las sequías son cada vez más prolongadas, avanza la desertificación, aumenta el nivel del mar, crece el riesgo de desastres, pero también se amplifican las desigualdades sociales previas. Aumentan las necesidades de alimentos, agua potable, saneamiento, vivienda y salud, afectando en especial a los grupos de población más vulnerables como pueden ser mujeres y niñas, menores en general, mayores o pueblos y comunidades indígenas. Las mayores dificultades para adaptarse de estos colectivos, se trasladan también a su capacidad para desplazarse, al intentar evitar o huir del impacto de los desastres y el cambio climático.

Estos desplazamientos se pueden determinar de diferente forma, entre otras: pueden inicialmente ocurrir dentro de las fronteras de los países para pasar a ser transfronterizos; la apatridia es un problema creciente, dada la posible desaparición de los Estados debido al aumento del nivel del mar; existen poblaciones que enfrentan la imposibilidad de abandonar sus hogares por falta de medios a pesar de los impactos del clima; o también existe la importancia de plantear escenarios de reubicación planificada. Las cifras a futuro sobre estos desplazamientos, variando de decenas a cientos de millones de desplazados según diferentes estudios y caracterizaciones, nos advierten de un problema del que ya se han hecho eco tanto el IPCC como la CMNUCC.

Por su parte, la aproximación y respuesta de la Unión Europea frente a las migraciones medioambientales y climáticas ha pasado de un enfoque inicial derivado de la propia securitización del discurso migratorio, a uno que progresivamente reconoce la importancia de las políticas de adaptación, de cooperación al desarrollo o de ayuda humanitaria. Este es un paso positivo, pero todavía insuficiente. Los países en desarrollo son los más vulnerables al cambio climático y los más expuestos a sus efectos adversos a pesar de contribuir en menor medida a las emisiones de gases de efecto invernadero. La responsabilidad por parte de la Unión, como tercer mayor emisor después de China y Estados Unidos, debe pasar por tanto por reconocer esa deuda histórica y garantizar una distribución justa y equitativa de las cargas del cambio climático y sus efectos. Incluir el reconocimiento y la protección de las personas desplazadas en el contexto de los desastres y el cambio climático, debe formar parte de ese compromiso.

El Parlamento Europeo, desde su Comisión de Desarrollo, tiene un papel fundamental en este sentido. Está en proceso de redacción de un informe de propia iniciativa, que bajo el título ‘Los impactos del cambio climático en las poblaciones vulnerables de los países en desarrollo’, va permitir dirigir la atención de forma específica hacia esas poblaciones que sufren con mayor intensidad los efectos del cambio climático y, en última instancia, pueden verse obligadas a desplazarse. Entre algunos de los objetivos principales que pretende esta iniciativa está el incluir el componente climático como factor en todos los programas existentes de protección internacional, lograr financiación mediante el nuevo instrumento financiero de desarrollo y vecindad, o ampliar los instrumentos de ayuda humanitaria en este ámbito.

La magnitud del desafío es tal que debemos seguir insistiendo en situar el cambio climático, y todas sus derivadas, en el centro de la agenda política a todos los niveles

Al observar la situación dramática en las aguas del Mediterráneo, en los campos de refugiados o los abusos contra los derechos humanos perpetrados contra migrantes y solicitantes de asilo, debemos entender que esta situación no puede sino empeorar si consideramos un aumento de los desplazados a nivel global debido a causas climáticas. La Unión debe apostar por implementar una respuesta internacional común, actuando con decisión en el reconocimiento y protección de estas personas.Esta respuesta a nivel interno pasa también por integrar la cuestión climática dentro del actual proceso de reforma de la Política de Migración y Asilo de la Unión. Existen diversos instrumentos e iniciativas a nivel global, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM) o la Agenda de Protección de la Iniciativa Nansen, sobre los que apoyarse para mejorar la aproximación europea a esta cuestión, permitiendo un proceso de aprendizaje y retroalimentación positiva.

Del mismo modo, la iniciativa del Parlamento Europeo también debe contemplar el fortalecimiento de los marcos de cooperación internacional, ya fuera dentro del sistema de Naciones Unidas, reconociendo el papel de organizaciones como el ACNUR o la OIM en cuanto a las migraciones climáticas y medioambientales, o apoyando y potenciando los mecanismos y reglamentos de migración laboral basados en derechos, los programas de migración circular, la cooperación Sur-Sur, y el valor añadido de las organizaciones regionales que trabajan en el ámbito de los desastres y el cambio climático.

Por otro lado, con la propagación del Covid-19 y a partir del reconocimiento de que ante la pandemia la protección y asistencia sanitaria debe abarcar a la totalidad de la población, han surgido diversas iniciativas positivas en materia de migración por parte de muchos Estados, que pasan por otorgar residencias temporales, extensiones automáticas de visa o facilitar el acceso a los servicios de salud. Es importante que estas iniciativas se tengan en cuenta y se adapten a otros contextos de crisis, como los relacionados con el impacto de los desastres o el cambio climático.

La magnitud del desafío es tal que debemos seguir insistiendo en situar el cambio climático, y todas sus derivadas, en el centro de la agenda política a todos los niveles. El Pacto Verde Europeo es fundamental en este sentido, y debe tenerse en cuenta tanto al articular un plan de recuperación ante la crisis actual, como en el desarrollo de su dimensión exterior, lo que requiere decisión política y coordinación de actuaciones.

Por último, y considerando la creciente incidencia de la movilidad humana en el contexto de los desastres y el cambio climático, tanto el Pacto Verde Europeo como el resto de políticas y mecanismos existentes por parte de la Unión, deben permitir hacer realidad y cumplir un objetivo político, que es la inclusión de los migrantes climáticos en la agenda europea, un objetivo económico que pasa por incluir una línea de financiación de proyectos y un objetivo jurídico que permita incluir el clima como causa para obtener protección dentro del sistema jurídico internacional.

* Mónica Silvana González es diputada en el Parlamento Europeo por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y Jesús Marcos Gamero es investigador de la Fundación Alternativas