Covid-19 en América Latina: cuando los pobres son la población de riesgo

Todos sabemos que la presente crisis sanitaria lleva adosada una crisis económica. Se habla de desplome en las previsiones de crecimiento o de un ya conocido aumento del paro. Una situación extrema que no va a afectar de manera proporcional a todos los sectores sociales, sino que tendrá un impacto mucho mayor en los más vulnerables. Esta afectación desproporcionada será especialmente grave en América Latina, pues tanto el coronavirus como las obligadas medidas que los gobiernos han emprendido para combatirlo están generando numerosas trampas de pobreza; esto es, situaciones en las que la propia miseria de los más necesitados produce dinámicas estructurales que, a modo de círculo vicioso, ahondan aún más en su desventura.

VULNERABILIDAD LABORAL EN LA CUARENTENA

En primer lugar, las personas bajo el umbral de la pobreza son las que se enfrentan a más dificultades a la hora de mantener durante la emergencia sanitaria el -ya de por sí precario- estatus laboral con el que vivían antes de la pandemia. Hablamos, por norma general, de familias ligadas a la economía informal que confían su sustento a actividades que resultan impracticables bajo las actuales restricciones laborales y de movilidad: comercio callejero, servicio doméstico en hogares ajenos… En definitiva, se trata de personas acostumbradas a vivir al día, en la calle, y para las que trabajar desde casa resulta tan inútil como imposible.

Además, en el improbable caso de que su empleo admitiera la práctica a distancia, los limitados recursos digitales con los que cuenta la población pobre hace del teletrabajo una quimera. En su informe ‘Las Oportunidades de la Digitalización en América Latina durante el Covid-19’, la CEPAL advierte de cómo “segmentos de por sí vulnerables (…) estarán excluidos de las acciones que se adopten en materia de trabajo que utilicen como herramientas a las tecnologías digitales”. Las estadísticas hablan por sí solas: en países como Perú, Bolivia o El Salvador cerca del 85% de los ciudadanos pertenecientes al quintil de riqueza más bajo no utiliza internet. Por su parte, el diario ‘El Universo’ informó que, una semana después del suspenso de las actividades laborales presenciales en Ecuador, el número de “teletrabajadores” era apenas 253.000; esto es, un selecto 3,5% de los trabajadores totales.

INMUNIDAD ANTE LAS MEDIDAS DE AYUDA GENERALISTAS

La mayoría de gobiernos latinoamericanos ha emprendido generosas medidas de ayuda económica. Sin embargo, el hecho de que en América Latina la pobreza esté tan íntimamente ligada a la informalidad laboral hace que, paradójicamente, los más necesitados sean los menos beneficiados de algunas de las políticas más generalistas.

Tomando el ejemplo de Argentina, parece claro que la prohibición del despido durante 60 días o la facilitación de crédito a las empresas para el pago de salarios no tendrá demasiada repercusión sobre aquellos trabajadores que operan en los márgenes de la regularidad. Similares resultados tendrá la postergación del pago de impuestos de las empresas peruanas o brasileñas. Todo ello en una región donde, insistimos, la informalidad laboral asciende al 53% y supera el 60% en países especialmente afectados por la pandemia, como Ecuador o Perú.

BONOS ESPECÍFICOS: TAREA TITÁNICA PARA GOBIERNO Y CIUDADANÍA

Conocedores de esta tesitura, los gobiernos han desarrollado programas de subvenciones específicamente dirigidos a proteger a las familias más necesitadas durante la contingencia. Un ejemplo ambicioso es el ‘Bono 380 Soles’ peruano, que consiste en la entrega del equivalente a 105 dólares a nueve millones de ciudadanos dependientes del sector informal. Similares subvenciones, más o menos generosas, encontramos en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador o El Salvador. Sin embargo, precisamente la pobreza del público objetivo hace que la mera tarea de hacerles llegar los bonos se convierta en una empresa titánica.

Para empezar, los gobiernos y la propia ciudadanía se encuentran con la dificultad de identificar a las personas objeto de ayuda. Aquí, la brecha digital vuelve a hacer acto de presencia, pues el acceso y el buen manejo de sitios web es condición necesaria para hacerse con información clave: en primer lugar, conocer la existencia de unos bonos creados apresuradamente y con los que nadie estaba familiarizado; en segundo lugar, saber si se tiene la suerte de ser uno de los beneficiarios.

En el caso argentino, los aspirantes al ‘Ingreso Familiar de Emergencia’ han tenido que solicitar la ayuda en el sitio web de la Seguridad Social. En otros países es el gobierno el que asume la laboriosa labor de confeccionar una lista cerrada de beneficiarios, lo que no exime a la ciudadanía de tener que hacer uso de la red a posteriori para comprobar si podrá o no cobrar el bono. Esto ha generado situaciones de confusión a las que se le ha sumado la cuestión más crítica: cómo cobrar los subsidios en una región donde la bancarización entre la población pobre brilla por su ausencia. Es aquí donde incluso los gobiernos mejor valorados durante la crisis han fracasado estrepitosamente.

Este es el caso de El Salvador, que de forma inesperada vio interrumpida su cuarentena en la jornada del 29 de marzo, cuando miles de ciudadanos se conglomeraron alrededor de sedes bancarias. Esto se debió, por un lado, a la confusión producida por el malfuncionamiento de la web del Gobierno, lo que hizo que parte de los salvadoreños saliesen de casa únicamente para saber si cobrarían o no la ayuda de 300 dólares anunciada por el presidente Bukele. Por otra parte, asistir presencialmente al banco era la única forma de realizar la transacción para una población entre la que únicamente el 30% de personas posee una cuenta bancaria (según datos de Global Findex).

Similar situación se vivió el 3 de abril en Argentina, un país donde apenas la mitad de la población opera con cuenta bancaria y cuyo gobierno había cometido el error de no abrir los bancos en los días previos de cuarentena. Cuando las sedes abrieron aquel viernes, beneficiarios del programa ‘Ingreso Familiar de Emergencia’ se aglomeraron en las calles junto a pensionistas de avanzada edad y mujeres vulnerables beneficiarias de la ‘Ayuda por Hijo o Embarazo’.

En el caso de Colombia, el país cuenta con programas de transferencias ya muy establecidos y con mecanismos de focalización sofisticados que le permiten elegir los destinatarios de la ayuda, en este caso el ‘Ingreso Solidario’, y comunicárselo de forma bastante efectiva. Sin embargo, el pago de las ayudas y de otros ingresos como las jubilaciones se hace en buena parte a través de giros o pagos bancarios que requieren ir a cobrarlos presencialmente, a pesar de que las medidas de distanciamiento social indiquen evitar salir de casa.

Las mismas imágenes se han visto en Bolivia o Ecuador, y lo cierto es que ver a centenares de personas pobres aglomeradas en plena pandemia resulta, como mínimo, simbólico: queda evidenciado que las trampas de pobreza tienen la capacidad de desproteger a los más desaventajados incluso desde el punto de vista sanitario, aumentando su nivel de riesgo.

Tras estas experiencias, los gobiernos están intentando entregar los bonos de la forma más organizada posible. Así, se han hecho comunes sistemas como el ecuatoriano, mediante el cual se le asigna a cada individuo un día específico a la semana en el que poder salir y realizar las operaciones pertinentes. De todos modos, no deja de ser un desafío notable organizar la movilidad de una población cuyos recursos y formación, como ya hemos argumentado, no siempre permite un manejo efectivo de la información.

A modo de lectura esperanzadora, se debe tener en cuenta que la extrema contingencia a la que se enfrenta la región puede servir como estímulo para dar con políticas imaginativas que mitiguen las carencias estructurales propias de las trampas de pobreza. Para empezar, resulta urgente reducir la brecha digital, lo que invita a ahondar en medidas que garanticen el acceso gratuito a internet, algo que ya estamos viendo en Bolivia o El Salvador. Por su parte, la exclusión financiera es un desafío a medio plazo que de forma urgente se podría aliviar con propuestas alternativas que minimicen el número de personas obligadas a interrumpir su confinamiento; aprovechando que el smartphone es el dispositivo tecnológico más generalizado en la región (varios países latinoamericanos tienen más líneas móviles activas que habitantes, según datos del SGMA), una posible solución pasaría por el desarrollo de apps diseñadas específicamente para el cobro de bonos, intentando que la transacción se realice de la forma más sencilla e intuitiva posible.

Lo seguro es que, al menos en América Latina, la crisis económica venidera no se puede enmarcar como un batacazo que afectará a toda la población por igual. Ha pasado más de un mes desde que Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, vaticinara que “los grupos más vulnerables soportarán el peso de las repercusiones de la pandemia”. Parece que sus predicciones ya se están cumpliendo en una región que, por otra parte, ya era la más desigual del mundo antes de la llegada del Covid-19.

* Antonio Álvarez García es investigador asistente del Área de América Latina de la Fundación Alternativas