Agua y cambio climático en tiempos de coronavirus

El agua es un elemento esencial para poder mantener las medidas y precauciones higiénicas necesarias para evitar la transmisión del coronavirus. Lo que en Europa es una recomendación que está siendo seguida de forma generalizada, la aplicación de esta medida básica para prevenir contagios quedaría en cuestión en el continente africano.

En África son muchas las zonas que carecen de un acceso adecuado al agua para lavarse las manos. Como un factor añadido, en un momento crítico como el actual, esta carencia de recursos hídricos se agrava por el cambio climático. Por ejemplo, la sequía en el África subsahariana, junto con la falta de acceso al agua potable, que afecta a dos de cada tres habitantes de zonas rurales, incide en la situación de pobreza extrema, la pérdida de cosechas, la inseguridad alimentaria o la malnutrición infantil.

La irrupción del coronavirus supondría un factor que incidiría aún más en unas condiciones de desigualdad y vulnerabilidad con respecto al agua, y que ya de por sí se están incrementando debido al impacto del cambio climático. El Día Mundial del Agua en 2020, que se celebra este domingo 22, pretende dar relevancia a esa especial relación que existe entre agua y cambio climático, y que todos conocemos a partir del actual deshielo de polos y glaciares, el consiguiente aumento del nivel del mar, las inundaciones o la creciente escasez y contaminación del agua. Pero también enfrentamos una mayor de demanda de agua a nivel global debido al crecimiento de la población mundial, o al aumento de prácticas extractivas insostenibles, lo que incide en el daño creado al medio ambiente y los recursos hídricos existentes.

Como resultado, observamos en diferentes regiones del planeta, además de en África, un aumento de la desigualdad y la pobreza, en donde la dificultad o imposibilidad de acceder al agua está socavando los propios pilares sobre los que se asientan las sociedades. Como resultado, se observa un incremento de los conflictos internos, el crecimiento de las tensiones territoriales o el desplazamiento de personas al ver inundados sus hogares o perder sus medios de vida.

En Asia, la velocidad que está alcanzando el deshielo de los grandes glaciares en las cordilleras del Himalaya y Karakorum no solo supone una amenaza real para la disponibilidad de agua de la región más poblada del planeta, sino que también es una amenaza para la seguridad, dada su capacidad de activar conflictos regionales por la disponibilidad de unos cada vez más preciados recursos hídricos.

Por su parte, en América Latina uno de los problemas tiene que ver con la falta de infraestructuras de agua, pero también su privatización, tanto en el creciente ámbito urbano como en el rural. Con el ejemplo de la ‘Guerra del Agua’ en Bolivia, cada vez son más las respuestas populares que enfrentan esos procesos de privatización y el consiguiente aumento del coste del agua o la imposibilidad directa de acceder a la misma. De hecho, el acceso al agua se vuelve cada vez más difícil para las poblaciones más pobres y evidencia la vulneración del derecho humano al agua y el saneamiento, así como otros derechos humanos vinculados como el derecho a la salud.

 Pero la capacidad de hacer frente a esa visión mercantilista en la provisión de un servicio esencial para la vida y la salud, y que ahonda en la desigualdad y la pobreza, es una cuestión a la que no son ajenas las sociedades de los países más desarrollados. En España, por ejemplo, las experiencias de remunicipalización del agua llevadas a cabo desde diferentes enfoques, como en las ciudades de Terrassa o Valladolid, nos ofrece una lectura positiva, tanto en lo social como en lo económico. ‘Remunicipalizar’, en especial las infraestructuras y los servicios de agua en áreas urbanas, implica dirigir nuestras sociedades hacia unos modelos de gestión de bienes básicos, que se van a hacer cada vez más importantes conforme se hagan más evidentes los impactos del cambio climático.

Es fundamental que la gestión del agua sea lo más equitativa posible, lo que implica superar de forma definitiva los paradigmas basados en su uso mercantilista

De hecho, la emergencia climática va a requerir de nuestras sociedades unos procesos de reestructuración innovadores y radicales que deben estar dirigidos a mantener la cohesión social, la equidad y la solidaridad. La situación actual que enfrentamos nos sitúa, aunque de forma traumática, ante la necesidad de plantearnos tomar ese camino lo antes posible. Cuando hablamos de la respuesta ante el coronavirus y la necesidad de retomar la gestión pública de los servicios esenciales, no estamos hablando únicamente de los servicios sanitarios, sino también de los servicios sociales y asistenciales como las residencias de mayores, o también de la gestión pública del agua.

A partir de la experiencia actual, debemos incidir en la necesidad de que esa recuperación, mantenimiento y mejora de la gestión pública de los servicios esenciales, sea parte del establecimiento de unas relaciones sociales colectivas dirigidas al bien común y de disfrutar de unas instituciones y una sociedad más democrática, justa y equitativa, y que debe extenderse hacia otras regiones del planeta, pero también nos debe permitir aprender de las experiencias que se estén llevando a cabo en otros lugares.

En este sentido, esta crisis aguda del coronavirus y las medidas y transformaciones que va a experimentar nuestra sociedad a partir de la misma, nos debe situar en el camino hacia un nuevo modelo capaz de enfrentar una crisis mucho mayor y perdurable, que es la emergencia climática. Conforme los impactos del cambio climático se hagan cada vez más evidentes, nuestras sociedades van a girar más hacia la necesidad de disponer y gestionar los recursos hídricos. Es fundamental que esa gestión sea lo más equitativa y solidaria posible, lo que implica superar de forma definitiva los paradigmas basados en el uso mercantilista de este recurso.

* Jesús Marcos Gamero Rus es investigador de la Fundación Alternativas y miembro del Grupo de Investigación en Sociología del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III de Madrid