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Volkswagen España se desmarca del ‘dieselgate’ y alega su condición de empresa importadora

El juicio, impulsado por la demanda colectiva de la OCU, queda visto para sentencia

Automóviles en la planta de Volkswagen en Landaben (Pamplona).
Automóviles en la planta de Volkswagen en Landaben (Pamplona).

Visto para sentencia. Este lunes se ha celebrado la primera y única vista oral por la demanda colectiva que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó contra Volkswagen en 2017 por el escándalo de las emisiones conocido como dieselgate. Durante el juicio, que ha tenido lugar en el Juzgado Mercantil número 1 de Madrid y ha durado tan solo un par de horas, Volkswagen España se ha desmarcado del escándalo del trucaje de motores que estalló hace más de cuatro años alegando su condición de mera importadora de vehículos y remarcando que no participa en los procesos de fabricación. 

La OCU, que ya intentó en dos ocasiones llegar a un acuerdo con la firma alemana antes de acudir a los tribunales, pide por su parte 22 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, que equivalen a 3.000 euros por cada uno de los 7.500 afectados que se han sumado a la denuncia. De momento, la vía civil es la única opción abierta en España para que los afectados puedan ser compensados por el escándalo de las emisiones, ya que las acciones penales contra el fabricante han sido trasladadas a Alemania bajo el impulso de la Federación de Organizaciones de Consumidores Alemanes (VZBV).

La asociación de consumidores defiende que ha habido un engaño al consumidor, que además es notorio, y que el responsable es quien ha puesto el producto en el mercado, tal y como ha explicado Eugenio Ribón, abogado representante de la OCU, al salir de la sala del juzgado.

La empresa —cuyos abogados han declinado hacer declaración tras la vista y que ha contado con la declaración de dos peritos— ha decidido en su defensa llevar el debate a otro terreno: ha alegado que no hubo vicio en el consentimiento ni falta de conformidad, ya que el componente medio ambiental no fue clave en la decisión de compra de los adquirentes y que los vehículos siempre han funcionado. Añadió además que son distintos tanto el protocolo para medir las emisiones así como los niveles máximos permitidos en Europa y en EE UU, país donde estalló el escándalo, por lo que no hay lugar a comparación.

Antes de que arrancara el juicio, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha recordado que en países como Australia o Estados Unidos Volkswagen ha llegado a acuerdos de indemnización con los consumidores. En Europa, sin embargo, ninguna jurisdicción todavía ha condenado a la firma a compensar a los usuarios —salvo en juicios empezados por particulares—, ni se ha llegado a acuerdos entre las dos partes. Por esa razón, varias asociaciones de consumidores en distintos países han tomado la delantera y han decidido presentar sus denuncias ante la justicia.

La OCU también ha denunciado en varias ocasiones la pasividad de las Administraciones públicas españolas que tienen competencia en materia de consumo y competencia por no haber sancionado aún a Volkswagen, a diferencia de lo ocurrido en otros países. Italia, Polonia y Alemania sí han impuesto multas millonarias a la firma por manipular el software de emisiones de los vehículos. En España, la Agencia de Consumo catalana —región donde la empresa alemana tiene sede en el país— había archivado la denuncia de la OCU y negado la compensación a los consumidores al alegar que el escándalo del dieselgate no viola la normativa sobre protección del consumidor. Para conocer el fallo del tribunal habrá que esperar todavía unos meses.

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