Bruselas solo concede a España el 4% del Fondo de transición ecológica

Más es menos. La importante evolución de las energías renovables en el mercado energético nacional, que se han doblado desde el 8,3% que suponían en 2004, dejarán a España sin apenas acceso al nuevo Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, según los datos publidados este miércoles por la Comisión Europea.

El nuevo instrumento presupuestario, cuyo proyecto fue aprobado por la Comisión Europea este martes, ayudará a financiar la reconversión industrial y energética necesaria para lograr los objetivos comunitarios en la lucha contra el cambio climático. Y los países más beneficiados serán los que se han retrasado en la descarbonización de su producción energética, con Polonia y Alemania al frente.

España solo podrá optar al 4% de un Fondo que aspira a movilizar hasta 104.000 millones de euros, según el borrador del reparto elaborado por la Comisión. El documento establece la distribución por Estados según cuatro criterios que claramente penalizan a los países más avanzados en la introducción de renovables como es el caso de España.

A España le corresponderían 307 millones de los 7.500 millones que la Comisión desea destinar al Fondo de Transición Justa. Ese capital, según los cálculos de la Comisión, movilizaría otros 1.397 millones procedentes de los fondos estructurales. Y la previsible incorporación de capital privado elevaría a 4.456 millones el impacto del Fondo en España frente a los 27.000 millones de Polonia o los 13.000 millones de Alemania.

Para garantizar que una parte del Fondo llega a todos los Estados, la Comisión introduce un techo total (2.000 millones de euros) y un mínimo en intensidad de ayuda (6 euros por persona). Polonia logra el máximo. Y España se queda con una intensidad de 6,6 euros, entre las más bajas de toda la UE.

Polonia, según el reparto previsto, se quedaría con la cuarta parte del Fondo. Y Alemania podría haberse quedado con la quinta parte, pero se ha introducido una corrección (en base al PIB) que reduce su cuota al 11%. Entre esos dos países y Rumanía coparán más de la mitad de un Fondo con el que Bruselas pretende convencer a los países más reacios a asumir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en hasta un 45% en 2030 para llegar a emisiones netas cero en 2050.

"Lo que estamos haciendo es enviar un mensaje a los mineros de carbón en Asturias, Macedonia Occidental o Silesia", aseguró el martes Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Pacto Verde, durante su intervención ante el Parlamento Europeo para presentar los planes de inversión vinculados a los objetivos climáticos. Pero los cálculos privados de la Comisión, que no se hicieron públicos hasta este miércoles, muestran que el mensaje va más bien dirigido hacia Silesia y el resto de Polonia y hacia Alemania del Este.

Las cifras han sido circuladas por la Comisión entre los representantes de los Estados miembros en Bruselas, como parte de la presentación a puerta cerrada de un Fondo que forma parte del plan de financiación del llamado Pacto Verde o European Green Deal.

El principal criterio de reparto (con un peso del 49% sobre la nota final) es el nivel de emisones de gases con efecto invernadero en las regiones con una gran intensidad de producción o consumo de carbón. Y la negra palma se la llevan Alemania, en primer lugar, seguida pro Polonia, que suman casi el 50% de las más de 900.000 toneladas de CO2 emitidas en Europa por esa industria. España, con 42.700 toneladas, se queda muy lejos de esos dos países y por debajo de Italia, Francia, Holanda o República Checa.

El otro gran baremo es el número de empleos en sectores vinculados al carbón. Y España, consecuentemente, también figura en la parte baja de la tabla con 276.000 puestos de trabajo sobre un total que supera los siete millones. Polonia cuenta con casi dos millones de empleos y Alemania con algo más de 1,2 millones, según los datos distribuidos por la Comisión.

¿Dinero fresco?

La Comisión Europea desea que los 7.500 millones de euros del nuevo Fondo sean una suma adicional al próximo marco presupuestario de la UE (para 2021-2027), lo que permitiría preservar la integridad de los fondos estructurales.

Pero la negociación del marco sigue muy abierta, con un desenlace todavía incierto. Varios socios, con Holanda al frente, desean restringir al máximo el presupuesto hasta dejarlo en el equivalente al 1% del PIB de los 27 países de la UE frente al 1,16% que supone el marco actual si se descuenta la cuota correspondiente al Reino Unido (que saldrá del club el 31 de enero).

La última propuesta sobre la mesa sitúa el gasto en el 1,07%, con un tijeretazo de 50.000 millones sobre la propuesta inicial de la Comisión Europea (que aspiraba al 1,11%). La tercera parte del recorte se cebaría en los fondos estructurales, con grave impacto para el saldo neto de España que figura entre los principales receptores de esa partida.

El balance español podría deteriorarse aún más si el Fondo de Transición se nutre finalmente de los fondos estructurales, una posibilidad que desearían los países partidarios de restringir el gasto. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, será el encargado de realizar en los próximos bilaterales con las distintas capitales para tantear el grado de consenso. Y si detecta posibilidad de acuerdo, podría convocar una cumbre europea extraordinaria en el mes de febrero para cerrar las primeras cuentas de la UE después del Brexit. Unas cuentas menguantes para un club que por primera vez pierde un socio.