El Gobierno propone exoneraciones de más del 80% en los ERTE por sectores

El Gobierno pretende dar un impulso a la negociación de la prórroga de los ERTE, aunque manteniendo su idea de que ayuden solo a los sectores más castigados por la crisis del coronavirus. Para ello, el Ejecutivo propone unas exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social mucho más generosas de lo que eran hasta ahora, de alrededor del 85%. Estas llegarían fundamentalmente a actividades económicas vinculadas al turismo. De esta forma, fuentes gubernamentales aseguran que se cubriría a la mayoría de los 700.000 trabajadores afectados actualmente por ERTE.

Uno de los grandes obstáculos que se ha encontrado la negociación esta semana ha sido precisamente esa intención del Gobierno de enfocar las ayudas en los sectores más afectados. Se intenta de esta forma llegar con más potencia a los que más lo necesitan, y no con medidas más suaves que imposibilitaría su viabilidad en los próximos meses. “Si se apuesta por un peor acuerdo para que llegue a todas las empresas, en el turismo muchas empresas pasarán del ERTE al ERE”, insisten organizaciones del sector que llevan días presionando.

La propuesta se encuentra con el obstáculo de la patronal CEOE, que defiende que no se deje fuera a ninguna empresa que lo necesite. Un punto en el que va de la mano de los sindicatos, lo que ha provocado un choque frontal con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. A cambio, para tratar de encauzar la conversación, el Ejecutivo ofrece unas exoneraciones mucho más generosas —de alrededor del 85%— a las que había hasta ahora: en septiembre era del 35% en las empresas de menos de 50 trabajadores y del 25% en las de más de 50 trabajadores.

“Los sectores a los que llegaría serían los que tienen más problemas, especialmente el turismo. Aunque para las empresas dependientes de las actividades afectadas, podrán acceder si demuestran su vinculación”, explican fuentes conocedoras de la negociación. Esta sería una salvaguarda, como pedía UGT en los últimos días, para que se puedan acoger otras empresas que lo necesiten aunque tengan otra actividad económica. Así, por ejemplo, se podría beneficiar una tintorería o un catering que dependan del trabajo de un hotel. Estos supuestos contarían con el mismo nivel de exoneraciones de las compañías del sector afectado incluido en el listado que confecciona el Ministerio de Seguridad Social.

Entre los sectores que se incluirán en la lista del departamento estará turismo, de eso no cabe duda tras una temporada de verano nefasta tras el hundimiento del turismo internacional. No está tan claro que se incluya el caso de la hostelería, que sigue en el aire, así como el comercio y el transporte por carretera. Fuentes conocedoras de la negociación apuntan que estas dos últimas tienen más opciones de quedar fuera que de entrar.

Esto ha provocado la reacción de la Confederación Española de Comercio (CEC), que rechaza frontalmente la propuesta. “Es una muestra más del abandono y falta de sensibilidad por parte de Ejecutivo hacia un sector que da empleo a 3,2 millones de personas y supone el 13% del PIB nacional”, asegura la CEC en un comunicado.

El sector del comercio se encuentra en una situación crítica, inciden, con caídas de facturación que alcanzan el 50%. “El 15% de los comercios no volvió a abrir sus puertas tras el confinamiento. Sin la protección de los ERTE junto a otras medidas de reactivación que urge poner en marcha, podríamos llegar al 50% de los comercios cerrados de aquí a final de año”, afirma Pedro Campo, presidente de la CEC.

Incentivos y coste de los expedientes

La negociación para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo ha encallado esta semana por dos motivos principales: por esta sectorialización, que solo beneficiaría a las actividades económicas más afectadas, y por los incentivos para recuperar trabajadores en ERTE, algo que los agentes sociales consideran ineficaz. Sobre estos incentivos ha incidido en las últimas reuniones Seguridad Social, algo de lo que se ha quejado UGT en un comunicado.

Las diferencias sobre las prestaciones y el contador a cero, que dependen del Ministerio de Trabajo, se han encauzado en los últimos días. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes en Barcelona que confía en que llegue pronto la prórroga de los ERTE para los sectores “que lo sigan necesitando”. La ministra ha anunciado que pese a que todavía hay muchos puntos que se están negociando se va a mantener el “70% de la base reguladora” de los trabajadores en ERTE a partir del sexto mes. La ministra también ha añadido que siguen las negociaciones para extender la baja laboral a los padres cuyos hijos “tengan que ser cuarentenados en las escuelas”.

Díaz ha comparecido con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y juntas han anunciado que el próximo 1 de mayo se celebrará en la capital catalana un foro internacional que aborde cuál será el futuro de los trabajos. Según Colau, este foro se celebrará según marquen las directrices sanitarias del momento, y abordará temas como: “La lucha contra la precariedad laboral, como impedir que las plataformas sean fuentes de explotación, apoyo al cooperativismo, la innovación socioeconómica, lucha contra la emergencia climática, nuevos retos para la nueva movilidad, la economía feminista, la política de distribución de trabajo, el teletrabajo…”.

La mayoría de los flecos pendientes están en el lado del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, con el que los agentes sociales han mostrado públicamente sus diferencias. Tanto que CEOE insiste en conocer el coste del real de los ERTE porque no se cree los datos que les facilita el departamento que dirige José Luis Escrivá.

En lo que sí parece que será fácil alcanzar acuerdo entre Gobierno y agentes sociales es en que se mantenga una flexibilidad absoluta con los ERTE de rebrote. Estos no tendrán las mismas restricciones de acceso que los generales si se acuerda la prórroga por sectores hasta final de enero. “Se tiene que negociar todavía los ERTE de rebrote, pero el Gobierno defiende esta flexibilidad”, argumentan fuentes del diálogo social, por lo que el acuerdo debe ser fácil.

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