La patronal pide al Gobierno conocer el coste de los ERTE

Gobierno y agentes sociales han vuelto a reunirse este martes para avanzar en la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Según las partes, el día ha dejado pocos avances significativos y algunas peticiones cruzadas. Entre ellas, por ejemplo, la patronal ha reclamado conocer el coste de los ERTE, en línea con lo afirmado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. “Falta información. Queremos saber lo que han costado los ERTE en la parte de los trabajadores y de las exoneraciones a las empresas”, ha reclamado en la clausura de la Asamblea General de CEIM.

La respuesta ha llegado rápido por dos vías diferentes. Por un lado, una de las partes de la mesa del diálogo social, el Ministerio de Trabajo, ha señalado que la patronal tiene el dato del gasto en prestaciones desde el inicio de las negociaciones. Según fuentes del departamento, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha destinado ya 10.752 millones y en lo que queda de año estiman una factura aproximada de 3.000 millones, siempre vinculado a la situación sanitaria. “En total, el SEPE dedicará a prestaciones unos 14.000 millones hasta final de año, aunque somos muy prudentes y se trata de previsiones”, afirman estas fuentes. A esto habría que sumarle el coste que tenga para la Seguridad Social, que no ha facilitado su previsión. “La incertidumbre es tan grande que no hacemos un cálculo. Que cueste lo que tenga que costar, ojalá lo menos posible”, defienden portavoces del ministerio que dirige José Luis Escrivá.

Por otro lado, la ministra portavoz, María Jesús Montero, también ha contestado a la patronal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montero lo ha cifrado en su caso en torno a 4.500 y 5.000 millones al mes, por encima de lo asegurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una semana en el Senado. Sobre la factura para final de año, la ministra de Hacienda se ha limitado a decir que será una cantidad “muy importante”. Según el cálculo facilitado por Montero, entre marzo y final de septiembre la factura habría sido de unos 30.000 millones, por lo que la cifra hasta final de año se acerca e incluso podría superar la previsión adelantada este martes por EL PAÍS.

Pocos avances

De esta forma, la mirada parece haberse desviado este martes de las diferencias que faltan por limar para cerrar el alargue de los ERTE. Este lunes se superó en parte la fecha límite, al abrirse el Gobierno a que la prórroga sea hasta el 31 de enero. Pero faltan otros muchos detalles que están atascando el acuerdo, por ejemplo, poner negro sobre blanco cuáles serán las bonificaciones y exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social. La mesa tiene previsto reunirse todos los días de la semana y esperan que se cierre en días. Aunque será necesario que haya mayores acercamientos, sobre todo en el tema de incentivos y exenciones, en el que hay grandes diferencias entre los agentes sociales y el Ministerio de Inclusión.

Sobre el encuentro, desde las patronales destacan la falta de grandes avances. Y se citan a “seguir negociando”. Y en los sindicatos, por su parte, las declaraciones brillan por su ausencia. Ni CC OO ni UGT quieren entrar en detalles hasta cerrarse el acuerdo. Aunque el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calificó este lunes de trilerismo la actuación del Gobierno. “Queríamos cerrar un acuerdo lo antes posible, las bases estaban puestas, pero el Ejecutivo aparece ahora con una propuesta de última hora, la de eliminar el contador a cero en el desempleo de las personas en ERTE, y esto es algo que no vamos a asumir”, sostuvo Álvarez. Fuentes del diálogo social aseguran que lo del contador a cero, que supone que los ERTE empiecen a gastar tiempo de paro a partir de octubre, sigue sin estar cerrado.

El otro gran caballo de batalla está en la lista de los sectores más afectados que tiene que confeccionar el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Portavoces del departamento no quieren dar detalles por el momento, pero fuentes del Ejecutivo señalan que se hará pública en los próximos días. Esto supondrá en la práctica que los nuevos ERTE ofrecerán una protección diferencial en función de la empresa y el sector al que pertenezca. Además, según fuentes del diálogo social, se ha puesto sobre la mesa que haya diferentes niveles de exoneración de cuotas para centrar los esfuerzos en los que más penurias estén sufriendo.

Los agentes sociales no terminan de ver esta fórmula con buenos ojos, ya que puede dejar de lado a algunas compañías que necesiten acogerse al mecanismo. Ignacio Hidalgo, socio departamento laboral de Auren Abogados, explica las distorsiones que se podrían generar si no hay una regulación general: “Puede haber empresas de un mismo sector que estén muy afectadas por la caída del turismo y otras que no, por ejemplo, con la restauración en función de dónde estén ubicados. Las empresas que mantienen los ERTE lo hacen porque lo necesitan, no por capricho”, sostiene el experto en laboral.

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