Malestar en el SEPE: los funcionarios denuncian trato discriminatorio y amenazan con ir a la huelga
Trabajadores y sindicatos reclaman que se equiparan sus condiciones con los de la Seguridad Social, que recibirán una compensación por tramitar el ingreso mínimo vital
El desgaste personal y laboral que atraviesan miles de trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha dibujado una curva ascendente a partir de la declaración del estado de alarma a mediados de marzo. Desde entonces, la carga de trabajo de los cerca de 8.000 funcionarios que componen este organismo, con la presentación de cientos de miles de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ha resultado una ola gigante cada vez más difícil de surfear, que ha terminado por romper en la orilla.
Un millar de empleados del SEPE se plantean la posibilidad de convocar una huelga si no se reconocen sus excepcionales condiciones de trabajo, y se equiparan las de los funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Todos ellos se beneficiarán de un plan de intensificación y reconocimiento de horas extra tras la aprobación del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno el pasado 29 de mayo, algo que ha terminado por colmar la paciencia de los trabajadores del SEPE, quienes lo consideran un agravio comparativo.
“Solo van a tramitar una ayuda y para ello van a tener unas condiciones más dignas”, protesta una trabajadora del organismo que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias, que indica que esa compensación podría alcanzar los 3.600 euros por trabajador. “Nosotros, además de todos los ERTE, hemos tenido que ir haciéndonos cargo de los distintos cambios que el Gobierno ha ido realizando en la normativa como consecuencia de la covid-19”, añade. “Desde un principio recibimos el aluvión de tareas sin rechistar, lo que nos llevó a trabajar de lunes a sábado, e incluso el domingo también muchas semanas. En ningún momento hemos recibido información sobre la remuneración por horas extra, festivos o sábados trabajados", continúa esta funcionaria que forma parte del recién creado Movimiento Sepe, el colectivo que dice reunir a un millar de trabajadores que secundan la huelgan y que ha decidido no alargar su jornada laboral hasta que no se regule su situación.
Según los datos del SEPE, desde finales de mayo se han tramitado cinco millones de prestaciones. “No vamos a permitir que se nos siga tratando como a empleados de segunda: ni respecto de nuestros equivalentes en el INSS o la TGSS, ni respecto del personal de los servicios de empleo de las CCAA”, abunda un director de oficina con 30 años de experiencia.
Aumento del coeficiente de error
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierten de que “el coeficiente de error de los expedientes de ERTE que recibe el SEPE ha subido los últimos días del 11,6% al 14%". "Esto significa que aunque se van resolviendo de manera paulatina los expedientes pendientes, siguen entrando miles de nuevos ERTE con errores y que, por tanto, se tienen que paralizar para corregirlos”, asegura un portavoz del sindicato. Esta circunstancia no casa, según trabajadores y sindicatos con la previsión de reapertura al público de las oficinas que valoran las Administraciones. “La gente está muy en contra de la precipitación por la reapertura al público de las oficinas, porque considera que no se están tomando las medidas de seguridad y sanitarias pertinentes. Está claro que hay prisa por abrir de cara a los ciudadanos, pero muchos de ellos están muy cabreados porque algunos no han cobrado el ERTE y con quienes lo pagan es con los trabajadores del SEPE”, aseguran desde el Movimiento SEPE. "Nadie estaba preparado para esto, ninguna Administración lo estaba. Además, el nuestro no es un entorno donde el teletrabajo hubiera existido anteriormente, por lo que ha habido que adaptarse a una situación muy excepcional”, puntualizan.
Desde el Movimiento SEPE han inundado el buzón electrónico de Yolanda Díaz, la Ministra de Trabajo y Economía Social, enviando una carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS, y en la que critican sus declaraciones de marzo en las que aseguró que todos los trabajadores recibirían “a tiempo” sus prestaciones. “¿Cómo es posible que pudiera hacer tal aseveración? Los usuarios se merecen honestidad, y no es honesto asegurarles un cobro que, a fecha de hoy, más de dos meses y medio después, algunos no han recibido, y en caso de que lo vayan a recibir, ya será para julio”, señalan en la misiva.
Este jueves está prevista una reunión entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo en la que se abordarán todos los aspectos que conciernen la ejecución del trabajo por parte de un colectivo que mientras se resuelva este encuentro ya ha adoptado la decisión no extender ni una hora más su jornada laboral.
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