La crisis del coronavirus

Rebelión en el Reino Unido contra la cuarentena impuesta a los viajeros

El Gobierno ya indica su voluntad de revisar la norma antes de aplicarla

El aeropuerto londinense de Gatwick ha permanecido vacío durante el mes de mayo
El aeropuerto londinense de Gatwick ha permanecido vacío durante el mes de mayoHANNAH MCKAY / Reuters

Empieza a ser el patrón de conducta del Gobierno de Boris Johnson en la gestión de esta crisis. Downing Street ya ha comenzado a señalar su voluntad de corregir una norma que ni siquiera ha entrado en vigor, a pesar de haber sido profusamente anunciada. A partir del 8 de junio, los visitantes del Reino Unido deberán someterse a dos semanas forzosas de aislamiento. Ante las críticas de un amplio grupo del Partido Conservador, de la oposición laborista y del sector turístico, el Ejecutivo ya sugiere que en la primera revisión prevista (el 29 de junio) cambiará drásticamente su decisión para convertirla en algo más selectivo. La respuesta más sensata y que genera más consenso es la de los llamados “puentes aéreos”, que pretende facilitar el tráfico de viajeros con aquellos países que han logrado controlar el virus. Que son en general muchos de los destinos turísticos favoritos de los británicos.

“Lo hemos visto por todo el mundo. Todos están adoptando medidas de desescalada y una estrategia selectiva es un modo mucho más razonable de actuar”, ha dicho a la BBC Stephen Hammond, ex secretario de Estado de Transportes y una de las principales voces críticas de la medida. Johnson se apoyó en sus asesores científicos para defender una decisión que pocos entendían, porque se pretendía adoptar en el momento en que la pandemia parece estar claramente remitiendo. Se trataba de controlar en el futuro la entrada del virus en el país una vez que se hubiera logrado aplanar la curva de contagios. Se anunció hace ya dos semanas, cuando el número de viajeros llegados al Reino Unido había descendido más de un 90%. Y se retrasó al 8 de junio con la idea de avisar con tiempo de sobra a quien tuviera planes de visitar el país. Aun así, al afectar también a los propios británicos, el daño infligido a la industria aérea y al sector turístico, a punto de comenzar la temporada veraniega, amenazaba con ser irreversible. Easyjet, la compañía británica con mayor número de vuelos, ha encabezado la rebelión con el anuncio de que pretende tener operativos para agosto la gran mayoría de sus vuelos. “La idea en sí es tremendamente disruptiva y no creo que cumpla en estos momentos su propósito inicial. Hace cuatro meses hubiera servido, pero ahora da la impresión de que nos replegamos justo cuando todo el mundo echa a volar”, ha dicho el diputado conservador Roger Gale.

Cuando la ministra del Interior, Priti Patel, quien a ojos de la oposición es el azote de la inmigración y ha sido la mayor defensora de la decisión frente al ministro de Transportes, Grant Shapps, anunció los planes de cuarentena hace dos semanas no quiso dar alas a ninguna otra alternativa. “La prioridad es combatir el virus. Los británicos deben hacerse a la idea de evitar reservas vacacionales”, dijo entonces. En los últimos días, varios responsables del Gobierno han admitido que la idea de los “puentes aéreos” va cobrando fuerza -"seguimos contemplando esa posibilidad", ha dicho este lunes un portavoz de Johnson- y dan por sentado que, en cuanto pasen las tres semanas impuestas antes de revisar la medida de la cuarentena, se aflojará su severidad. El problema, sugieren algunos, es que el Reino Unido, que tiene en estos momentos las peores cifras del virus en toda Europa, no tendrá fácil buscar pactos de reciprocidad con otros países.

A partir del lunes, los viajeros que entren en el Reino Unido deberán haber rellenado un formulario que especifique dónde van a permanecer encerrados durante 14 días. En el caso de no determinar una residencia clara, el Gobierno se encargará de buscarles alojamiento y les traspasará el coste. Negarse a rellenar el formulario acarreará una multa de poco más de cien euros. Saltarse la cuarentena supondrá una sanción de unos 1.100 euros y la posibilidad de un proceso penal si hay reincidencia. La Policía de Fronteras asumirá el control de los recién llegados a través de un método aleatorio de llamadas telefónicas y visitas. Se calcula que el control afectará a un 20% de los visitantes. Los ciudadanos de la República de Irlanda o los británicos de Irlanda del Norte quedarán exentos del control, por lo que algunos críticos han señalado el absurdo de poder viajar hasta Dublín y de allí a Londres sin necesidad de sufrir la cuarentena forzosa.

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