Los científicos comienzan a rebelarse contra Boris Johnson

Angela McLean (Kingston, Jamaica, 58 años) es profesora de Biología Matemática en la Universidad de Oxford, segunda asesora científica jefe del Gobierno británico, con el título de dama por sus méritos profesionales. Y este martes ha comenzado a sugerir que los expertos que han asesorado a Boris Johnson en el manejo de la pandemia no tienen intención de cargar con la culpa de los errores cometidos cuando llegue el ajuste público de cuentas. Que las decisiones, pasadas y futuras, han sido políticas.

El formato es cada día el mismo. Un miembro del Gobierno comparece en rueda de prensa acompañado de uno o dos de los científicos que forman parte del Grupo Asesor Científico de Emergencias (SAGE, en sus siglas en inglés). El político explica la aparente estrategia y los éxitos logrados; cuando la pregunta se complica, pasa la pelota a los científicos. En esta ocasión, era el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, George Eustice, quien intentaba explicar cómo la vuelta al trabajo de los británicos podía llevarse a cabo si se seguían las medidas de seguridad correctas. “Como científicos hemos dejado muy claro que cualquier cambio en las medidas de confinamiento necesita antes un sistema de contacto y rastreo eficaz y activo, y que cualquier modificación en las normas de distanciamiento social deberá basarse en el número de incidentes registrados en cada sector concreto y no en una fecha fija”, matizaba McLean, quien para esa afirmación concreta decidía leer directamente del atril.

El Gobierno de Boris Johnson lleva ya una semana anunciando las cifras de voluntarios (18.000 era el objetivo inicial) que se han sumado al sistema de detección y rastreo que pretende poner en marcha en las siguientes fases del confinamiento. Pero es incapaz de decir con certeza cuándo sería efectivo y todo parece indicar que habrá que esperar hasta junio. Mientras, padres y profesores se han rebelado ya contra el anuncio de Downing Street de que los colegios de primaria abrirían sus puertas el 1 de junio. “No es justo, no es razonable y nos somete a una enorme presión. Las indicaciones del Ministerio de Educación son francamente insultantes. Fragmentadas, apresuradas y totalmente inadecuadas”, ha dicho Mary Bousted, vicesecretaria general de la Unión Nacional de Educadores, el principal sindicato de profesores.

Los ministros repiten cada día el número de test realizados hasta la fecha y el responsable de Sanidad, Matt Hancock, ha anunciado ahora que el Gobierno hará la prueba a todo ciudadano mayor de 5 años que presente síntomas. Pero esta campaña continua, acusan los críticos, pretende camuflar el error inicial de Downing Street, cuando decidió frenar sus planes de test masivos y concentrarse en que se realizaran al personal sanitario. Cada vez está más claro que en esa ocasión no fue la ciencia la que guio el criterio de los políticos, sino la pura necesidad. El Gobierno no se había preparado con tiempo y no disponía de suficientes kits de PCR. “El consejo que dimos entonces tuvo en cuenta el material de que entonces se disponía. Era lo mejor que se podía hacer con los test que teníamos”, ha dicho McLean. Un modo de señalar que no se actuó bajo estrictos criterios técnicos, como siempre ha defendido el Gobierno.

La tensión entre expertos y políticos ha dado un paso más cuando la ministra de Trabajo y Pensiones, Thérèse Coffey, se ha visto acorralada en una entrevista televisiva, en SkyNews, ante los errores iniciales del Gobierno en el manejo de la pandemia, especialmente en las residencias para mayores. “Si la ciencia se equivocó en esos momentos, los consejos que recibimos fueron erróneos. No me sorprende que la gente pensara que nos equivocamos. Recibimos asesoramiento de los científicos, aunque luego los ministros decidan”, decía Coffey.

Adrian Smith, el estadístico recién elegido presidente de la prestigiosa academia de ciencias Royal Society, se ha sumado al creciente número de voces de científicos y diputados que reclaman al Gobierno que publique todas las actas de las reuniones del SAGE con los consejos que recibió. “Es muy peligroso ese mantra que repiten los políticos de que se han limitado a hacer lo que les decían los científicos. Son ellos los que deben tomar al final las decisiones”, ha dicho Smith.

Se acerca el inevitable momento, como ha ocurrido en otras ocasiones (por ejemplo, la guerra de Irak), de que una comisión independiente acabe investigando cómo se gestionó la crisis y en las respuestas de los ministros comienza a verse la cautela de quien no desea que sus palabras sean usadas en su contra. Y en ese juego de asignar culpas, los científicos, conscientes desde un primer momento de la incertidumbre generada por un virus desconocido, no van a permitir que se les cargue la responsabilidad de las decisiones aparentemente firmes pero contradictorias del Gobierno.

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