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OPINIÓN i

Las ‘fintech’ y los derechos ciudadanos

Es fundamental que las reflexiones de juristas y científicos sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas en los derechos de los usuarios se materialicen en normas europeas

Servidor sala de centro de datos.
Servidor sala de centro de datos. GETTY

La introducción de las fintech (empresas de tecnología financiera) se está realizando a una gran velocidad en nuestro país aunque a un ritmo inferior al del Reino Unido y Alemania. Se observa en las actividades más cotidianas. Los pagos en efectivo, por ejemplo, caen aceleradamente mientras aumenta el uso del dinero electrónico.

Los cambios afectan a la base del sistema financiero. La irrupción de los gigantes tecnológicos como Google, Apple o Facebook inquieta a la banca tradicional. Sin embargo, los bancos en lugar de considerar a los nuevos actores como una amenaza han optado por colaborar con ellos. Un informe de KPMG revela que un 26% de bancos ya se ha asociado con alguno de los gigantes tecnológicos y otro 27% tiene previsto hacerlo el próximo año.

La transformación tecnológica con sus numerosas ventajas es imparable y no parece que encontrar el encaje técnico adecuado vaya a ser un problema. El auténtico desafío está en asegurar que estos cambios tecnológicos (nuevos sistemas de pagos, monedas virtuales, blockchain, robots o el big data) preservan los derechos de los ciudadanos.

El magistrado Francisco González de Audicana, ha realizado un valioso esfuerzo al analizar todas estas innovaciones desde un punto de vista jurídico en Las Fintech B2C. Análisis práctico y jurídico (AFERRE). González de Audicana señala que Europa ya ha tomado un posicionamiento claro de protección del usuario a diferencia de los grandes mercados mundiales, en referencia a China y Estados Unidos.

El magistrado se confiesa “partidario de que este sector quede perfectamente regulado, encorsetado, lo que dota de mayor transparencia al servicio ofrecido por la fintech, antes que una libertad en el ejercicio de las funciones, que sin duda repercutiría de manera negativa en los derechos del usuario”. González de Audicana indica que este es el camino seguido por Francia, con el plan Le Pacte, de abril de 2019. Y apunta que este país pretende liderar a la Unión Europea, “potenciando las fintech y su competencia, sin olvidar, el fin económico europeo de protección de los intereses de los consumidores tutelado constantemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Sobre esta materia la Revista Económica de Catalunya ha dedicado un número especial a la Economía digital, coordinado por Néstor Duch-Brown que analiza los avances realizados en Francia en este campo. La publicación entrevista a Yassine Lefouili, director del centro digital de la Toulouse School of Economics, (TSE) que explica que uno de sus programas de investigación se refiere a la inteligencia artificial y la sociedad. Según Lefouili el propósito es “examinar las interdependencias morales y económicas que se derivan de la introducción de la inteligencia artificial en ámbitos de alta relevancia como la salud, la justicia, las finanzas y el transporte”. Es fundamental que las reflexiones de juristas y científicos sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas en los derechos de los usuarios se materialicen en normas europeas. 

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