La mitad del consejo de la CNMC termina hoy su mandato oficial de seis años
El presidente, la vicepresidenta y tres vocales se mantendrán en sus cargos al no poder ser sustituidos por un Gobierno en funciones
Este lunes vence el plazo de mandato del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ocupa José María Marín Quemada desde hace seis años, así como de la vicepresidenta, María Fernández, y de tres vocales: Clotilde de la Higuera, Benigno Valdés y Josep María Guinart. Es decir, la mitad de los 10 miembros del pleno del consejo de la institución, que fueron nombrados tras su creación en septiembre de 2013 por el primer Gobierno de Mariano Rajoy, aunque no tomaron posesión de los cargos hasta un mes después.
Los nombramientos se hicieron para seis años sin posibilidad de renovación. Sin embargo, mientras haya un Gobierno en funciones, como es el caso, no podrán ser sustituidos, por lo que los cinco continuarán ejecutando sus tareas hasta que un Gobierno constituido decida su relevo. Los sustitutos propuestos deben someterse a la aprobación del Congreso de los Diputados, donde deben pasar una prueba de idoneidad. La falta de acuerdo para formar Gobierno y la posibilidad de que se realicen nuevas elecciones puede llevar a una situación de interinidad de varios meses. De hecho, uno de ellos, Guinart, lleva dos años en esa situación.
Fuera del ámbito económico, la parálisis política también mantiene en funciones un órgano clave del Estado como es el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está caducado desde diciembre del pasado año. También sigue varado el concurso público para renovar la cúpula directiva y el Consejo de Administración de RTVE.
En el caso de la CNMC, si no se forma Gobierno sería el actual equipo el que pondría en marcha las 14 circulares de regulación del mercado eléctrico y gasista, que han pasado el periodo de alegaciones. Ahora la CNMC debe analizar esas alegaciones y decidir si incorpora modificaciones a sus propuestas a las circulares definitivas para su entrada el 1 de enero de 2020. Las propuestas han originado un gran lío en el sector por el recorte de la retribución por la distribución de electricidad y gas (un 7% en el primer caso y un 17,8% en el segundo) y de los peajes (un 26% para los consumidores domésticos y un 6,7% para los industriales) durante el periodo comprendido entre 2020 y 2025.
La CNMC fue el resultado de la fusión de varias comisiones (principalmente la de Competencia, la de Energía y la del Mercado de las Telecomunicaciones) que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy con la oposición de los grupos de izquierda, que se negaron a proponer candidatos para su consejo. Este esquema ha planteado el debate sobre la independencia necesaria de los miembros de la institución, que son elegidos (como en otros organismos) por cuota y la necesidad de garantizar la verdadera independencia de los estos.
Hace dos años, todavía con el PP en el Gobierno, se planteó una vuelta al modelo antiguo. Sin embargo, el largo proceso de incertidumbre e inestabilidad política que ha tenido el país durante este periodo, unido a que el modelo actual ha funcionado e incluso se ha revitalizado con la recuperación de competencias de regulación que estaban en el Ministerio de Energía, ha retrasado cualquier decisión. De momento, la consulta de Economía sobre la transposición de la directiva europea ECN+ (por sus siglas en inglés, European Competition Network) para reforzar y homologar la aplicación del derecho de la competencia en los Estados miembros de la UE no incluye este cambio.
El CES y la Airef, también a la espera
Además de la CNMC, el Gobierno debe abordar el nombramiento de presidente del Consejo Económico y Social (CES), el organismo consultivo del Gobierno en materia social y laboral del que forman los agentes sociales que está adscrito al Ministerio de Trabajo, que quedó vacante el pasado abril tras la marcha de Marcos Peña. Tras la dimisión de Peña ocupa el cargo en funciones Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. Para su relevo, la ministra del ramo, Magdalena Valerio, ha barajado el nombre de María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2011.
También se acaba el mandato de Rafael Castejón como consejero del Banco de España, donde es miembro de la Comisión de Auditoría, que puede ser renovado cuatro años más. Asimismo, en febrero debe sustituir a José Luis Escrivá como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Este cargo no es renovable ni su inquilino puede permanecer en situación de prórroga. Es decir, obliga a buscar un sustituto con premura, aunque es previsible que para febrero ya haya Gobierno.
La CNMV, por su parte, no tiene movimientos hasta el otoño de 2020, cuando por cuatro años deben renovar (o no) el presidente, Sebastián Albella, y la vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina.
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