La deuda pública alcanza otro récord y vive su mayor subida en tres años
Las administraciones públicas deben una cantidad equivalente al 98,4% del PIB, lejos del objetivo del Gobierno para finales de año del 95,8%
1,21 billones de euros. Es la nueva cifra que deberá tener en mente el Gobierno que finalmente se forme. Es el pico de deuda que las administraciones públicas tocaron en junio. Ese mes marcó un nuevo récord en los números rojos que arrastra la economía española, algo tristemente habitual en los últimos años. Pero además de alcanzar otro máximo, el salto de la deuda pública en un mes, del 1,2%, fue el mayor en tres años. Esta mala noticia se explica sobre todo por el deterioro de la actividad —a menor crecimiento del PIB, menores ingresos públicos— y al mayor gasto de las administraciones.
Crece la preocupación sobre el devenir de la economía internacional. La europea, con el riesgo de Brexit sin acuerdo, está en primera línea de fuego. Y, en este contexto, España toca otro máximo de deuda pública. El pasado junio aumentó en 14.644 millones de euros, hasta los 1,21 billones, según publicó el martes el Banco de España.
Este incremento supone alcanzar el techo histórico en el dinero que deben todas las administraciones públicas. No es esto algo insólito: el anterior se había tocado hace bien poco, el pasado marzo. La subida mensual de junio destaca por otro factor: es la mayor desde el mismo mes de 2016. Y muestra además que España se queda con un colchón fiscal extremadamente fino en el caso de que la situación económica se deteriore seriamente.
¿Cómo se explica este repunte de la deuda? Por una parte, es un efecto del agotamiento del ciclo económico expansivo. Pese a que España aún crece más que sus vecinos europeos, los últimos datos del PIB han sido decepcionantes. Entre abril y junio, la actividad subió un 0,5%, un notable retroceso frente al 0,7% del primer trimestre, cuando había sorprendido el vigor de los datos españoles frente a los de la eurozona.
Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, justifica el repunte de la deuda por un cóctel de menores ingresos y mayores gastos públicos. “Los datos consolidados hasta mayo, y los del Estado hasta junio, muestran una desaceleración de las entradas de impuestos, sobre todo de sociedades y también de IVA e IRPF. Las cotizaciones sociales, sin embargo, evolucionan favorablemente”, asegura. “El gasto público, por su parte, aumenta a un ritmo superior como consecuencia del alza del consumo público y a pesar de la reducción de la carga de intereses”, añade este analista. El préstamo de unos 13.800 millones en el que ha incurrido la Seguridad Social para pagar las pensiones también ha contribuido a alimentar la deuda pública.
En mayo, el Ministerio de Hacienda atribuyó el aumento del déficit del Estado del 39% en el primer trimestre del año a gastos sin equivalencia en el mismo periodo del año anterior como la subida de la remuneración de funcionarios y de las pensiones.
El Banco de España tan solo dio a conocer el número absoluto de deuda, no el porcentaje del PIB que supone. Según los cálculos del Ministerio de Economía, el alza de junio deja la ratio en el 98,4% del PIB, un porcentaje que queda lejos del objetivo del 95,8% que se marcó el Gobierno para finales de este año. Pese a esta distancia, el departamento que dirige Nadia Calviño señaló en una nota que los datos publicados el martes son “compatibles” con el objetivo de 2019.
Optimismo del Gobierno
Pero el optimismo del Gobierno no es compartido por varios analistas. “Nuestra previsión de deuda sobre PIB excede la del Gobierno en torno a medio punto porcentual, cifra que podríamos corregir al alza en función de la evolución de la economía”, asegura el analista de Funcas. Raymond Torres sí comparte, en cambio, parte de la argumentación del Ejecutivo al admitir la posibilidad de que el ritmo de colocación de deuda disminuya en los próximos meses. “Si es así, la deuda aumentará a un menor ritmo durante el resto del año”, concluye.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya había alertado el pasado junio de que la deuda pública española corre el riesgo de quedar estancada en el entorno del 90% en los próximos años si el país no reduce su déficit estructural. El Gobierno, por su parte, se ha propuesto bajar de la barrera del 90% en 2022, un objetivo que ahora parece difícil de cumplir.
En términos porcentuales, el volumen de deuda no supone un máximo histórico, ya que en 2016 se superó por primera vez la barrera del 100%. La ruptura de la barrera psicológica del billón de euros de deuda se produjo en marzo de 2014. Y en junio de 2016 se superó el hito de los 1,1 billones. Ahora, en otro mes de junio, se franquean los 1,21 billones.
Por administraciones, la deuda del Estado explica casi todo el aumento de junio, al crecer en 14.059 millones, hasta los 1,065 billones de euros. La de las comunidades autónomas también contribuyó a los números rojos, al aumentar en 1.493 millones, mientras que las corporaciones locales engordaron la factura tan solo con 294 millones adicionales.
El Ministerio de Economía explicó que el saldo mensual de deuda tiene “una evolución muy volátil y condicionada” por las emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos en enero, abril, julio, octubre y noviembre. “En esos meses se producen reducciones de saldo, mientras que en los restantes meses el saldo aumenta, especialmente en el primer semestre”, añade la nota.
El Gobierno reduce el objetivo de emisión a 30.000 millones
El Tesoro Público colocó el martes 1.575 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, por encima del rango medio previsto, y con tipos más negativos que las anteriores emisiones similares. El organismo dependiente del Ministerio de Economía se había marcado como objetivo captar en esta última subasta de agosto entre 1.000 y 2.000 millones de euros.
En la subasta del martes, el Tesoro colocó 550 millones en letras a tres meses y ofreció un tipo de interés marginal del -0,527%, más negativo que el ofrecido en la subasta anterior del mismo tipo de papel (-0,510%).
En letras a nueve meses, el Tesoro recibió una demanda de 4.050 millones de euros y colocó una cuarta parte, 1.025 millones, a un tipo marginal del -0,544%, también más negativo que la rentabilidad ofrecida en la subasta previa (-0,471%).
El Gobierno ha reducido la emisión neta de deuda pública prevista para 2019 a 30.000 millones de euros, frente a los 35.000 millones inicialmente estimados gracias a la buena evolución de los ingresos fiscales, la ejecución presupuestaria y el ahorro obtenido en la gestión del Tesoro.
Disminuye también en la misma cantidad la emisión bruta prevista para este año, 204.526 millones de euros. Además, el Ejecutivo decidirá en otoño si tiene margen para reducir la emisión neta de deuda prevista, según aseguró la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño.
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