Competencia sanciona con 80,6 millones a un cartel de empresas lácteas
La multa del supervisor se reparte entre ocho firmas y dos asociaciones del sector
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 80,6 millones de euros a ocho empresas lácteas y dos asociaciones por prácticas anticompetitivas en detrimento de los intereses de los ganaderos, algo que el supervisor considera como una infracción muy grave. Entre las empresas sancionadas hay firmas conocidas como Capsa, Danone o Nestlé.
Esta sanción es el resultado de un procedimiento que fue instruido y resuelto en 2015, cuando la CNMC sancionó a 11 empresas y asociaciones del sector con 88,6 millones de euros. Esta multa fue anulada poco después por la Audiencia Nacional tras un recurso de Nestlé, que alegaba un defecto de forma. Pero el pasado enero la CNMC reabrió el expediente.
Rebaja de ocho millones
La propuesta de sanción presentada este viernes reduce en ocho millones de euros la multa original que Competencia impuso en 2015. Capsa (Central Lechera Asturiana o Larsa) recibe mayor sanción (21,8 millones), seguida por Danone (20,2 millones), Grupo Lactalis Ibéria (11,6 millones), Industrias Lácteas de Granada (10,2 millones), Calidad Pascual (8,5 millones), Nestlé (6,8 millones), Schreiber Food España (929.644 euros), asociación de Empresas Lácteas de Galicia (60.000 euros), el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (90.000 euros) y Central Lechera de Galicia (53.310 euros).
Las conductas ilícitas tuvieron lugar entre 2000 y 2013, y el expediente se empezó a raíz de un estudio sobre el sector remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León y una denuncia de las Uniones Agrarias (Unión de Pequeños Agricultores, UPA) contra las empresas transformadoras de leche.
Las prácticas ilícitas incluían intercambio de información sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra y excedentes, con el objetivo de controlar el mercado de aprovisionamiento limitando la competencia y mermando la libertad de los ganaderos para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban. La resolución de Competencia puede recurrirse en la Audiencia Nacional.
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