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EE UU investiga la ‘tasa Google’ que ha aprobado Francia este jueves

La Administración Trump teme que la estructura del impuesto afecte de manera injusta a las grandes tecnológicas

El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca
El presidente Donald Trump en un evento en la Casa BlancaCarlos Barria (REUTERS)

La cruzada francesa contra las tácticas fiscales de las grandes tecnológicas se topa con un problema al otro lado del Atlántico: la oficina de Comercio Exterior de los Estados Unidos ha anunciado el inicio de investigación a la conocida como tasa Google. Trump le ha ordenado que compruebe como de perjudicial es el nuevo impuesto para sus gigantes tecnológicos. Y amenaza con aplicar aranceles a las importaciones francesas, como el vino o los automóviles, si determina que el gravamen penaliza injustamente a estas empresas. El Senado francés aprobó el tributo horas después pese a las amenazas.

París ha liderado la creación de esta figura tributaria en Europa. Siempre ha buscado una solución multinacional. Pero decidió anticiparse al resto ante el bloqueo de Irlanda y los países nórdicos en el seno de la UE, y ha aprobado este jueves el impuesto sobre determinados servicios digitales a la espera de que otros países como España o Reino Unido se sumen a su iniciativa. Este tributo, avalado por el Senado francés sobre las grandes tecnológicas —conocidas bajo el acrónico GAFA, en referencia a Google, Apple, Facebook y Amazon—, ha sido bautizado popularmente como tasa Google.

Pero el tributo ha soliviantado a la Administración de Donald Trump. “A los Estados Unidos les preocupa mucho que el impuesto se dirija de manera injusta a las empresas estadounidense”, señaló el miércoles por la noche Rober Lighthizer, el responsable de la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos. “El presidente ha ordenado que investiguemos la nueva legislación francesa y determinemos si es discriminatoria o no razonable y limita o entorpece el comercio de EE UU”, precisó.

Este alto cargo estadounidense anunció la investigación sobre la tasa Google de Francia con la misma base legal —sección 301— con la que atacó a China por el robo de propiedad intelectual. La investigación se prolongará durante cerca de un año. Si se determina que el impuesto tiene un impacto negativo para las empresas estadounidenses, se activará el mecanismo de negociación entre ambos países al objeto de compensar por las empresas afectadas. Si este fracasa, EE UU baraja imponer aranceles sobre el vino o los automóviles franceses.

El secretario del Tesoro de EE UU, Steven Mnuchin, contactó con su homólogo francés Bruno Le Maire, para informarle de que había iniciado el procedimiento para examinar en profundidad el impuesto. “Creo firmemente que entre aliados debemos y podemos resolver nuestras diferencias de otras maneras que en lugar de utilizar las amenazas”, comentó el ministro francés ante el Senado.

La conocida como Trade Actpermite a Washington imponer aranceles contra un país si se demuestra que aplica medidas desproporcionadas o injustas para el negocio de sus multinacionales. Le Maire aclaró a Mnuchin que son ellos los que deciden sus propias reglas en el ámbito fiscal. “Y seguirá siendo el caso”, afirmó.

Le Maire aprovechó su intervención en el Senado francés para enfatizar que la tasa Google debería ser “un incentivo para que EE UU acelere más nuestro trabajo para hallar un acuerdo sobre la tributación internacional de los servicios digitales a nivel de la OCDE”. París ha liderado los trabajo en el G20 y en el seno de la OCDE para impulsar un tributo que grave a los jugadores globales de Internet, que se han especializado en crear complejas estructuras tributarias para reducir al mínimo el pago de impuestos. Pero Francia siempre se ha topado con el rechazo de EE UU, que defiende a sus grandes empresas nacionales.

El nuevo impuesto digital francés consiste en un gravamen del 3%, que se aplicará a empresas que facturen más de 750 millones de euros globales al año y, al menos, 25 millones de euros en Francia. Con ese criterio el tributo afectaría no solo a las grandes tecnológicas, sino también a Uber y Airbnb y a otra treintena de compañías multinacionales. El Ejecutivo galo espera recaudar por esta vía unos 400 millones este año y 650 millones en 2020 cuando se aplique durante todo el ejercicio. El Elíseo considera que dar este paso es de “justicia social”.

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