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La Airef propone acabar con el actual sistema de ayudas públicas a la industria porque no funciona

La Autoridad Fiscal examina las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria a través del programa de reindustrialización y competitividad industrial durante la última década

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Vista de las instalaciones de la fábrica de aluminio de la empresa Alcoa en San Cibrao, Lugo. EFE

Los préstamos públicos para apoyar a la industria no sirven de nada. Así de cruda se ha mostrado este miércoles la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tras examinar las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria a través del programa de reindustrialización y competitividad industrial durante la última década. Entre 2008 y 2018, el ministerio ha otorgado préstamos por un importe de 4.900 millones de euros para un total de 5.000 proyectos. Durante este periodo, este programa financiado con dinero público ha tenido un coste para las arcas públicas de hasta 1.260 millones de euros, según el examen de la Airef. Y apenas ha servido para impulsar la inversión o para crear empleo en el sector. Por eso, la institución presidida por José Luis Escrivá aconseja poner fin a este programa tal y como está.

Esta institución ha presentado este miércoles el sexto capítulo del conocido como spending review, los análisis sobre la eficiencia de determinados capítulos del gasto público encargados por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy a instancias de la Comisión Europea. Junto a este de la política industrial, la Airef también ha analizado los programas de subvenciones, el gasto farmacéutico, las políticas activas de empleo o Correos.

El programa de reindustrialización y competitividad industrial consiste basicamente en la concesión de préstamos por parte del Ministerio de Industria a empresas industriales con la condición de crear empleo y aumentar la inversión productiva. Es uno de los principales instrumentos de la política industrial pública.

Alta morosidad

Entre 2008 y 2018, el Gobierno de España concedió 4.900 millones de euros en préstamos, de los cuales a finales de 2017 aún quedaban pendientes de devolver unos 3.300 millones. Estos préstamos se conceden en condiciones ventajosas porque se hacen sin intermediarios financieros, cuentan con tres años de carencia y un tipo de interés de mercado. Pero el resutlado es que existe una alta morosidad en estos préstamos.

"El programa tiene un coste financiero y de morosidad muy elevado. El coste público de cada puesto de trabajo es casi cinco veces mayor que el subsidio por desempleo máximo, y por cada euro invertido, la Adminitración tiene un coste de 55 céntimos de euro", explica la Autoridad Fiscal.

Durante la última década solo han accedido a este programa el 2% de las empresas industriales españolas. "Ha tenido un modesto impacto en inversión y empleo por convocatoria: 4.700 puestos de trabajo y 208 millones de euros, pero el impacto desaparece a los cinco años. La Airef ha comparado la evolución de estas empresas respecto a otras de similares características y su conclusión es que a medio y largo plazo el impacto de las ayudas del ministerio de Industria sobre el empleo, la inversión, la productividad, la rentabilidad, el coste medio de la deuda o el nivel de deuda es nulo.

El informe concluye que a la Administración pública le cuesta alrededor de 25.000 euros al año cada puesto de trabajo creado por las empresas beneficiarias de este programa, es decir cinco veces más que el subsidio por desempleo máximo. Además, estos empleos son temporales y en su mayoría han desaparecido a los cinco años. "En cuanto cumplen las condiciones para que el ministerio les otorge el préstamo muchas empresas vuelven a la situación inicial", explican desde el instituto público encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El estudio calcula que entre 2008 y 2014 se crearon unos 33.000 empleos, unos 4.700 puestos de trabajo por convocatoria, pero que a los cinco años son reabsorbidos por las empresas. Desde la Airef precisan que el periodo de análisis coincide con la crisis, cuando se destruyeron muchísimos puestos de trabajo, por lo que la comparación podría estar influída por este contexto.

Por todo esto, la Autoridad Fiscal propone "no seguir desarrollando el programa en su estado actual". Recomienda redefinir su marco estratégico y, en definitiva, el programa al completo: los objetivos, su alcance y el instrumento.

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