La Autoridad Fiscal denuncia la falta de evaluación de las políticas de recolocación de parados

Podría parecer obvio que si las Administraciones Públicas se gastan más de 6.000 millones en intentar recolocar parados, debería haber un control de la eficacia de lo que se desembolsa. Sin embargo, según denuncia la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), no lo hay. Organismos como el Tribunal de Cuentas o la Intervención General del Estado certifican que el gasto se ha ejecutado conforme a la legalidad. Pero no hay bases de datos que permitan evaluar, comparar y hacer un seguimiento de los parados a los que se ha ayudado. A pesar de tener acceso a muchos datos y trabajar con todas las instancias de las Administraciones, la Airef no ha conseguido hacer una evaluación en profundidad de qué medidas funcionan y cuáles no, que era el objetivo inicial de la revisión del gasto en estas políticas, la conocida en la jerga como spending review. Y el problema se ha encontrado sobre todo en las comunidades autónomas. Algunas lo hacen bien pero otras lo hacen francamente mal, explican.

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"La Airef constata que los datos suministrados han sido insuficientes y de una calidad mejorable. La evaluación completa de la eficacia de las políticas activas por comunidad autónoma no ha sido posible", destaca el organismo encargado de velar por las cuentas públicas en un informe que ya adelantó EL PAÍS. Solo se ha podido hacer en Aragón y con el programa estatal Prepara. Por eso, ha elaborado una guía práctica de cómo deberían todas las Administraciones adoptar de forma generalizada unos sistemas de datos evaluables y comparables. De modo que en el futuro haya una trazabilidad y se pueda controlar la eficacia de todas las acciones realizadas para ayudar a parados, igual que se hace en otros países. No hay un problema tanto de control de los gastos como de la baja eficacia de lo que se hace, indican.

Para empezar, la Autoridad Fiscal recalca que no es ni siquiera posible conocer la cifra exacta que se dedica. En parte por la complicada estructura que divide las competencias entre el sistema estatal de empleo, las comunidades y los Ayuntamientos. Aún así, estima una horquilla entre 6.000 y 6.500 millones de euros.

Pocos orientadores

El organismo que preside José Luis Escrivá observa que en relación al PIB se gasta lo mismo que en otros países. Sin embargo, al contar con muchos parados, el dinero por desempleado es mucho menor que la media de otras economías comparables. Además, se gasta mucho en incentivos a la contratación —un 40% del total—, en vez de destinarlo más a orientadores que atiendan de forma individualizada a los parados —una partida que ahora solo supone un 15% del gasto—. Si se compara con los Estados que mejor lo hacen, el uso de orientadores es la mejor opción, dice la Airef. En segundo lugar, se debería optar por la formación —que en estos momentos abarca un 25% del gasto—. Solo que este desembolso en cursos no resulta siempre tan efectivo y en España debería adaptarse mejor a las necesidades del mercado laboral, señala la institución fiscalizadora.

Pese a la falta de datos suficientes, la Autoridad ha intentado examinar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo autonómicos. Y concluye que "se aprecian sustanciales diferencias en la calidad del servicio entre comunidades autónomas". Subraya que por lo general coincide el peor rendimiento con unas elevadas tasas de paro. Según el sistema de puntos que establece la Airef, de peor a mejor figuran: Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias, Baleares, La Rioja, Madrid, País Vasco, Valencia, Castilla y León, Murcia, Navarra, Galicia, Aragón, Cataluña y Asturias.

Hay muchas diferencias por comunidades en la formación que dan y que subcontratan, apunta. Vistas estas diferencias sustanciales, la Airef defiende que el reparto de fondos que hace el Estado por autonomías debería ligarse más y mejor a la consecución de objetivos.

Un "cuestionable" sistema de subvenciones

El organismo sostiene que se tiene que revisar el sistema de subvenciones a la formación porque "es cuestionable". Detecta una escasa vinculación entre los cursos y las necesidades del mercado laboral. Hasta pone el ejemplo de una localidad en la que se produce mucha legumbre, que no necesita precisamente frío para su conservación, pero el curso que se oferta en cambio es el de refrigeración, probablemente porque es el que tiene la academia que imparte la formación.

Por otra parte, pide mejorar la autonomía de las oficinas de empleo para que puedan innovar y adaptarse al mercado local. En Alemania incluso hay una clasificación pública de cómo funcionan las oficinas y el desempleado puede elegir las que ofrecen mejores resultados, señala. También se sugiere que se den incentivos a los trabajadores de las oficinas según sus resultados.

La Airef subraya que en muchos países se recurre a la colaboración público-privada pagando a las empresas en función de cuántas reinserciones consiguen. Además, recomienda que haya especialistas dedicados a captar ofertas de empresas como se hace en Valencia. Y que se definan los perfiles de los desocupados en función de lo que reclamen las empresas igual que en Finlandia.

Respecto a la evaluación del Prepara, un programa que diseñó el anterior Gobierno del PP y que combinaba una ayuda económica con la formación, la Airef considera que este plan no contribuyó a mejorar la probabilidad de que el parado se incorporase al mercado laboral durante los seis meses de prestación. Es decir, solo funcionó como un subsidio y no incentivó la recolocación. A pesar de los 1.400 millones de euros gastados en total entre 2012 y 2017, la probabilidad de encontrar un nuevo trabajo entre los 850.000 beneficiarios fue incluso menor. No obstante, en Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja el impacto del Prepara si parece positivo a partir del primer año, afirma la Airef.