Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Autoridad Fiscal denuncia la falta de evaluación de 14.000 millones en subvenciones públicas

El presidente del organismo, José Luis Escrivá, pide un régimen sancionador y simplificar las cargas administrativas

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, en su comparecencia del miércoles en Madrid.
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, en su comparecencia del miércoles en Madrid.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera que el sistema por el que se conciben y dan las subvenciones puede mejorar bastante, de manera que sirvan para el fin con el que originariamente fueron ideadas. Además, el organismo encargado de velar por las cuentas públicas detecta una falta de transparencia y de rendición de cuentas para conocer cuáles han sido los resultados obtenidos con el gasto de esos fondos públicos, así como una ausencia de procedimientos sancionadores para castigar el mal uso. Como resultado, las subvenciones tienen "una escasa relación" con la política que se pretende hacer. Tampoco hay "una buena vinculación" entre las subvenciones y los objetivos que persiguen, según ha explicado este lunes el presidente de la Airef, José Luis Escrivá.

Estos son los principales hallazgos del primero de los siete estudios que va a presentar la Autoridad Fiscal, y en los que va a examinar la eficiencia y la eficacia de las subvenciones concedidas en España, unos 30.000 millones de euros de gasto público al año. Sin embargo, en este primer informe, la Airef evalúa exclusivamente los procedimientos y la planificación de estas ayudas, y solo pone el foco en unos 14.000 millones, que son los registrados en la base nacional de datos de subvenciones. 

En las próximas semanas irá dando a conocer los seis restantes por áreas temáticas concretas, los conocidos en la jerga como spending reviews —un instrumento cuya implantación ha recomendando a España la Comisión Europea—. Se hará un examen específico de los pagos por medicamentos con receta; las políticas para recolocar parados; las becas universitarias; la promoción del talento en I+D; las ayudas industriales, y el dinero que recibe Correos por prestar un servicio público.  

En esta primera entrega, la Autoridad Fiscal solo ha hecho público un análisis de los procedimientos con los que se gestionan las subvenciones. Y concluye que son manifiestamente mejorables. Los planes estratégicos son "una mera compilación de líneas de subvenciones", resalta. Falta un sistema regulado y generalizado de planificación y diseño, sobre todo en la Administración central. Y este debería tener una estructura anual de desarrollo y una programación a varios años. Como parte del ciclo en el que se elaboran los presupuestos, se debería comenzar a prepararlos con un seguimiento de los resultados anteriores y una rendición de cuentas de los gastos ya desembolsados. Al no haber una estrategia bien definida, las subvenciones no son todo lo eficaces que se querría y terminan perdiendo vinculación con las políticas que se pretendía aplicar, subraya el organismo. Y añade que a veces "se pierde cuál es el objetivo de la subvención". 

Además, no existen mecanismos de coordinación entre las Administraciones para gestionarlas. Sí hay unas 50 conferencias sectoriales que se organizan por temáticas entre el Estado y las comunidades. Sin embargo, muchas apenas se convocan y las que sí se reúnen simplemente lo hacen para repartir fondos sin que se conozcan los criterios. Por ejemplo, pese a que la evolución de la población por comunidades ha variado mucho, la conferencia de vivienda brinda el dinero con unos criterios fijados en 1992 y cuya letra pequeña se ignora. Según la Airef, se desaprovecha el papel que estos foros podrían desempeñar a la hora de definir, mejorar y debatir estas políticas. Es más, la Autoridad Fiscal recomienda que estas conferencias se doten de secretariados técnicos y que se publiquen las estadísticas que ayuden a evaluar esas políticas.

Otro problema sustancial es la necesidad de un marco legislativo que defina las subvenciones y simplifique los trámites y requisitos de justificación, que "en algunas ocasiones generan cargas administrativas excesivas". La Autoridad Fiscal pide, sobre todo, que se instaure un sistema de rendición de cuentas para conocer si las subvenciones de verdad sirven el propósito que se busca de la forma más eficiente posible. Para todo ello, reclama que se reforme la ley de subvenciones. Sostiene que la base de datos nacional de subvenciones tiene que mejorarse para que pueda evaluarse y comparar. Solicita que haya un sistema integrado, accesible y transparente de información e indicadores. Y explica que los controles públicos existentes a las subvenciones, que en la actualidad llevan a cabo el Tribunal de Cuentas y la Intervención General de Estado, se limitan demasiado a comprobar el cumplimiento de la legalidad, si se ha gastado el dinero o no y si se ha alcanzado un número determinado de beneficiarios. Pero hace falta una evaluación de la eficacia y la eficiencia de estas políticas. "Si se podían haber gastado mejor", explica Escrivá.

En general, se aprecian deficiencias en la concesión, la justificación y el control de las subvenciones, fundamentalmente por desajustes temporales y por falta de información. Por ejemplo, desde que se pide una beca hasta que se concede, ya se ha iniciado el curso. La Airef también lamenta que no haya extendida una cultura sancionadora y de reintegros similar a la que ha desarrollado la Agencia Tributaria. No hay mecanismos bien engrasados para recuperar el dinero y los procedimientos de devolución incluso caducan, señalan. 

Un modelo nuevo que exija responsabilidades

Las perlas del informe de la Airef son muchas: “No es posible determinar el volumen de gasto total en subvenciones dado que no hay una única fuente ni existe un concepto único de subvención”.

En general, el valor de los planes estratégicos es “casi nulo”. No existen ni “responsables claramente definidos para la elaboración de la planificación”, ni alineación entre los diversos actores. Por ejemplo, no hay una coordinación entre los que conceden ayudas a empresas, “unas entidades desconocen lo que realizan otras dentro de la misma línea”. Además, en las conferencias entre comunidades y Estado se echa de menos el asesoramiento técnico, y tiene un excesivo peso la administración central, dice.

Los indicadores de resultados se circunscriben en la mayoría de las ocasiones a la ejecución presupuestaria, como el número de convocatorias, solicitantes o beneficiarios. Por ello, el organismo aboga por un modelo que tenga “trazabilidad” y “que asigne y exija responsabilidades sobre los resultados y el impacto de las políticas”.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información