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Las eléctricas deberán pagar un 20% más por sus residuos nucleares

Enresa propone un aumento de la tasa para cubrir los costes de desmantelamiento centrales y los desechos

Exterior de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).
Exterior de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Las compañías eléctricas –propietarias de las cinco centrales nucleares operan en España– deberán pagar más por la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las instalaciones. En concreto, un 20% más, según la propuesta que prepara la compañía pública que se encarga de gestionar estos desechos, Enresa. Además, esta sociedad defiende la necesidad de que España cuente con un Almacén Temporal Centralizado (ATC), aunque no concreta si debe estar en Cuenca. 

Enresa está ultimando el borrador del séptimo plan general de residuos radiactivos, que debía enviar al Gobierno central durante el primer semestre de este año pero que, finalmente, no se remitirá hasta que se forme un nuevo Ejecutivo. Según explican fuentes conocedoras de ese documento, en esa propuesta se realiza una actualización de los costes y de la tasa que pagan las centrales a la empresa pública por hacerse cargo de los desechos. Las eléctricas pagan ahora 6,69 euros por megavatio hora, con lo que la propuesta de Enresa supone una subida hasta los 8,028 euros.

El plan general –que debe tener el visto bueno del Ejecutivo– también aborda la construcción de un Almacén Temporal Centralizado, el silo que debe contener los residuos de alta intensidad que generan las nucleares y que en estos momentos se guardan en cada central. Enresa lleva desde finales del siglo pasado reclamando la construcción de un almacén de este tipo. Y todos los partidos apoyaron en 2004 que se acometiera esta instalación.

El Gobierno del PP decidió en 2011 que ese ATC se construyera en Villar de Cañas (Cuenca), pero las dudas sobre lo idóneo de los suelos elegidos y la fuerte oposición de Castilla-La Mancha (PSOE) llevó al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez a paralizar la tramitación de los permisos del silo hace un año. Y así está desde entonces, en una situación de parálisis. El Ministerio para la Transición Ecológica explicó entonces que el futuro del almacén tendría que definirse dentro del siguiente plan general de residuos radiactivos, que lleva años caducado. Y es Enresa el ente que debe encargarse de su redacción.

Respecto al ATC, el borrador del plan de Enresa defiende de nuevo la necesidad de que España cuente con un ATC. Pero, como recuerdan desde esta empresa pública, el documento no entra en “la concreción de la ubicación donde se construiría el ATC”. Esa será una decisión política que debe tomar el nuevo Ejecutivo.

El Gobierno no ha descartado por completo el emplazamiento de Villar de Cañas. Pero tampoco se niega a estudiar otra ubicación. Algunos expertos apuntan, por ejemplo, a que alguno de los municipios en los que ahora hay una central nuclear (y que dependen económicamente de esta actividad) podría albergar esta instalación al contar con apoyo social. En todo caso, no hay una decisión tomada aún.

Aumento de las tasas

Lo que sí está claro es que las eléctricas tendrán que pagar más porque, como se ha alertado en varias ocasiones desde el Tribunal de Cuentas y desde la propia Enresa, con lo que desembolsan ahora no será suficiente para cubrir toda la factura del desmantelamiento y custodia segura de los residuos radiactivos.

El ministerio logró cerrar hace unos meses un pacto con las eléctricas para fijar un calendario de cierre de las centrales. La última se clausurará en 2037. Paralelamente, las eléctricas cerraron también un acuerdo con Enresa sobre la tasa que deben pagar que incluía que, como máximo, aumentaría un 20%. La empresa pública se va a la parte más alta de la horquilla y propone ese aumento para poder cubrir los gastos del fin de la energía nuclear en España.

Según la última actualización de Enresa sobre los costes de la gestión completa de los residuos radiactivos y el combustible gastado de las centrales, la factura de tratarlos ascenderá a 17.397 millones entre 2010 y 2088. El grueso de la factura —más de la mitad— se lo come la gestión de ese combustible gastado y los residuos de alta actividad; en total, 8.753 millones hasta 2088, según la última proyección de Enresa, que anualmente debe actualizar esas cuentas. La clausura de las centrales nucleares es la otra gran partida: 4.175 millones.

A la espera de que se forme Gobierno

El borrador del plan, en teoría, debería haberse presentado durante el primer semestre de este año. Enresa informó el miércoles de que acabara junio se mandaría el texto al ministerio. Pero ayer Enresa sostuvo que se “continúa trabajando en la elaboración del borrador” y que, “en cualquier caso, la previsión es que la presentación no se realice hasta que se constituya el nuevo Gobierno”. De hecho, fuentes del Ejecutivo aseguran que, al estar en funciones, no se abordará este asunto hasta que se constituya el nuevo Gobierno.

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