El Gobierno creará un foro con las comunidades para evitar el proteccionismo autonómico

Según explicaban entonces los propios autores de la ley, cuando hace cinco años se aprobó la garantía de unidad de mercado, en realidad se pretendía lo mismo que se hace en el mercado común europeo: que una licencia que se concede en una autonomía valga para todo el territorio nacional y no tenga que ser validada en otras 16 comunidades, lo que se convierte en un auténtico periplo burocrático para las empresas. Siempre se citaba que una máquina tragaperras necesitaba hasta 17 licencias en una suerte de proteccionismo autonómico.

Sin embargo, el problema de la unidad de mercado ha acabado siendo su nombre. La idea ha despertado muchos recelos entre las comunidades y también en los tribunales. Varias sentencias del Constitucional anularon el principio de licencia única y el de reconocimiento mutuo de normas —este último consiste en que si una empresa se ceñía a la normativa de una comunidad en principio también la cumplía en otra—. En estos momentos la ley ha quedado tocada y solo se mantienen los principios de no discriminación, de simplificación y los de necesidad y proporcionalidad en los requisitos exigibles.

Algunos expertos indican que los dictámenes del Constitucional no aguantarían el escrutinio del Tribunal de Luxemburgo. Solo que para que este asunto llegue a semejante instancia europea tiene que haber una reclamación de un particular que entre como una cuestión prejudicial.

Ante este panorama, Bruselas ha exigido a España en sus recomendaciones de julio de 2018 que tome medidas para reforzar la unidad de mercado. Otros años también ha insistido en que se mejore la normativa que se aplica a las empresas, sobre todo aquella que impide que ganen tamaño.

En su informe anual sobre España, la Comisión Europea dice: “La ley de garantía de la unidad de mercado lleva cinco años en vigor y, si bien se está aplicando, sus efectos siguen siendo limitados. La falta de una cooperación sólida entre todos los niveles de la Administración en lo que se refiere a la garantía de unidad de mercado se ha traducido de momento en unos resultados tangibles escasos. No se han adoptado medidas para eliminar las restricciones al crecimiento empresarial ni las que afectan a los servicios profesionales, aspectos que habían sido objeto de recomendaciones en años anteriores”.

En su plan nacional de reformas, el Gobierno ha contestado que planea crear una conferencia sectorial de comunidades que analice estos asuntos entre otras cosas. “La idea es hacerlo respetando escrupulosamente el ámbito competencial”, subrayan fuentes de la Administración.

En la legislación de unidad de mercado ya estaba prevista una conferencia de comunidades. Ahora se ha cambiado el nombre: la nueva conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios “se ocupará de preservar y mejorar el clima inversor en el país, y favorecerá la aplicación de los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, promoviendo la mejora regulatoria y la adopción de las mejores prácticas en ámbitos como, por ejemplo, la tramitación de autorizaciones y licencias de actividad, sin merma de la autonomía de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos”, señala el plan de reformas remitido a Bruselas.

Calidad regulatoria

En la estructura de Gobierno, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cuya actividad lidera el Ministerio de Economía, sirve para filtrar y consensuar todas las medidas que se toman con relevancia económica. Se analizan sus costes, sus efectos o las distorsiones que pueden ocasionar. Y se consensúa la letra pequeña entre todos los ministerios. En cierto modo sirve para que Economía filtre y dé coherencia a toda la política económica. Y algo de esto se quiere hacer con las comunidades. Si bien de manera muy distinta, porque, según insisten fuentes gubernamentales, “no se pretende menoscabar las competencias de las comunidades”.

Por un lado, se busca que esta nueva conferencia sectorial constituya una especie de foro nacional en el que se examinen las políticas en términos de eficiencia e impacto económico; se identifiquen barreras al crecimiento de las empresas y se den más facilidades para hacer negocios.

Según apuntan fuentes de la Administración, Economía también podría prestar asesoramiento a las comunidades. Y destacan que en ningún momento se trata de limitar las competencias, homogeneizar la regulación o entrometerse. Simplemente se intentará que las medidas que se tomen tengan sentido y que no introduzcan ineficiencias innecesarias.

Además, la conferencia copiará del Eurogrupo el funcionamiento del peer review, un esquema bajo el cual se comparten las experiencias de forma que así se extiendan las mejores prácticas. El principio rector será que las comunidades no tengan por qué hacerlo todas igual pero sí que todas puedan hacerlo mejor. Y habrá que esperar a que se formen los gobiernos autonómicos para ponerla en marcha.

Por otro lado, aunque en una fase más embrionaria, la intención es que también se extienda la presencia del Ministerio de Economía a todas las conferencias sectoriales como las de empleo, sanidad o educación. Se busca así que todas se impregnen de este espíritu de mayor calidad regulatoria y que el departamento de Calviño pueda contribuir con su asesoramiento.