La Ley de unidad de mercado nace con el rechazo de cuatro comunidades

El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Unidad de Mercado por el que pretende poner orden a la maraña legislativa que dificulta la libre circulación de bienes y servicios entre las comunidades. La norma permitirá a las empresas operar en todo el Estado con una licencia única. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado tras el consejo de ministros que remitirá el texto legal al Congreso para su tramitación por la vía de urgencia. Pero fuentes del Ejecutivo no han logrado precisar cuándo entrará en vigor.

El ministro de Economía, Luis De Guindos, ha detallado que su Departamento ha detectado cerca de 6.000 normas de todas las Administraciones que vulneran en algún punto la unidad de mercado en 28 sectores de actividad. De estas, 1.700 son estatales, precisan fuentes gubernamentales, que admiten que tendrán que modificarse al igual que las autonómicas y las locales mediante un proceso “voluntario, dialogado y pacífico” con el resto de administraciones.

En el Ejecutivo ponen de ejemplo el caso de las embotelladoras de agua o los fabricantes de máquinas tragaperras, que tienen que cumplir 17 normativas distintas en España, una por cada comunidad.

El proyecto limita las autorizaciones que exigen las Administraciones públicas para iniciar una actividad y prohíbe los requisitos basados en el lugar de residencia del operador. Es decir, ninguna administración podrá exigir tener el domicilio social en un territorio determinado para poder optar a un concurso público. El plan, además, evita entrar en el tema lingüístico y permitirá a las comunidades etiquetar, por ejemplo en catalán.

La Ley nace con el rechazo de Cataluña, Andalucía, Canarias y País Vasco que consideran que invade competencias autonómicas y que puede suponer una relajación de los requisitos para la fabricación de productos o la prestación de servicios. Andalucía, en concreto, ha protestado porque cree que el proyecto legislativo podría desproteger al consumidor. “Cuando una comunidad aprueba una norma ya se encarga de que haya protección suficiente”, explican en el Ministerio de Economía que amplían: La norma se asienta sobre los principios de confianza mutua, responsabilidad de las Administraciones y no discriminación por cuestiones lingüisticas, religiosas o sociales. El Ejecutivo rechaza, además, que sea una norma recentralizadora porque el Estado no gana ninguna competencia nueva y, sin embargo, el proyecto impulsa las de las comunidades. Defienden que se trata de una Ley de carácter económico y descartan que tenga algún matiz ideológico. Otras fuentes gubernamentales admiten que parte del retraso que acumula la norma se debe a las precauciones que ha tenido el Gobierno para no avivar más la cuestión catalana.

Las reticencias de Cataluña son “casi una enmienda a la totalidad”, admiten en Economía que defienden la legalidad del texto y que ambas cuestiones están “zanjadas”. La Generalitat aseguró ayer que recurrirá con todos los instrumentos legales a su alcance para evitar que la normativa entre en vigor.

El Gobierno alega que el proyecto cuenta con el respaldo del Consejo de Estado que ha validado su constitucionalidad y asegura que preserva las competencias autonómicas.

Aún así el proyecto de Ley también ha recibido la advertencia del Consejo Económico y Social (CES) que alerta sobre las dificultades de aplicarla. “Puede ser de difícil aplicación y dar lugar a una gran litigiosidad porque afecta a un buen número de competencias autonómicas y locales. Esta circunstancia puede derivar en la proliferación de conflictos entre el Estado y las Administraciones territoriales, pero también entre las propias comunidades y entidades locales”, señala el CES en un dictamen emitido en mayo.

Economía admite que puede producirse un aumento de los contenciosos pero explica que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) arbitrará los procesos y cribará aquellos que puedan acabar en la Audiencia e incluso en el Constitucional. El texto legal refuerza el papel de la CNMC que servirá de puente para recurrir cualquier norma que vulnere la unidad de mercado ante los tribunales. Podrá suspender la norma objeto de reclamación durante tres meses hasta decidir sobre el mismo.

Una de las voces más críticas con la norma fue el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien ha denunciado “que se pretenda avanzar más allá de lo que ya es una realidad en el marco de la Constitución permite albergar sospechas sobre lo negativo de lo que se está esbozando por parte del Gobierno central”. Erkoreka ha advertido sobre la posibilidad de que el texto pueda “irrumpir en el ámbito competencial de todas las comunidades autónomas”. Y ha agregado: “No hay fronteras entre unas comunidades autónomas y otras sino regulaciones diferentes que de ninguna manera suponen obstáculos insalvables para el ejercicio de la actividad económica”.

Desde el Ejecutivo canario avanzaron ayer que estudian presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de Unidad de Mercado porque consideran que “vacía” de competencias a las comunidades.