Órdago del País Vasco en el alquiler social

Euskadi va a dejar de promover pisos sociales para la venta. En 2020 todas las promociones públicas serán para alquileres, habida cuenta de que de los 64.000 demandantes de vivienda social inscritos en el registro autonómico, 52.000 lo reclaman. No tiene vuelta atrás. La primera comunidad en considerar la vivienda un derecho subjetivo, y por tanto exigible dentro de unos requisitos de ingresos, ha diseñado una hoja de ruta respaldada por el Parlamento vasco. La meta es evitar, por la vía de la oferta, que el precio del mercado libre de alquiler se desboque y provoque una burbuja.

“La apuesta por el alquiler es radical”, asegura el viceconsejero de Planificación de Vivienda, Mario Yoldi, que asesora a numerosas comunidades y a la Administración central en materia de planes de vivienda. El esfuerzo inversor 2018-2020 en Euskadi es de 1.119 millones, 48 millones más de los que el Estado dedicará en esos tres años en su plan para toda España (1.071 millones).

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El Gobierno vasco maneja un parque de 13.340 viviendas de alquiler social, de las que 7.000 son propias y el resto privadas. Además, de las 4.600 viviendas protegidas que promociona en la actualidad, 2.000 serán para alquilar. Mientras en el conjunto de España la vivienda protegida encadena años a la baja, en el País Vasco el esfuerzo económico va en aumento con más de 300 millones anuales, sin contar el esfuerzo tributario en exenciones y desgravaciones. Sin embargo, todavía no llega al máximo inversor que marcó 2010, cuando la política de vivienda se llevó 457 millones.

En este momento, el 70% de los demandantes de vivienda, 29.000 familias, ya viven en pisos protegidos frente a un mercado libre de alquiler en el que en 2018 se produjeron en Euskadi 847 desahucios, la cifra más alta de la serie estadística del Consejo General del Poder Judicial. “La política de vivienda no es solo el número de pisos que manejas o la capacidad para construir, que también, sino las herramientas que creas para que los ciudadanos comprueben que el derecho declarativo constitucional a una vivienda digna es de verdad”, explica Yoldi. Unas 4.000 personas lo han reclamado desde que lo reguló la Ley de Vivienda vasca de 2015.

En Euskadi, desde 2003 todas las viviendas de protección pública mantienen esa calificación a perpetuidad, con lo que los precios de compraventa son limitados para siempre. La legislación de suelo obliga por ley a reservar para viviendas protegidas el 40% de las promociones en suelo urbano y el 75% en suelo urbanizable. “En Barcelona es reciente la reserva del 30% en suelo urbano para vivienda protegida y Colau está teniendo muchos problemas”, compara el viceconsejero Yoldi.

La comunidad vasca tiene un registro de demandantes de vivienda social que funciona desde los noventa, Etxebide. Este organismo adjudica toda la vivienda social, incluida la VPO de promoción privada, con dos excepciones: las promociones municipales que se han construido sin ayudas del Gobierno vasco y las de cooperativas. El inquilino nunca paga más del 30% de sus ingresos. El departamento de Vivienda, en manos del socialista Iñaki Arriola, está además obligado a llevar al Parlamento vasco sus planes para debate público. “La apuesta por el alquiler es radical”, precisa Yoldi, incluso en materia tributaria.

Vivienda impulsa una serie de exenciones y bonificaciones para el alquiler que al menos igualen el esfuerzo de compra. De los 400 millones anuales de gasto fiscal —Euskadi es la única comunidad que mantiene la desgravación por la compra de la vivienda habitual— 300 son por este concepto. “Hay recorrido para incentivar fiscalmente a los propietarios que alquilan a precios sociales de referencia y estamos trabajando en ello”, sostiene Arriola. La competencia en materia tributaria reside, sin embargo, en las Diputaciones forales. En las tres gobierna el PNV en coalición con el PSE-EE.

Una de las principales batallas del Gobierno vasco es aflorar las más de 20.000 viviendas vacías que hay en Euskadi y que cumplen condiciones para salir al mercado. Este año el Gobierno aprobará el decreto que fija en diez euros por metro cuadrado el canon de viviendas vacías, que después podrán aplicar los Ayuntamientos que lo decidan. En 2018 salieron al alquiler 5.300 de esos pisos y este año aspiran a otros 5.900. Además, se ha implantado un programa, con ayudas de hasta el 60% del importe del alquiler, para los jóvenes de entre 23 y 35 años que quieran emanciparse.