El Gobierno recupera el decreto del alquiler con mejoras negociadas con Podemos

El Gobierno está en plena ebullición para sacar adelante varios decretos de contenido social antes de las elecciones. Ya tiene ultimada una gran oferta de empleo público cercana a los 30.000 puestos para finales de marzo, negocia contra reloj un paquete laboral para ajustar la reforma del PP —el viernes irá la parte de igualdad salarial— y ha recuperado el decreto de reforma de los alquileres, que fue devuelto en enero por el rechazo de Podemos. El Gobierno y Podemos ultiman un pacto que incluiría la garantía de que los alquileres no pueden subir más del IPC en los cinco años de contrato e intentarán llevar el decreto este mismo viernes. También detalla un mecanismo para elaborar un índice de precios, lo que abre la puerta a que las comunidades puedan posteriormente usarlo para limitar las subidas de los alquileres. En un borrador del texto que se negocia, se señala que las comunidades podrían usar esos índices "a los efectos de diseñar sus propias políticas", en una expresión calculadamente ambigua.

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La convulsión dentro del Gobierno en estos días es muy fuerte. Casi todos los ministerios quieren aprovechar esta recta final, en la que el Ejecutivo aún no está en funciones y legalmente puede aprobar lo que quiera y llevarlo a convalidación a la Diputación Permanente, para meter en la agenda asuntos clave que le quedaron pendientes por el final abrupto de la legislatura. Pero no hay sitio para todos. Tanto La Moncloa como el grupo parlamentario se encargan de recordar a los ministros que solo se deberían llevar reformas pactadas con los grupos porque el riesgo de perder votaciones es alto. Y en esas negociaciones también hay batalla interna, porque dentro del propio Gobierno, según diversas fuentes, hay división. Se asocia siempre la posición más dura, en asuntos delicados como el de los alquileres, con la de Nadia Calviño, la ministra de Economía.

Sin embargo, a pesar de los habituales debates internos, la negociación del decreto de alquileres está muy avanzada, según fuentes parlamentarias y del Gobierno. Pedro Saura, secretario de Estado de Fomento, y Rafa Mayoral, uno de los hombres fuertes de Podemos, se han reunido ya dos veces en la última semana y han intercambiado papeles durante todo el fin de semana con el objetivo de que el nuevo decreto pueda estar listo para aprobarlo este mismo viernes. También podría hacerse en otra semana, aunque estén disueltas las Cortes, porque siempre queda la Diputación Permanente, pero la idea inicial es que llegue pactado al viernes.

Ahora además hay que negociarlo con otros grupos, y ya han empezado los primeros contactos. El PSOE necesita como siempre el apoyo de la mayoría formada alrededor de la moción de censura. Si cualquiera de los grupos se cae de ese apoyo, el decreto no sale. Es lo que pasó en enero con el anterior, que apoyaron el PNV y PDeCAT, pero no Podemos ni ERC.

La negociación no está cerrada, ni siquiera con Podemos, pero los avances han sido importantes y todos trasladan sensaciones positivas. El límite del IPC durante la duración de los contratos, que no estaba en el decreto anterior, es importante para Podemos. También se han logrado avances en que se respeten los contratos aunque no estén registrados, algo relevante para los inquilinos que ven como un fondo de inversión compra la casa que alquilan y no respeta las condiciones pactadas porque no estaban registradas. Además se detallará mejor la garantía para que sean los propietarios y no los inquilinos quienes paguen los honorarios de la inmobiliaria siempre que sean empresas y no particulares. Aún está en negociación alguna otra fórmula para impedir subidas descontroladas a la finalización del contrato. En cualquier caso parece evidente que tanto el Gobierno como Podemos quieren sacar adelante el decreto para evitar que lleguen las elecciones y se quede en vigor la legislación sobre alquileres del PP, y más ahora que algunos desahucios han devuelto este problema al primer plano.

También este viernes está previsto llevar un decreto con “medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”. Su contenido incluirá la obligación de que las empresas de más de 50 trabajadores tengan planes de igualdad y se registren en el Ministerio de Trabajo, permisos de 16 semanas para padres y madres después del nacimiento y la cotización a cargo de las arcas públicas de las cuidadoras no profesionales de familiares dependientes.

A finales de marzo llegará otra decisión de impacto social, que no necesita convalidación en el Congreso: un decreto con una gran oferta de empleo público similar o superior a la del año pasado, que ya fue la más importante desde que estalló la crisis en 2008, como adelantó El Periódico de Cataluña. El año pasado la oferta fue de 30.844 plazas. Este año sería similar aunque falta por ver todos los detalles técnicos. Solo está tomada la decisión política. El Gobierno, al que la oposición critica por electoralista, argumenta que esta oferta, que pensaba lanzar en mayo, se ha tenido que adelantar para evitar que después de las elecciones esta oferta de empleo se quede bloqueada durante meses si la formación de Gobierno tarda por el resultado electoral. Con un Ejecutivo en funciones no se podría lanzar la oferta.

Otra decisión con recorrido político y social es la que avanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esto otro decreto para actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades para que puedan recibir en torno a unos 6.900 millones más de recursos durante este año. “Estamos explorando cómo hacerlo sin Presupuestos”, dijo la ministra durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Por el contrario, el Ejecutivo está encontrando muchas más dificultades para los ajustes de la reforma laboral y las cuestiones relacionadas con las pensiones. No habrá superviernes de este tema el 1 de marzo. El Gobierno ya ha renunciado a cambiar “de forma unilateral” las pensiones, según la ministra, Magdalena Valerio y, por ahora, renuncia a llevar la derogación de partes de la reforma laboral de 2012. La CEOE no quiere ceder terreno ahora, con la posibilidad de que en unos meses haya un Gobierno más cercano a sus posiciones, y el Ejecutivo no tiene tampoco apoyos suficientes en el Congreso. El paquete social se centra de momento en las otras medidas aunque se sigue negociando a varias bandas.