Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Sánchez lanza otro decreto social y renuncia a tocar la reforma laboral

El Ejecutivo admite que ya es "muy difícil" sacar adelante los cambios en la reforma laboral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, y el director general de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, y el director general de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder

Otro viernes, otro decreto social. El Consejo de Ministros aprueba este viernes un decreto ley que rebaja de 55 a 52 años la edad para que los parados cobren el subsidio y obliga a las empresas a tener un registro horario de la jornada. También hay bonificaciones para contratar desempleados de larga duración y más ayudas para las familias pobres con hijos. El borrador tiene una ausencia: no hay medidas que reviertan la reforma laboral. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió anoche en un mitin en Ciudad Real que no cuenta con los apoyos necesarios para conseguir dicho cambio de la ley del PP.

Pedro Sánchez usó en su intervención esa falta de respaldo en el Congreso para cambiar la reforma laboral como argumento para pedir el voto a los socialistas el 28-A, informa José Marcos. “Este Gobierno apostará por la España de la dignidad laboral. Una de las cosas que a mí más me ha dolido es no poder derogar la reforma laboral porque no tenemos los suficientes diputados en el Congreso”. Lo ha puesto de ejemplo para pedir una “mayoría rotunda” el 28 de abril y así “cambiar las relaciones laborales” en el país.

El Gobierno no se ha arredrado y mantiene en agenda lo que ha denominado los “viernes sociales”. Aunque la oposición haya recurrido a la Junta Electoral Central y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, haya maniobrado para tratar de frenar estos decretos, el Consejo de Ministros dará luz verde este viernes a otro decreto ley que incluye medidas sociales de calado y una laboral. La respuesta también ha llegado en las alegaciones que el Gobierno presentó este jueves ante la Junta Electoral Central, en las que argumenta que ese organismo no tiene potestades de control sobre los acuerdos del Consejo de Ministros. El PP redobló su ofensiva y pidió a la Junta que prohíba también promocionar las medidas del Gobierno desde la cuenta de Twitter de La Moncloa.

El Ejecutivo también aprobará este viernes la obligación para las empresas de llevar un registro horario que cuente las horas efectivas de trabajo de sus empleados, según el borrador al que tuvo acceso EL PAÍS. Que esta medida esté incluida en este decreto indica claramente las dificultades que ha encontrado el Gobierno para cumplir su promesa de derogar parte de la reforma laboral de 2012. El control horario era uno de los asuntos importantes del decreto laboral que se pretendía aprobar antes del 28-A. Pero ese horizonte se ha esfumado tras las dificultades, que el propio Gobierno admitía, para lograr un “mínimo común denominador” entre los grupos que podían apoyarlo (del PDeCAT y el PNV a Podemos, pasando por Bildu, ERC o Compromís).

Esa misma dificultad es la que transmitían diferentes ministerios a los agentes sociales. Se hizo este jueves en una reunión que mantuvieron los secretarios de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y Empleo, Yolanda Valdeolivas, con los representantes de la patronal, enojados por haber sido convocados el día anterior a última hora, y los sindicatos, indignados porque ven esfumarse la contrarreforma laboral.

En esa reunión, CC OO, UGT, CEOE y Cepyme fueron informados del contenido del decreto que se aprobará este viernes. La principal novedad era la redacción definitiva de la norma sobre el control de la jornada laboral. La medida se justifica por “los problemas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” para vigilar los abusos horarios sin un registro. Hasta hace unos años, ese registro era obligatorio pero dos sentencias del Supremo acabaron con este criterio. Hace unas semanas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a decir lo contrario. Ahora con la introducción de un nuevo punto, se deja claro que las empresas deben guardar durante cuatro años ese registro horario y tenerlo a disposición de trabajadores, sindicatos e Inspección.

Esta medida provoca la indignación de CEOE porque, argumenta, no tiene sentido en la actualidad con el desarrollo del teletrabajo y las nuevas tecnologías. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, les respondió hace días diciendo que precisamente por el desarrollo tecnológico era más fácil llevar ese registro.

Subsidio de desempleo

Además de esta norma laboral, el borrador contiene una batería de medidas sociales en una decena de artículos y varias disposiciones. La primera es la que desarrolla el subsidio a partir de los 52 años y la ampliación de la base de cotización de sus beneficiarios hasta el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI). En los recortes de 2012 se elevó la edad mínima para cobrar este subsidio, destinado a los parados de más edad, a 55 años y se rebajó la base de cotización al 100% del SMI, lo que reduce la ulterior pensión de este colectivo.

Esta iniciativa estaba incluida en los presupuestos rechazados en el Congreso. También figuraba, y se recupera con el decreto, el aumento de las prestaciones a familias pobres con hijos. Así, la cuantía mensual de la asignación pasa de 291 euros a 341 euros. Además, fija los límites de ingresos que se deben tener para recibir las ayudas (12.313 euros de renta familiar al año con carácter general, y más elevados si se trata de familias numerosas). El decreto también incluye bonificaciones para las empresas que contraten a parados de larga duración. Se dirige a personas inscritas en las oficinas de empleo durante al menos un año en los 18 meses anteriores a la contratación. No es la única ayuda a la cotización, también hay para las empresas agrarias. Esta medida, en realidad, admiten sindicatos y Gobierno, es una compensación a las compañías por el aumento del SMI.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información