S&P baraja subir el ‘rating’ a España pese a las dudas sobre el Presupuesto

El verano ha acabado, pero el invierno no termina de llegar. Así resume S&P Global la coyuntura de la economía global: en desaceleración generalizada, pero en ningún caso recesión. En este ambiente de riesgos crecientes, España puede presumir de un crecimiento por encima de la media; e incluso de ser el único de los grandes de la eurozona que espera alcanzar este año alzas del PIB por encima del 2%.

En este contexto, la agencia de calificación crediticia deja abierta la posibilidad de mejorar el rating español —ahora en A- con perspectiva positiva—, ante la “clara senda” de reducción del déficit, según aseguró el miércoles en Madrid Marko Mrsnik, director de ratings soberanos de S&P Global.

Lo que importa a la agencia a la hora de elaborar sus calificaciones, insistió Mrsnik, es esa senda de reducción, y no tanto las dudas que puedan surgir en torno a las previsiones de ingresos de los Presupuestos o la posibilidad de unas elecciones anticipadas provocadas por la incapacidad del Gobierno de sacar adelante sus cuentas para 2019 en el Parlamento. Las medidas del presupuesto anunciado "van en línea de una mejora de la calidad crediticia", añadió. La fecha para esa revisión del rating español es el próximo 22 de marzo.

En un análisis hecho el pasado mes de noviembre, la agencia preveía que el déficit público español se quedara en el 2,1% del PIB, lejos del objetivo del 1,8% que tenía el Gobierno antes de verse obligado a reducirlo al 1,3% después de que el PP y Ciudadanos rechazaran la nueva senda de déficit. Esta previsión era, sin embargo, "compatible con una potencial subida de rating", según la agencia.

A la hora de analizar los puntos fuertes de la economía española, S&P destaca la estructura económica diversificada y competitiva, el superávit por cuenta corriente y la política monetaria del BCE. En la negativa, la elevada deuda pública y externa, la lentitud del ajuste presupuestario y la incertidumbre política. 

El optimismo del Gobierno a la hora de elaborar sus cuentas procede, según Mrsnik, de la introducción de nuevos impuestos -la denominada tasa Google o el impuesto a las transacciones financieras-, de las que se desconoce el impacto que acabarán teniendo. Además, según este analista, el Gobierno dispone de un margen más estrecho para solventar posibles desvíos, ya  que ha confiado más el cumplimiento de los objetivos fiscales a la recaudación que a recortes del gasto.

 En la parte positiva, S&P señala que las favorables condiciones financieras deberían seguir animando a la inversión. En la negativa, como es habitual, el empleo. "El esfuerzo de las administraciones públicas en políticas activas no ha sido suficiente" para atajar problemas como el desempleo de larga duración y juvenil y la elevada temporalidad de nuevos trabajadores, añadió el analista de S&P.