El complemento salarial solo llega a 1.900 jóvenes tras cuatro meses en vigor

Hace cuatro meses se puso en marcha el complemento salarial de 430 euros mensuales durante año y medio para menores de 30 años participantes en la Garantía Juvenil que fueran contratados en formación. Arrancaba así una medida cuyo parto estuvo lleno de trompicones. A la vista del número de ayudas concedidas hasta el momento, su éxito es escaso. En este tiempo se han concedido 1.900, apuntan fuentes del Gobierno a EL PAÍS, y el gasto que conlleva no se ve aún en las cuentas del Servicio Público de Empleo Estatal: los 500 millones presupuestados están intactos.

El Gobierno actual, que heredó la medida del anterior (estaba desarrollada en la ley presupuestaria de este año), ya ha expuesto estos datos en el diálogo social. Y ahí ha anticipado a los agentes sociales, ante su escaso éxito, que estudia eliminarla. En realidad, el PSOE nunca fue partidario de esta medida que liberaría 500 millones que podrían destinarse a financiar el plan de choque por el empleo juvenil.

La idea del complemento partió de una propuesta electoral de Ciudadanos que el PP aceptó en el pacto de investidura. Tardó casi dos años en ver la luz. En ese tiempo cambió su concepto y alguna de las modificaciones ayudan a explicar su poco éxito. El Ministerio, entonces llamado de Empleo, quiso financiarla con parte del dinero que la UE destinaba a la Garantía Juvenil, un programa estrella de Bruselas para luchar contra el desempleo juvenil ideado en el peor momento de la crisis. La Comisión Europea (CE) no lo vio claro y reclamó cambios profundos. El principal: no podía ser un complemento que aliviara a los empresarios el coste del sueldo de los jóvenes ni articularse a través de una ayuda fiscal o impuesto negativo.

Para salvar la financiación europea, Empleo ideó que fuera una ayuda adicional al sueldo que no mitigara el coste salarial de los empresarios. Esto no gustó a la patronal y los sindicatos, que advirtieron de que podía tener un efecto perverso sobre la negociación colectiva y otros sueldos, especialmente en los empleos peor remunerados: podía darse el caso de que el aprendiz cobrara igual o poco más que el trabajador que debía enseñarle. Los agentes sociales lo aceptaron con la boca pequeña.

Además, para dar el visto bueno a la financiación, la CE exigía que fuera una política activa de empleo (las ayudas y prestaciones se consideran pasivas). Eso explica que se restringiera su acceso solo a los jóvenes con contratos de formación, los de quienes no tienen títulos universitarios ni de FP.

“No es una sorpresa que el complemento no despegue. Por un lado, están las condiciones para acceder a las ayudas de la Garantía Juvenil y, por otro, las propias condiciones del contrato para la formación”, explica Marcel Jansen, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Para impulsar su uso, Jansen propone “eliminar algunas de estas restricciones, dotándolo de presupuesto propio en vez de dinero europeo”. Aunque él tampoco es un entusiasta de esta ayuda: “Solo tiene sentido para permitir a los menores de 30 años con responsabilidades familiares u otras que no pueden formarse con un contrato para la formación y el aprendizaje por sus bajos salarios. Pero, en tal caso, siempre habría que dejar que el complemento durara, por lo menos, tanto tiempo como la propia formación” y no limitarlo a 18 meses.