Un plan limitado

El plan de empleo juvenil aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros parte de un objetivo ambicioso, que es el de reducir en 10 puntos la tasa de paro juvenil. A la vista de su contenido, es muy lícito dudar de que los medios aplicados para conseguirlo vayan a ser eficaces. La buena noticia es que el Gobierno es consciente de que el desempleo juvenil es uno de los más elevados de Europa, lo cual plantea una situación social insostenible; y que en España la tasa de paro entre los jóvenes triplica la tasa general de desempleo. Las consecuencias de esta disfunción son emigración del talento más joven, subempleo entre los que deciden quedarse y frustración entre los padres, que observan cómo los esfuerzos gastados en la formación de sus hijos cae en saco roto. Esta es una brecha social que debe ser cerrada con urgencia.

El plan del Gobierno pone sobre la mesa 2.000 millones para invertir en los próximos tres años y un detalle importante que no conviene minusvalorar: un acuerdo tácito con empresas y sindicatos para aplicar el plan. La mayor parte de ese dinero se utilizará en formación, una decisión correcta, pero que no atiende a todas las ramificaciones de la ocupación juvenil. La contratación de 3.000 orientadores, encargados de guiar a los parados menores de 25 años por los vericuetos de las ofertas de empleo, responde a la misma calificación: es acertada, pero por sí sola no basta. En conclusión, una vez más las intenciones son buenas, las decisiones son correctas, pero los recursos parecen o insuficientes o parciales. La distancia entre objetivos y medios en este plan parece excesiva.

No se trata solo, aunque también, de que esos 2.000 millones hayan sido rebañados con prisa de otros programas vigentes y de que el dinero nuevo sea más bien escaso. En tiempos de ajuste presupuestario sería una ilusión pretender recursos abundantes. Para subir el empleo juvenil es necesario, además de aumentar la formación, casar con más eficacia la oferta con la demanda y persistir en la inversión durante al menos cinco años, acabar de la forma más expeditiva posible con las prácticas que convierten a un joven en becario eterno, sujeto a condiciones contractuales abusivas, en un marco organizativo que se salta las categorías laborales y olvida por sistema el principio de que los puestos de trabajo fijos deben ser cubiertos con contratos fijos. Los incentivos a la contratación de jóvenes tienen que acompañarse con un cumplimiento estricto de las normas laborales, una casuística detallada sobre los plazos en los que un contrato temporal se convierte en estable y una inversión sustancial en aumentar las inspecciones laborales.