Los impuestos sobre la vivienda en España están entre los más altos de los países desarrollados

Los impuestos sobre la vivienda —el IBI, la plusvalía municipal y el de transmisiones patrimoniales— están entre los más elevados de los países más desarrollados, según un informe publicado este miércoles por la OCDE. La recaudación del IBI, el tributo municipal que grava la propiedad, se ha multiplicado por ocho desde 1990. Este impuesto es el que más ha crecido en términos relativos en los últimos 30 años. La OCDE ha analizado las tendencias fiscales de los 34 países más ricos del mundo y constata cómo en los últimos años se ha recurrido a alzas del IVA, cotizaciones sociales e impuesto de sociedades en detrimento del IRPF.

España es uno de los países del mundo con más vivienda en propiedad. Un 77% de ciudadanos tiene un piso propio, casi 10 puntos más que la media europea, según datos de Eurostat. Esa particularidad representa un vergel para las Administraciones públicas. Los Ayuntamientos han exprimido el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre la plusvalía (a pesar del revés judicial). Las comunidades autónomas gravan las transmisiones patrimoniales por la compraventa de vivienda de segunda mano. El Estado central, por su parte, grava la acumulación de inmuebles en la declaración de la renta. Al final, la presión tributaria sobre la vivienda en propiedad ha llevado a España a ser uno de los países de la UE con los impuestos proporcionalmente más elevados sobre los inmuebles en propiedad.

El IBI es el caso paradigmático. Es el único impuesto cuya recaudación nunca ha descendido entre todas las figuras del sistema tributario español. En 1990 aportaba unos 1.500 millones de euros a las arcas públicas. En 2016 la recaudación se había multiplicado por más de ocho, hasta los 12.700 millones de euros. El año pasado su aportación volvió a crecer. Ya es la principal fuente de financiación de los municipios.

Récord de presión fiscal

El impuesto de transacciones patrimoniales (ITP), que se paga al comprar una vivienda de segunda mano, también ha experimentado un inusitado incremento. A principios de los noventa, este tributo, que ahora gestionan las autonomías, cosechaba unos 2.500 millones. El año pasado reportó unos 7.500 millones a las comunidades, según datos de la OCDE.

Este organismo, que agrupa a las 34 economías más prósperas del mundo, analiza periódicamente la evolución de los impuestos desde 1965 y este miércoles divulgó el informe correspondiente a 2017. Uno de los aspectos llamativos del estudio es que el impuesto sobre la vivienda en España ha seguido una tendencia diferente del resto de países, donde apenas ha crecido o se ha reducido.

Otra de las conclusiones del prolijo informe de la OCDE es que en los últimos 25 años los sistemas tributarios de los países más desarrollados de la tierra han ido convergiendo. Las estructuras tributarias han tendido hacía una mayor imposición sobre el valor añadido (IVA), cotizaciones sociales (para reforzar los sistemas de pensiones) e impuestos de sociedades, mientras se ha ido reduciendo la importancia del impuesto sobre la renta personal (IRPF), que los expertos consideran que es un obstáculo para el empleo.

Pero el estudio del organismo presidido por el mexicano Ángel Gurría también arroja otras cifras relevantes. La presión fiscal [medida como los ingresos tributarios en proporción del PIB] alcanzó en 2017 el 34,2%, dos décimas más que el año anterior y el mayor nivel desde 1965, cuando arranca la serie histórica. Los ingresos fiscales en proporción de la riqueza nacional vienen creciendo desde 2008, cuando cayó al mínimo por la crisis financiera.

Un análisis por países revela que la presión fiscal varía desde el 16,2% de México hasta el 46,2% de Francia. España está ligeramente por debajo del promedio de la OCDE, con el 33,7%. Aunque comparado con los países de nuestro entorno, la presión fiscal está muy alejada de la media de la UE.

“De los 34 países analizados, 20 estados se encuentran a menos de cinco puntos porcentuales de la media de la OCDE (34,2%)”, señala la organización con sede en París. “Desde 1995 la dispersión de impuestos entre países ha disminuido y la tendencia internacional se mueve hacia una paulatina armonización tributaria”, subraya. Entre los países con más carga fiscal, junto con Francia, también se encuentran los nórdicos: Dinamarca (46%), Suecia (44%) y Finlandia (43,3%). Estos países son reconocidos por la generosidad de su Estado de bienestar. En el extremo opuesto, junto a México, destacan Chile (20,2%), Irlanda (22,8%) y Turquía (24,9%).

La institución explica que el aumento de la presión fiscal en el último año se debe a que los ingresos tributarios han crecido, en general, más rápido que el PIB. A diferencia de otros años en que el alza se debía a subidas tributarias. En la comparación respecto al año anterior sobresale el caso de Islandia, cuya presión fiscal se desplomó 13,9 puntos porcentuales en un solo año “por contribuciones excepcionales en 2016”.

Entre los países que más creció la presión fiscal destaca EE UU a pesar de la rebaja fiscal de Trump. El estudio precisa que la repatriación de dividendos extranjeros propició un gran salto en la recaudación.