Los chinos prefieren comprar pisos antes que invertir en empresas españolas para obtener la ‘golden visa’

Cuando se habla del visado oro en España, es decir, la entrega de un permiso de residencia a un inversor extranjero por haber llevado a cabo una inversión significativa en el país, lo primero que le viene a la cabeza a los ciudadanos chinos es la compra de inmuebles. No es de extrañar teniendo en cuenta que la crisis dejó una oferta de viviendas con unos precios y rentabilidades atractivas. Pero la ley incluye otros supuestos, entre ellos el de invertir en un proyecto empresarial: una opción que, pese a repercutir en mayor medida en la sociedad en forma de creación de empleo e innovación, es muy desconocida entre los potenciales inversores de este país asiático y, por tanto, la menos usada con diferencia.

Prácticamente ninguna de las agencias chinas que participaron este octubre en el Foro anual de Inmigración e Inversión de Pekín conocen la posibilidad de que sus clientes puedan invertir en una empresa en crecimiento en España en vez de comprar allí una casa. La ley española así lo contempla si el proyecto se considera “de interés general”, es decir, si cumple una o más de las siguientes condiciones: creación de empleo, impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico en el que se desarrolle la actividad y aportación relevante a la innovación científica o tecnológica.

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“Es un epígrafe bastante vago que, al fin y al cabo, deja la aprobación o rechazo de cada proyecto –y el consiguiente permiso de residencia- en manos de la discrecionalidad de las autoridades españolas”, asegura Zhao Ming, que dirige una agencia de inmigración en Pekín. “Si no tenemos criterios numéricos nuestros clientes no estarán interesados. Siempre habrá ese miedo a que rechacen la solicitud”, añade. En el caso de las viviendas, la ley establece una inversión mínima de 500.000 euros, una cifra que asciende al millón si se trata de compra de acciones o depósitos bancarios y a los dos millones si se adquiere deuda pública.

Estas dudas se reflejan en el número de visados otorgados a inversores extracomunitarios por este motivo. Si desde septiembre de 2013 a febrero de 2018 se concedieron en total 3.630 permisos para inversores en inmobiliaria, la cifra es solamente de 64 en proyectos empresariales de interés general, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Seis de estos corresponden a ciudadanos de origen chino, con una inversión estimada de 226,5 millones de euros. La cifra es muy alta porque hay un gran proyecto, el de la creación de un hospital de medicina tradicional china y un centro de enseñanza asociado, que se estima en 210 millones.

Maria Eugenia Blasco, directora de Inmigración del bufete español AGM abogados, ofrece a los inversores chinos la posibilidad de invertir en compañías startup españolas “de cierto nivel”, es decir, que tienen su proyecto en marcha y están facturando mínimamente o bien cuyo negocio está creado y necesitan fondos para lanzarlo masivamente. La cantidad mínima que recomienda a sus clientes es de en torno a 250.000 euros, una cifra que ha acordado con la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, el organismo competente de aprobar estas solicitudes, a cambio del permiso de residencia. Se trata solo de una cifra orientativa y cada caso será igualmente analizado para que se cumpla el "interés general" que marca la ley.

“Estamos en una fase muy inicial, la de informar de que esta opción existe y que puede beneficiarles. El hecho de invertir en un proyecto tecnológico de interés para España, pero que a su vez puede repercutir positivamente en China, puede hacer también que las autoridades de este país den el visto bueno a la inversión sin tener que pasar por procedimientos mucho más tediosos, habituales cuando un ciudadano chino quiere invertir en inmobiliaria, ocio u hostelería”, dice Blasco. China controla los movimientos del dinero para evitar entradas o salidas especulativas que puedan desestabilizar su economía. Los individuos solamente pueden sacar un máximo de 50.000 dólares fuera del país por año, si bien los chinos usan otras vías para eludir este límite.

Además del desconocimiento de la ley, otro aspecto que separa a los inversores chinos de las startup españolas es la tradicional predilección de estos por los bienes inmuebles. Pero la recuperación de los precios de la vivienda en España, junto a la emergencia de un potente sector tecnológico en China y una generación de jóvenes emprendedores, hacen posible la aparición de nuevos perfiles que busquen otras vías para invertir en España. “Somos conscientes de que es difícil y supone un importante esfuerzo de promoción por parte de todos, también de la Administración. Si al final pasa el tiempo y vemos que nadie en China está interesado en invertir en startup nos centraremos de nuevo en el negocio inmobiliario. Pero por lo menos hay que intentarlo”, dice Blasco al respecto.